Una nueva forma de hacer Estado, por Magali Silva

Hace cinco días, este Diario informó sobre la muerte de dos personas y al menos nueve heridos en el Cusco. El accidente automovilístico se produjo en la carretera que va del centro poblado de Santa María al distrito de Santa Teresa, más conocida como la ruta alterna hacia Machu Picchu. Dos mujeres fueron las víctimas mortales de este accidente.

No es la primera vez que ocurren estos hechos. Los accidentes se producen cada año en la temporada de lluvias y especialmente cuando estas se intensifican en enero y febrero.

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Se trata de una vía de trocha en la que, por efectos de la deforestación, cuando las lluvias son muy fuertes, los deslizamientos de lodo y rocas llegan a arrastrar a los que circulan por ahí.

Las graves consecuencias las venimos lamentando año tras año.Desde que en 1998, por los efectos de la corriente El Niño, la Central Hidroeléctrica de Machu Picchu fue sepultada y la comunidad de Santa Teresa prácticamente borrada del mapa, la necesidad de contar con una vía alterna hacia Machu Picchu cobró fuerza.

Así es que en setiembre del 2010 se publicó la Ley 29584, que declaró de necesidad pública e interés nacional la construcción de la carretera Machu Picchu-Santa Teresa-Santa María.Esta vía que, por su ubicación, pertenecía a la Red Vial Departamental, por motivos de seguridad pasó a ser parte de la Red Vial Nacional.Por ello, el MTC se encargó de licitar los estudios para la elaboración del expediente técnico.

Al día de hoy, se han concluido los estudios de ingeniería. El proyecto con código SNIP 172973, una inversión de S/315 millones y plazo de ejecución de 690 días, ha tenido que ir y venir por distintas entidades del Estado para su revisión y aprobación, y hoy se encuentra en una etapa más de subsanación de observaciones de Sernanp, la Autoridad Nacional del Agua y el Ministerio de Cultura, para luego proceder mediante concurso público a la contratación del ejecutor de la obra.

Si todo sale bien, la obra se entregaría en el 2022, 14 años después de que se declarara de interés nacional.Este es solo un ejemplo que ilustra cuánto nos demoramos en hacer realidad proyectos de inversión pública que pueden ser la diferencia entre salvar o perder vidas.

La multiplicación de entidades públicas que tienen que aprobar los proyectos, más un proceso de regionalización equivocado que nos ha llevado a enfrentamientos inútiles entre los distintos niveles de gobierno, está en la raíz del problema.Por lo tanto, es indispensable reducir el número de entidades involucradas.

Una forma es que los ministerios centralicen las opiniones de todos los organismos adscritos a ellos. Otra es formar equipos por proyectos similares. Lo que no podemos seguir haciendo es esperar desde un escritorio a que lleguen las opiniones de todos los involucrados.

Propongo además tres cambios: la prepublicación de los estudios técnicos; audiencias públicas televisadas para que expertos, interesados y afectados pregunten al responsable del proyecto, con respuestas hasta con 45 días de plazo; y seguimiento digital de cada proyecto. Con ello nos aseguramos que los proyectos cuenten con la viabilidad necesaria para el bien de todos.