Presupuesto 2021: Se deberá “repriorizar el gasto” para atender los 142 proyectos del Congreso, advierte el MEF

Son 142 los proyectos de inversión que el Congreso incluyó en la Ley de Presupuesto Público para el 2021. Fue en el anexo 5 de dicha ley donde los parlamentarios definieron partidas presupuestarias para obras en regiones como el mejoramiento de colegios, servicios de riego para la agricultura, entre otros.

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La cifra es el resultado de una amplia negociación con el Ejecutivo; puesto que inicialmente el petitorio del Congreso consideraba una amplia lista de proyectos donde un solo congresista –el legislador Humberto Acuña– planteaba hasta 1.500 obras.

Con la ley ya aprobada, el Ministerio de Economía (MEF) precisó a El Comercio cómo se cubrirá el presupuesto considerado para tales iniciativas de inversión. “Los 142 proyectos priorizados por el Congreso consideran recursos por S/336 millones. Estos proyectos no incrementan el presupuesto total, por lo cual se requiere realizar una repriorización del gasto, considerando los recursos disponibles en los distintos sectores”, precisó.

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Esto quiere decir que para cubrir esos montos será necesario revisar las asignaciones ya establecidas. En esa línea, el economista Luis Arias Minaya recordó que en el ejercicio por elaborar el presupuesto público anual, el Ejecutivo siempre establece el tope. En este caso, de S/183.029 millones.

“Un proyecto puede estar incluido en el presupuesto. Sin embargo, siempre está la autorización máxima a gastar. Tampoco quiere decir que se va a gastar de todas maneras, pues para eso se necesita cumplir con todas las regularizaciones del sistema de inversiones”, aseveró.

En la misma línea opinó Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. “Normalmente al banco de proyectos llegan los que son viables. Pero se tiene que ver los expedientes técnicos”, aseveró.

Durante la negociación entre el Legislativo y el Ejecutivo hubo un momento en que el listado de proyectos fue de 264, y a 130 de ellos el Congreso buscaba asignarles presupuesto aún cuando no contaban con expediente técnico registrado en el banco de inversiones.

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Entonces, ¿cuál es el estado de los actuales 142 proyectos? El MEF respondió lo siguiente: “Como señaló el ministro de Economía, le corresponde al Congreso informar sobre el detalle de las inversiones incluidas. Una vez publicada la ley, y habiendo recibido la información del Congreso, se realizará el ajuste en las bases de datos correspondientes para su publicación final, donde se encontrará el detalle de la situación, tipología y costos de las mismas”.

Para Marcel Ramírez, más allá del monto, será importante que se cumpla su ejecución. “En la cancha es donde se va a demostrar que esto no fue una pequeña batalla ganada de recursos entre el Congreso y el Ejecutivo. O de prioridades más que de recursos. Especialmente porque el próximo año, el financiamiento también vendrá de la deuda”, dijo.

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En efecto, la deuda es la segunda fuente de financiamiento del presupuesto público 2021 con un 26,1% de los ingresos [ver infografía]. A su turno, el director de la Maestría en Gestión Pública de ESAN, César Fuentes, consideró necesario que estos proyectos evidencien un impacto en la comunidad.

“Necesitamos iniciativas de valor económico y social. Estamos dando iniciativas de gasto cuando no sabemos ni el aporte. Es una labor que también deberá realizar el MEF”, explicó.

La ONP, el otro debate

Mañana, desde las 10 a.m., el pleno del Congreso debatirá la insistencia de la ley que permite devolver los aportes realizados a la ONP.

Ante ello, la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, consideró necesario evaluar la medida y buscar mecanismos alternativos. “Hay que mirar otras salidas. Yo pido que no nos neguemos a mirar cualquier salida. Lo importante es dar respuesta a la gente”, remarcó.

El dictamen plantea una devolución de S/4.300 para afiliados activos e inactivos y un bono de S/930 a los pensionistas.

El presidente Sagasti ratificó que, de aprobarse, se planteará su inconstitucionalidad, puesto que la medida costaría S/15.956 millones.

“Algunos de los que proponen saben perfectamente que no es posible. No consideramos que aprobarla sea conveniente en este momento crítico”, anotó.

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