

El Gobierno del Perú aprobó hoy el Decreto de Urgencia N.º 008-2025, que establece medidas extraordinarias orientadas a garantizar la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.
Estas disposiciones permitirán generar ahorros estimados en S/ 1.200 millones durante el presente año fiscal, con el objetivo de cumplir la regla fiscal del 2025 (déficit máximo de 2,2 % del PBI) y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
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Al respecto, Denisse Miralles, actual ministra de Economía (MEF), destacó durante CADE Ejecutivos 2025 que estas disposiciones buscan asegurar un gestión responsable y eficiente del gasto público, teniendo a la austeridad como “una herramienta”.
“La austeridad es una herramienta para proteger la estabilidad económica y asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado, con el fin de cumplir la meta fiscal y mantener la confianza en la economía peruana”, precisó.

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El Decreto de Urgencia, aplicable a todos los pliegos del Poder Ejecutivo, dispone tres medidas prioritarias:
- Un plazo máximo de siete días para aprobar transferencias financieras, contados desde la publicación de la norma
- Modulación del gasto en bienes y servicios no críticos, como publicidad, eventos, consultorías y servicios diversos
- Priorización del gasto en inversiones en ejecución, sin afectar la continuidad de los servicios esenciales ni el funcionamiento regular de las entidades.
Estas restricciones temporales, sin una fecha definida de finalización, afectan tanto el gasto corriente como el de capital, garantizando que los recursos públicos se destinen a sectores productivos y servicios esenciales.

Sin embargo, el MEF precisó que la medida no afecta las obligaciones sociales esenciales, como las transferencias a la Caja de Pensiones Militar Policial, el Programa Llamkasun y el Seguro Integral de Salud (SIS).
Asimismo, la entidad tiene autorizada reasignar los recursos generados por el decreto a la Reserva de Contingencia, reforzando la capacidad del Estado para responder a eventualidades sin afectar el equilibrio fiscal.
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En inversión pública, la norma prioriza los proyectos con expediente técnico aprobado o contrato suscrito, garantizando la continuidad de las obras en curso y evitando nuevos compromisos sin respaldo técnico o presupuestal.
La ministra Miralles subrayó que este esfuerzo reafirma el compromiso del Gobierno con la estabilidad macroeconómica, condición indispensable para mantener el grado de inversión del país y las condiciones favorables de financiamiento, permitiendo destinar más recursos a las prioridades sociales y a la reactivación económica con responsabilidad fiscal.
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