Cinco criterios para impulsar la inversión privada en 2022

La inversión pública y privada es uno de los factores principales que definen el crecimiento de un país, pues contribuyen a la generación de empleo, con un efecto multiplicador de beneficios. En ese contexto, el Estado cumple un papel primordial para alcanzar altos niveles de inversión.

En el caso de la inversión privada, es importante que se genere un adecuado clima de inversiones y reglas claras; para la pública, será la ejecución de proyectos de inversión cumpliendo los cronogramas de ejecución de obra; y, la público-privada, será convertirse en un promotor de proyectos de inversión de gran envergadura que contribuyan a cerrar la brecha de infraestructura y mejorar los servicios públicos.

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La inversión privada representa el 80% del total de la inversión, y esta se encuentra con una parálisis coyuntural, por ello es indispensable que el Ejecutivo implemente una serie de medidas orientadas a dinamizar la inversión en todas sus formas y niveles. Al respecto, Alfonso Garcés, socio en Guzmán Napurí & Segura Abogados define cinco criterios clave:

1. Predictibilidad. La ausencia de reglas claras combinada con un alto nivel de incertidumbre son la receta perfecta para ahuyentar a la inversión. Para neutralizar la incertidumbre se requiere ser consistente entre el discurso y la acción.

2. Planificación. Con reglas claras es posible planificar. El Estado debe visualizarse en los próximos cinco años con una reducción de la informalidad, de la brecha de infraestructura social y económica, de la pobreza, entre otros, fijando los porcentajes de reducción en cada caso, así como los mecanismos para lograrlo.

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Si se tuvieran reglas claras y un país que sabe lo que necesita y cómo lo necesita, orienta el foco de la inversión y el sector privado tendrá menores reparos para invertir o postergar decisiones de inversión. Debe priorizarse la propuesta de fórmulas que se alineen a reducir la informalidad que, luego de la pandemia, ha alcanzado niveles cercanos al 80%.

3. Transparencia. Uno de los pilares de un estado democrático que respeta el estado de derecho es la capacidad de tener un gobierno abierto; es decir, que toda la información sea pública y esté disponible para cualquier ciudadano.

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Esto significa que el Estado la publique y no solo que espere a que un ciudadano solicite dicha información. De esta manera la sociedad civil, la academia y cualquier ciudadano podrán ejercer el derecho a fiscalizar la gestión gubernamental.

4. Competencia. En todo tipo de inversión la competencia es deseable y es rol del Estado promoverla y defenderla. En los proyectos de inversión público-privada resultan indispensables porque la competencia que se practica es una competencia por el mercado, al generalmente operar en estructuras de monopolio natural, como es el caso de la infraestructura de transportes, energía, saneamiento, entre otros servicios públicos.

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Solo a través de la competencia por el mercado se garantiza una participación amplia de empresas interesadas que, consorciadas o no, puedan lograr pre-calificarse, garantizando así la posibilidad real de presentar ofertas competitivas y valiosas en los procesos de licitaciones o concursos públicos.

5. Calidad regulatoria. Uno de los factores que retrasan la ejecución de proyectos de inversión es la burocracia, tanto a nivel del Ejecutivo como del Congreso de la República. Debe haber un control más técnico que busque servir de catalizador de las medidas políticas que se requieren implementar.

Por ello, en aras de generar un mejor clima de inversión y garantizar la eficiencia de los proyectos, desde el sector público se debe dar celeridad a la ejecución, actuar de forma ágil, eficiente, evitando retrasos ocasionados por formalismos y fallas en la gestión.

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