La Mirada: Resultados económicos y sociales de las constituciones del socialismo del siglo XXI

Más de 30 años después de la caída del muro de Berlín, la izquierda no democrática y procubana peruana, en alianza con otros intereses que actúan al margen de la ley, ha emprendido una estrategia de destrucción de la infraestructura productiva del país que, además de atacar e inutilizar activos públicos estratégicos como carreteras, aeropuertos, comisarías y sedes de fiscalía y Poder Judicial, ha apuntado también a dos de los motores más dinámicos de nuestra economía como lo son la minería formal y la agricultura de exportación.

La estrategia criminal viene acompañada también de una larga campaña comunicacional orientada a la inserción en el inconsciente de una parte de la población, especialmente la que habita en zonas rurales altoandinas del sur del Perú, de que la Constitución Política de Perú es la responsable de la existencia de brechas sociales y hasta de la incapacidad de gestionar de manera eficiente y transparente los recursos públicos. La izquierda radical peruana ha puesto, pues, su puntería en la línea de flotación de la arquitectura legal e institucional que ha generado tanto el crecimiento del país como la reducción de la pobreza registrados en las últimas tres décadas.

En particular, la mira está puesta en cambiar radicalmente el capítulo económico de nuestra Constitución con la finalidad de subordinar la política monetaria a la política fiscal a través de la eliminación de la autonomía del Banco Central, de permitir la actividad empresarial del Estado mucho más allá de la que corresponde al rol subsidiario del mismo, a cuestionar la seguridad jurídica de los contratos para grandes inversiones y concesiones públicas y, seguramente también, dar marcha atrás en la política de integración comercial con el mundo que ha caracterizado al país en estas tres últimas décadas.

Esta mirada mágico-religiosa de la izquierda radical en la que, por el hecho de cambiar la redacción de este capítulo fundamental de la Carta Magna, se solucionarían –casi instantáneamente– las brechas sociales y económicas que aún subsisten en el país no tiene, sin embargo, ninguna evidencia estadística avalada en método científico. En Videnza Consultores hicimos el ejercicio de responder a dos preguntas fundamentales respecto al cambio constitucional promovido por los grupos radicales: ¿mejoraron sus desempeños económicos y sociales aquellos países que adhirieron al socialismo del siglo XXI? y ¿fue superior y más sostenible el desempeño económico y social de dichos países que el que ha registrado el Perú durante la vigencia de la Constitución de 1993?

Para responder a ambas interrogantes, analizamos –a partir de las estadísticas que proporcionan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)– el desempeño de Venezuela, Bolivia y Ecuador en sus períodos antes y después del cambio constitucional y, luego, comparamos dicho desempeño con los resultados peruanos para poder llegar a conclusiones. En términos de crecimiento económico, Bolivia disminuyó ligeramente su tasa de crecimiento promedio anual en períodos de vigencia constitucional distintos desde 3,7% en el período 1996 al 2009, a 3,6% entre el 2009 y el 2021 cuando se dio el cambio constitucional. Ecuador, por su parte, disminuyó su crecimiento de 3,3% entre 1999 y el 2008 a 1,9% en el período 2009-2021. Venezuela, por su parte, dejó de reportar estadísticas internacionalmente ante la evidente destrucción de su aparato productivo interno que ha desencadenado la masiva migración más grande de su historia. Por el lado de la evolución del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que calcula el PNUD, que es una mejor aproximación al bienestar ciudadano porque, además de la producción, mide también indicadores relacionados con la salud y la educación, en ninguno de los casos analizados su evolución anual durante el período poscambio de Constitución fue mejor que el período previo.

Si se compara la performance económica del Perú durante el período de vigencia de nuestra Constitución con los indicadores económicos de los tres países, se aprecia la superioridad de los resultados peruanos en crecimiento del PBI, así como de su IDH. De acuerdo con el último indicador comparable del coeficiente de Gini, que mide la distribución de la riqueza de niveles de ingreso entre Bolivia, el Perú y Venezuela, los dos primeros tienen un resultado parecido, mientras que Venezuela no para de deteriorarse en los últimos años concentrando cada vez más la riqueza entre menos manos. En lo social, la esperanza de vida al nacer en el Perú (73 años) supera a la de Venezuela (71 años) y por lejos a la de Bolivia (64 años). Lo que sí es evidente en los países que adoptan reglas constitucionales del socialismo del siglo XXI es que, así como desincentivan la inversión privada, elevan tremendamente la deuda pública como porcentaje del PBI, siendo dicho coeficiente (al 2021) de 84% para Bolivia, de 133% para Venezuela y de apenas 36% para el Perú.

El gran éxito del Perú en el período pos-Constitución de 1993 ha sido que la evolución de sus indicadores económicos no solamente ha venido acompañada por una sensible disminución de la pobreza y extrema pobreza, sino que ello se reflejó también en el incremento de las clases medias que –por ejemplo– más que se duplicó entre el 2004 (17%) y el año prepandemia del 2019 (43,6%). No cabe duda, finalmente, de que los ataques promovidos en el Perú por parte de grupos internos articulados perfectamente con la corriente de izquierda procubana latinoamericana tienen como objetivo destruir las fuentes físicas, legales e institucionales del crecimiento económico peruano para evitar que más pobres se trasladen hacia las clases medias. Como lo han dicho en su momento Chávez, López Obrador y Petro, hay que evitar que los pobres dejen de ser pobres, porque cuando pasan a ser de clase de media dejan de ser de izquierda.

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