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Más vale prevenir que lamentar, por Marcial García

“El aporte de la minería pasó de representar el 5,4% a 10,8% de los tributos recaudados por la Sunat [en los últimos dos años]”, señaló el socio de impuestos de EY Perú

Canon minero

El gobierno dispuso que a partir de este mes se adelante el 60% del canon minero a los gobiernos subnacionales. (Foto: GEC)

Cuando comenzaron las cotizaciones internacionales a recuperarse y los volúmenes de producción de minerales (principalmente de cobre) a aumentar en el país, era previsible que eso provocaría un repunte en la recaudación minera y así ha ocurrido. Los ingresos tributarios provenientes del sector minero en el 2018 registraron un incremento del 40%, llegando a S/9.835 millones, el nivel más alto de los últimos seis años.

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Los datos son aun más impresionantes si consideramos que desde el 2016 el alza fue de 128%. Con ese crecimiento, el aporte de la minería pasó de representar el 5,4% a 10,8% de los tributos recaudados por la Sunat. Es decir, en términos porcentuales, su participación en la recaudación total se duplicó en apenas dos años.

Como el 50% de los ingresos que obtiene el Estado por el Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras se transfiere a los gobiernos regionales y locales de las jurisdicciones donde se explotan los minerales como canon, el importe que recibieron tales regiones y municipios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por este concepto en el 2018 (S/3.158 millones) fue 70% superior al obtenido el año anterior. Este resultado es el mejor de los últimos cuatro años.

Lo mismo está ocurriendo con las transferencias de los recursos generados por las regalías mineras, cuya recaudación subió 72% desde el 2016, alcanzando el monto récord de S/1.247 millones el año pasado.

Y, por si fuera poco, el MEF aprobó en enero adelantar fondos del canon minero a favor de los gobiernos regionales y locales, con cargo a la futura percepción de tales recursos. Esto significa que las autoridades de esos gobiernos subnacionales tienen más ingresos para invertir en obras de infraestructura, servicios públicos, en la satisfacción de necesidad básicas, etcétera. Las cifras hablan por sí mismas.

Solo queda esperar que no se malgaste ese dinero y que no sea fuente de corrupción y criminalidad, como se ha visto tantas veces. Ejemplos sobran en el país de elefantes blancos, de puestos públicos redundantes y de obras de poco impacto social, dada la escasez de controles institucionales.

La historia también demuestra que las localidades que experimentan incrementos significativos de sus presupuestos a menudo terminan siendo presa de mafias organizadas que buscan acceder al poder político para su beneficio económico. Es enorme el número de ex gobernadores regionales y alcaldes involucrados en casos de peculado, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos, en los últimos años.

El costo para el país de un manejo fiscal irresponsable sería gigantesco. Una tarea pendiente del Gobierno es impulsar medidas concretas para impedir que esas malas experiencias se repitan. Más vale prevenir que lamentar, sobre todo, en momentos en que existen serias advertencias de que el enfriamiento del crecimiento mundial pudiera presionar los precios a la baja, ya que con ellos también caería la recaudación minera.

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