El bicentenario y la gobernanza de la inmigración

“Estos delincuentes venezolanos, esta gente está enferma, ya no tiene arreglo… los subiremos en barcos y los bajaremos en el primer puerto que encontremos fuera del país”. Así se refirió el candidato Daniel Salaverry a su propuesta de deportar a los migrantes venezolanos con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esta declaración y otras similares pronunciadas por varios candidatos a lo largo de la campaña presidencial peruana evidencian la preocupante politización de la migración en nuestro país.

Solo 7 de 18 partidos políticos incluyeron soluciones a los retos que enfrenta la población migrante en sus planes de gobierno, mientras la mayoría se refirió a la migración en términos negativos –a menudo vinculándola con el crimen– y planteó propuestas irreales e ilegales como las deportaciones masivas.

MIRA: Salud, educación y empleo: así va la inserción de la población venezolana en sectores clave del Perú

Un análisis serio de los problemas que enfrenta la población migrante y refugiada en el Perú es vital en estos tiempos, pues el próximo gobierno deberá implementar políticas para la recuperación del Perú, y la inclusión de un millón de personas extranjeras que residen en el país. La integración de la población migrante es importante debido a su potencial contribución económica y a los vínculos que se vienen tejiendo entre los migrantes y los peruanos.

El Banco Mundial estimó que la población venezolana en el Perú podría producir US$3.200 millones anuales adicionales si se encontrara en condiciones de regularidad migratoria y empleo formal. Asimismo, la pandemia dejó claro que la salud y el bienestar de la población peruana y migrante son interdependientes.

En el documento de política “Política Migratoria y de Refugio: Hacia una Política de Integración para un País de Acogida” elaborado como parte del proyecto Agenda Bicentenario del CIUP (Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico), identificamos los principales retos que el gobierno entrante encontrará en relación con la migración internacional y brindamos propuestas para enfrentarlos.

En primer lugar, el enfoque predominante en la gestión migratoria en el Perú ha privilegiado el corto plazo. La limitada vigencia de las opciones de regularización existentes –como el PTP y el nuevo CPP– genera incertidumbre en los migrantes y sus potenciales empleadores. Por lo tanto, es importante que el Estado ofrezca mecanismos sostenibles de regularización, los cuales deben favorecer el acceso al empleo formal y a los servicios públicos como la educación y la salud. Un buen precedente es Colombia, cuyo Estatuto Temporal de Protección regularizará a casi 1,7 millones de ciudadanos venezolanos por diez años.

Por otro lado, es vital trabajar en la articulación de la gobernanza migratoria. Nuestra Ley de Migraciones reconoce que la migración requiere una respuesta multidimensional; sin embargo, aún persisten problemas de desarticulación. Es necesario generar mayor coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, al cual está adscrita la Superintendencia Nacional de Migraciones, idealmente bajo la dirección de un Consejo de Alto nivel político.

Además, se debería incentivar que los gobiernos regionales y locales elaboren políticas de integración migratoria al nivel de sus competencias territoriales. Las regiones costeñas que acogen al mayor número de migrantes y refugiados venezolanos como Lima y Callao, La Libertad y Arequipa podrían ser las primeras en generar dichas políticas.

Finalmente, otro aspecto clave en el cual el gobierno entrante deberá trabajar es la prevención y reducción de la xenofobia. Actualmente se observa un fenómeno preocupante de criminalización de la población migrante venezolana. Reflejando los discursos políticos observados en campaña, en una encuesta realizada para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en febrero de 2021, observamos que la población limeña en promedio considera que la mitad de los venezolanos son criminales, cuando en realidad la cantidad de ciudadanos venezolanos presos representa sólo el 0,08% del total de la población venezolana en el Perú.

Trabajar para cambiar este tipo de percepciones es importante, no solo a nivel social sino también político. Es un reto necesario para el gobierno futuro para promover una sociedad más cohesionada.

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