Más gasto en sueldos, menos inversión: la dificultad del MEF para el manejo de cuentas públicas que el Presupuesto 2026 no toma en cuenta

El Proyecto de Ley del Presupuesto Público 2026 refuerza una tendencia de asignación que prioriza el gasto rígido (gastos en sueldos y pensiones, difíciles de ajustar durante el año) en detrimento de la inversión. Si bien el total crece solo 2,3% para resguardar el espacio fiscal, se propone un aumento de 12% en remuneraciones, que se compensa con una contracción de 13% en la inversión total.

Esta asignación no obedece únicamente a una decisión técnica, sino que responde a un entorno institucional debilitado, donde el MEF ha perdido capacidad para ejercer control sobre decisiones de alto costo. Entre 2023 y 2025 se han publicado 49 leyes que incrementan remuneraciones, de las cuales un tercio fueron promulgadas sin observación del Ejecutivo.

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De aprobarse la composición propuesta, al Gobierno le será difícil sostener la inversión pública durante el año próximo. Para mantenerla, tendría que reorientar recursos de otras partidas o recurrir a créditos suplementarios, algo cada vez menos viable en un presupuesto más rígido, con una porción creciente ya comprometida en remuneraciones y gasto corriente. Esto podría afectar la asignación de recursos a sectores estratégicos, como Transporte, Vivienda, Saneamiento y Agricultura; donde los proyectos de gran escala —como es habitual en ciclos de ajuste— tienden a ser los primeros en recortarse.

Así, esta orientación del presupuesto —más gasto permanente y menos recursos disponibles para inversión— se traduce en tres consecuencias: (1) menor retorno económico y social; (2) menor capacidad de respuesta y espacio fiscal más estrecho; y (3) mayor riesgo para la sostenibilidad fiscal.

1. El desplazamiento de recursos hacia gasto corriente también conlleva un menor retorno económico, sin mejoras proporcionales en los servicios públicos. Según el Banco Central de Reserva, un sol adicional en inversión pública tiene un impacto sobre el PBI entre dos y tres veces mayor que uno destinado al gasto corriente. A su vez, el crecimiento sostenido de la planilla estatal no se ha traducido en mejoras en la calidad de los servicios. En educación, por ejemplo, el presupuesto en remuneraciones aumentó 26 %, ajustado por inflación, desde 2019, sin avances significativos en los resultados de aprendizaje.
2. La creciente rigidez del presupuesto también limita la capacidad de respuesta del Estado. Cuando una porción mayor del gasto queda comprometida en sueldos, el margen para reaccionar durante el año se reduce de forma importante. Ante imprevistos como un Fenómeno de El Niño, las opciones se estrechan y suele recurrirse a recortes de inversión, con riesgo de paralizar obras, o a más endeudamiento, que tampoco es sostenible. Esta restricción, sumada a la necesidad por controlar el déficit, limita la posibilidad de financiar proyectos que avanzan con eficiencia. El caso de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que enfrenta dificultades para ejecutar obras ya iniciadas por falta de fondos, ejemplifica las consecuencias de esta creciente rigidez fiscal.
3. El aumento de gastos permanentes en un contexto de ingresos transitorios derivará en un déficit elevado y un alza de la deuda pública, comprometiendo la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. La recaudación —principal fuente de financiamiento del presupuesto— crece actualmente gracias al impulso coyuntural de los altos precios de los metales. Sin embargo, este impulso no está garantizado. Cuando los precios comiencen a moderarse, también lo hará la recaudación. Al mismo tiempo, como se ha mencionado, el presupuesto incorpora aumentos de gasto permanente —especialmente en planillas—, cuya reversión es difícil una vez implementados. Así, aunque en el corto plazo podría no observarse un deterioro marcado de las cuentas fiscales, el desgaste será cada vez más evidente a medida que se consoliden las presiones estructurales sobre el gasto.

En este contexto, preocupa aún más que el proyecto de presupuesto actual no refleje completamente la dificultad que tendrá el MEF para manejar sus cuentas el próximo año. El Congreso ha aprobado medidas permanentes no contempladas en la propuesta presupuestal, que incrementarían significativamente el gasto. Destaca, entre ellas, el aumento de las pensiones para docentes, que equipara su monto a la remuneración de la primera escala magisterial. Aunque la iniciativa fue observada por el Ejecutivo, podría ser aprobada por insistencia del Legislativo. La medida añade S/ 5.000 millones cada año y resulta cuestionable desde el punto de vista técnico porque iguala el monto de la pensión al salario, algo que ningún sistema sostenible puede solventar en el tiempo. Además, reduce el margen para mejorar remuneraciones futuras, ya que cada aumento implicará mayor carga fiscal en pensiones y reintroduce los problemas del esquema de “cédula viva”, eliminado por su alto costo.

A futuro, el panorama no es más alentador. La presión fiscal desde el Congreso podría mantenerse hasta el cambio de gobierno dejando “bombas de tiempo” que afectarían el manejo fiscal del siguiente gobierno. Actualmente, hay al menos 290 proyectos de ley que aumentarían el gasto o reducirían los ingresos, y que podrían aprobarse en la presente legislatura. De ese total, más de 100 están vinculados directamente a incrementos de remuneraciones. De materializarse, podrían incorporarse al presupuesto de este año o al de 2027, agravando la rigidez del gasto.