El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, se pronunció en contra del proyecto de ley que plantea modificaciones a la reforma de pensiones recientemente promulgada por el Ejecutivo y que previamente fue aprobada por el Congreso, para bajar la edad de jubilación legal a 60 y la anticipada a 50 años, así como restablecer el retiro del 95.5% de fondos de todos los afilados al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
A través del oficio N°159-2024-BCRP, enviado el pasado 22 de noviembre, Velarde le respondió al presidente de la Comisión de Economía, Ilich López (Acción Popular), quien solicitó la opinión técnica del ente emisor.
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En este grupo congresal hay cinco proyectos de ley que buscan lo mismo, elaborados por cuatro bancadas: dos de Podemos Perú (José Luna y Guido Bellido), uno de Renovación Popular (María Córdova), otro de Perú Libre (Flavio Cruz) y el restante del Bloque Democrático Popular (Edgar Reymundo).
Estas iniciativas legislativas han sido presentadas luego de que el mismo Congreso de la Republica aprobara la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley N°32123) que, entre otros aspectos, mantiene la edad legal de jubilación a los 65 años y sube el acceso a la jubilación anticipada de 50 a 55 años.
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Igualmente, restringe el retiro del 95.5% de los fondos a los nuevos afiliados y a los menos de 40 años a la entrada en vigencia de la norma.
“Consideramos que esta propuesta legislativa es perjudicial para los afiliados porque reducir la edad de jubilación conduciría a pensiones más bajas y a mayores costos fiscales”, dice el documento firmado por Velarde.
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Explica que en el contexto en que las tendencias demográficas indican un aumento de la esperanza de vida (las personas vivirán más) y debido a que en los sistemas de capitalización individual hay una relación directa entre los años de aportes y la pensión que se recibirá, reducir la edad de jubilación incrementaría el riesgo de que los afiliados caigan en pobreza durante la vejez por el fondo acumulado y la capitalización de los aportes serán menores.
Esto, a su vez, detalla, podría implicar una carga social importante para el Estado en el futuro y que este riesgo se agudizaría con la posibilidad de que solo los afiliados mayores de 40 años retiren el 95.5% de sus fondos, tal como lo estipula la reforma de pensiones.
Además, Velarde informa que los sistemas de otros países del mundo están avanzando hacia reformas para aumentar la edad de jubilación, no para reducirla, y pone como ejemplos a España, que en 2027 la elevará de 66 a 67 años, Reino Unido de 66 a 67 años en 2028, Irlanda de 67 a 68 años en 2028 y Bélgica de 65 a 67 años en 2030.
Incluso, precisa que hay algunas naciones que ya han establecido mecanismos automáticos de incremento de la edad de jubilación en función a la esperanza de vida, entre los que destacan Dinamarca, que se estima que pase de 67 a 74 años y Estonia de 64 a 71 años.
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“Estas políticas responden al hecho de que la esperanza de vida está aumentando y los países reconocen que, en consecuencia, se requiere aumentar en periodo de actividad laboral, de manera que los trabajadores puedan realizar más aportes de ahorro previsional para hacer frente a una vejez más larga”, manifiesta.
Para complementar su posición, el presidente del BCR menciona que el proyecto de ley no tiene un estudio que sustente la reducción de la edad de jubilación.
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Sobre la restitución del retiro del 95.5% del fondo acumulado de pensiones al momento de jubilarse para todos los afiliados, Velarde señala que desnaturaliza el sistema de pensiones.
“El objetivo básico de un sistema de pensiones es otorgar una pensión al jubilado hasta su fallecimiento y posteriormente una pensión de sobrevivencia a sus dependientes”, expresó.
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Finalmente, Velarde se muestra en contra de hacerle modificaciones a la reforma de pensiones, que fue promulgada el último 24 de setiembre y que deberá ser reglamentada en 180 días.
“La Ley N°32123 ha sido publicada recientemente y no es conveniente implementar cambios. Estos cambios generarían incertidumbre y desconfianza. Al respecto, la inestabilidad del marco legal afecta negativamente el funcionamiento y la credibilidad de las instituciones, y reduce la inversión y el crecimiento económico”, concluyó.
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