Cárceles peruanas: Estado invierte S/9.924 anuales por cada reo

A octubre del 2018, las cárceles peruanas contaban con una población penal de 90.321 reos, cifra que supera ampliamente la capacidad máxima: 39.156, según el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Así, con una sobrepoblación de más de 120%, al país le urgen medidas que permitan reducir el hacinamiento de sus reos.

El cálculo en base al presupuesto anual del INPE y a la población penal indica que el Estado dedica alrededor de S/9.924 anuales por reo, es decir, S/27 diarios. Este monto debe cubrir alimentación, seguridad, limpieza, educación, entre otros aspectos. De acuerdo con el ex presidente del INPE Carlos Vásquez, de esta última cifra, lo único que se puede dar como un hecho es que el Estado destina S/4,5 por alimentación para las tres comidas diarias.

Y si bien el gasto anual es comparable con el de países como Colombia (US$3.128) o México (US$3.889), difiere de países como Chile (US$13.786), España (US$22.069) o Estados Unidos (US$34.704), que lo superan ampliamente. 

“Hace siete años, teníamos una población de unos 45.000. Hoy bordeamos los 90.000. Se estima que en la última parte del gobierno de Fujimori la población penitenciaria crecía 3% anualmente. En el gobierno de Toledo, 4%; García, 8%; y Humala, 10%”, explica Vásquez. 

Esto, sin embargo, no significa necesariamente que ingresan cada vez más internos, sino que con el incremento de las penas y la reducción de beneficios, cada vez salen menos. Si esto sigue así, a finales del gobierno la población podría llegar a 104 mil internos, señala Vásquez.

Los costos por encarcelar a una persona tiene una doble ramificación: el ciudadano pasa de ser una unidad económica productiva a una que hay que mantener. Y, por otro lado, están los costos sociales, por ejemplo, el aumento de la criminalidad o mortalidad infantil por abandono, explica a título personal Andrew Gilmour, especialista en programas de cárceles productivas y presidente ejecutivo de G2 Security LLC.

De esta forma, en base a un estudio de la George Warren Brown School, se estimó que por cada dólar invertido en mejorar las condiciones de encarcelamiento, se generan diez dólares adicionales en beneficios para la sociedad.

LOS PRIVADOS Y LOS REOS

En base a las cifras de mayo, al Estado le cuesta S/1.359.904 anuales únicamente mantener a la sobrepoblación penal. A fines del 2018, y de seguir la tendencia de crecimiento, la cifra será mayor, lo cual empeoraría un ambiente que ya de por sí no facilita la readaptación a la sociedad.

“La situación carcelaria del Perú crea pequeños universos criminalísticos donde el prisionero no se reforma, sino que puede salir mental y físicamente dañado”, detalla Gilmour. 

De esta manera, en una coyuntura donde se debaten medidas para reducir la criminalidad como la pena de muerte (cuyo costo por caso para el Estado, según cifras de EE.UU., supera el millón de dólares) y la castración química (que podría exigir hasta US$4.650 anuales por preso, según cifras de Corea del Sur, uno de los pocos países donde se aplica), la opción de concesionar los servicios carcelarios surge como una medida que podría reducir la reincidencia y, por ende, los costos fiscales, concuerdan los especialistas.

En coincidencia, en julio, el Ministerio de Justicia anunció que evaluaría la privatización de la seguridad del acceso a las cárceles. Además, en el 2010, Pro Inversión anunció licitaciones para el diseño, construcción, equipamiento, mantenimiento y operación de las cárceles.

En este sentido, Gilmour afirmó que durante la gestión del presidente Kuczysnki presentó un proyecto para la construcción de un nuevo centro penitenciario cuyo objetivo es tomar 12% del total de los reos actuales e iniciarlos, voluntariamente, en un programa de cárceles productivas. Este incluye, por ejemplo, programas de educación y formación técnica que permitan una mejor reinserción a la sociedad con la meta de que al menos el 40% no reingrese a las cárceles. 

“Si reducimos la reinserción en 12% al año con programas de cárceles productivas, podríamos tener ahorros e ingresos [por reinserción a la economía] que sumarían, en 25 años, US$4 mil millones”, afirma el ejecutivo.

Si bien no existe aún una receta única para reducir la criminalidad en un país, dejar de ocuparse de la población carcelaria no contribuirá tampoco a encontrarla.

CONSTRUCCIÓN DE CÁRCELES A PASO LENTO 

La población penitenciaria crece a un ritmo aproximado de 5.000 reos por año, pero la infraestructura no va a la misma velocidad.

Entre 1990 y 1994, detalló el ex presidente del Instituto Nacional Penitenciario Carlos Vásquez, se construyeron 3.700 unidades de albergue (celdas para un reo y sus respectivos servicios básicos).

Entre el 2001 al 2005, 1.050 unidades; del 2006 al 2010, 2.828; y en el último quinquenio, 7.189 unidades.

“Se estima que la capacidad de albergue crece en 3%, porque le cuesta al Estado construir, lo que no le cuesta son las leyes que hacen más severas las sanciones”, afirma Vásquez.

A la fecha, con 69 centros penitenciarios en el territorio nacional, hay un déficit de 48.568 unidades de albergue. Sin embargo, existe también la posibilidad de expandir los penales ya construidos.

Por ejemplo, el penal de Socabaya, en Arequipa, tiene 18 hectáreas, pero solamente está construido en dos de ellas. Es decir, hay 16 hectáreas libres. Según Vásquez, ya se tienen proyectos de este tipo en seis penales, que permitirían crear 1.512 unidades de albergue.

“Construir desde cero un nuevo penal para 1.512 personas costaría S/150 millones. Pero, como la ampliación es solo dentro de penales ya concluidos, se reduce toda la inversión en la tercera parte”, concluyó.