“La reducción del IGV no necesariamente se reflejaría en los precios con la misma magnitud”

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—¿Cómo ha afectado a la industria la aceleración de la inflación?

El 60% [de los productos] de la canasta familiar en nuestro país es importado o tiene componentes importados, y como se sabe los fletes han subido una barbaridad. El año pasado, los costos de flete que estaban en US$2.500 han pasado a US$14.000 o US$15.000; además, el precio de los insumos ha subido en el ámbito mundial, con lo cual los precios [locales] suben. El problema es que este gobierno lo encara ahora porque ya no le queda otra.

—¿La eventual exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) en los productos de la canasta básica se reflejaría en similar magnitud?

La medida es positiva, el problema es el mecanismo de transmisión. La reducción del IGV no necesariamente se reflejaría en los precios con la misma magnitud, porque en la producción de un bien hay encadenamientos que no están exonerados del IGV. Por ejemplo, muchos procesos de envolturas y empaques se tercerizan y ahí hay un pago de IGV de todas formas, porque estos servicios no están exoneradas. También hay productos cárnicos que requieren antibióticos y se debe pagar IGV por estos. Por eso es importante que la medida considere la emisión de un documento cancelatorio de IGV por parte del Tesoro.

También de debería apostar por la focalización. Por ejemplo, el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) es para 800 mil familias, alrededor de 3,5 millones de personas; este es el ejemplo más exitoso que ha habido en lo que es la focalización para un producto de primera necesidad como el gas. El objetivo es que se dé de forma focalizada las ayudas, porque si la das completa va a llegar a gente que puede pagar.

—¿Para qué servirían estos documentos cancelatorios?

Estos documentos están considerados en el proyecto de ley [de Acción Popular] del Congreso y permitiría asegurar que la cadena no se vea afecta al pago del IGV. Con este documento, el Gobierno reembolsaría el IGV que pagó el fabricante a las otras empresas que forman parte de la cadena y que no están exonerados, respaldado con los comprobantes de pago respectivos. Esta es la única forma de lograr que toda la cadena no esté afecta a este impuesto.

Todo esto se ha debido tener mapeado, pero un gobierno que cambia ministros, viceministros, directores no la responsabilidad para prever esto, por eso los peruanos nos preguntamos hacia dónde vamos.

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—¿Cree que se necesite otro tipo de medidas del Gobierno?

Estamos de acuerdo con las medidas porque son temporales. Esta ayuda social se debe mantener en la medida que los ingresos fiscales crezcan cada vez más y ahí es donde el ministro de Economía se está atreviendo a decir que van a crecer este año, por lo que no va a tener problemas, pero lo que le falta al ministro es decir que si no hay inversión privada, no solo en minería, estas ayudas no son sostenibles. Estas medidas no son sostenibles si es que el precio del cobre baja y si no hay inversión en otros sectores.

Lo que el país necesita es que haya inversión para que se genere ingresos fiscales en diferentes sectores, pero eso se logra solo con la confianza de que estamos en un país que no tiene un proyecto positivo de desarrollo.

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— ¿Qué tanto se puede haber resentido la inversión en la industria?

El BCR dice que la inversión privada no va a crecer en este año. En el 2021, la inversión privada sumó US$48.000 millones; entonces, en este año, va a haber el mismo monto de inversión. Todos en la industria están invirtiendo en lo mismo, a pesar de que hay sectores que podrían duplicar su producción, pero no lo quieren hacer porque no sienten que hay la seguridad. Invierten lo que tienen que invertir para que la fábrica siga caminando. Sin embargo, hay sectores que podrían hacer el doble de la producción, pero eso implicaría hacer nuevas fábricas, nuevas máquinas.

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—¿No hay seguridad en qué sentido?

No es que el empresario tenga miedo de que lo van a estatizar, sino [que] comienzan a haber actitudes como la del Ministerio de Trabajo, que toma medidas de forma unilateral, a pesar de que tenemos un Consejo de Trabajo entre el Gobierno, los trabajadores y los empresarios, y esto afecta tremendamente el proceso productivo. Tú no puedes manejar un país sin consensos mínimos, que simplemente dices si ustedes no están de acuerdo yo me voy y hago lo que quiero.

—¿Esta alza de precios han podido trasladarla al público en su totalidad?

Es una posición bien delicada porque la demanda es muy sensible al precio. Una empresa puede subir el precio hasta un determinado nivel, porque después de este el cliente no te va a comprar. Muchos de los empresarios están asumiendo de que no se puede subir y si sube es poquísimo. Hay hay algo muy importante, que es este tema de la bajada del ISC a las gasolinas y al diesel, porque estamos hablando de bajas de S/1,37 contra S/3,97 por galón en el caso de Petro-Perú y en el caso de Repsol de S/1,75 contra S/3,97.

Para que haya una reducción efectiva tiene que haber un trabajo constante de Osinergmin. Esta tiene que vigilar los precios de los combustibles. No se trata de control de precios, sino que se cumpla lo que ha costado al país conseguir.

—¿Cuál es su percepción sobre el estado de emergencia del que se tuvo que retroceder?

Ha sido improvisado.

—¿Qué le pediría al presidente?

Si el presidente ha hecho posible el cambio de la administración de Petro-Perú con gente con experiencia y diplomas capacitadas para ese negocio, vale decir con gente preparada, por qué no lo puede hacer con los ministerios. Ya no es que el presidente no pueda hacerlo, el tema es que tenga la voluntad para hacerlo. No entiendo por qué sí es posible que suceda en la empresa estatal y no en los ministerios.