Luis Arce Córdova: ¿Quién es el fiscal supremo destituido por la JNJ?

Clara ha sido la posición discordante que Luis Arce Córdova mantuvo frente a quienes fueron sus colegas jueces en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esas diferencias se manifestaron primero respecto a la resolución de actas observadas y, luego, frente a solicitudes de nulidad de actas planteadas por Fuerza Popular en el marco de la segunda vuelta electoral.

Y es que Arce anunció -el 24 de junio- su “declinación formal al ejercicio de las funciones como miembro titular” del JNE luego de que este tribunal —por mayoría— resolviera los primeros 10 expedientes de apelaciones del partido fujimorista, declarara infundados los pedidos de este último para anular actas de mesas de sufragio y determinara que —en los casos vistos— no existían suficiente acreditación de un presunto “fraude en mesa”, como ha aseverado la agrupación anaranjada. Por ello, el pleno determinó remitir lo actuado al Ministerio Público.

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La posición discrepante de Arce se enmarcó en un perfil previo adoptado por Fuerza Popular: que, para un mejor resolver, el JNE debería requerir información a Reniec y las listas de electores a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a fin de cotejar las firmas puestas en controversia en distintas mesas. El pleno del máximo organismo electoral del país determinó por mayoría no acceder al requerimiento al considerar que, entre otros aspectos, implicaba abrir una etapa probatoria que afectaría el término perentorio y preclusivo del proceso electoral. Tras ello vino el alejamiento de Arce.

En su carta de declinación —que el presidente del JNE ha interpretado como un caso excepcional de renuncia— Arce Córdova pidió ser reemplazado por el suplente ya designado por la Junta de Fiscales Supremos. Efectivamente, este órgano del Ministerio Público ratificó en julio del 2020 a Arce como miembro del JNE y designó como primer y segundo suplentes a Víctor Rodríguez Monteza y Pablo Sánchez Velarde.

¿Pero quién es Luis Arce Córdova?

Se trata de un fiscal supremo nombrado como tal en diciembre del 2015 —juró en febrero de ese año— por el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), reemplazado por la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ). Previamente, se había desempeñado como juez por más de 25 años, fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali y postuló sin éxito a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima en el 2014.

Cuando se desempeñaba como juez, Arce fue parte de la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima que, en octubre del 2015, absolvió a familiares de la excongresista de Fuerza Popular Cecilia Chacón como cómplices de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Como parte de su rol de juez y parte de dicho tribunal hasta febrero del 2016, absolvió al exministro aprista Rómulo León y a los otros procesados del Caso ‘Petroaudios’.

Hasta el miércoles cumplía su segundo período (2020-2024) como miembro del JNE, pues ya había sido designado en julio del 2016 en reemplazo de Jesús Fernández, quien ocupaba el cargo de manera temporal como fiscal supremo provisional.

En noviembre del 2019, “Cuarto Poder” difundió un audio en el que Arce conversa con el exjuez César Hinostroza, presunto cabecilla de la denominada organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que integrarían jueces, fiscales, abogados y empresarios que utilizaron sus influencias para beneficiarse mutuamente. En la grabación del 29 de mayo del 2018, ambos acordaron que la secretaria del entonces miembro del JNE reciba al personero titular del partido Unión por el Perú (UPP), que por entonces había sido denunciado por la organización política Lima Va por supuestamente haberse apropiado de su símbolo y colores distintivos. El JNE le dio la razón a UPP al indicar que la situación no acarreaba confusión al votante, mientras que Indecopi —en donde también se discutió el caso— respaldó la postura de Lima Va.

En torno al audio, Arce emitió un comunicado aquella vez rechazando “cualquier vínculo de presunción ilícita con personas relacionadas en la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto”.

El 20 de julio del 2018, el portal IDL-Reporteros difundió otro audio, que data del 28 de marzo de ese año, en donde Hinostroza y Arce se tratan de “hermanito” y el primero le solicita al fiscal supremo que atienda a un amigo que impulsaba un proceso de vacancia en el JNE.

Por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, precisamente, Luis Arce tiene un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el cual podría derivar en su destitución.

En tanto, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, inició en enero del 2020 dos investigaciones preliminares contra Luis Arce por los presuntos delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, como reportó por entonces este Diario.

El primer caso se da el marco del Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. La fiscalía sostiene que Arce y su hermano, el juez superior Wilder Arce, habrían sido favorecidos con sus nombramientos respectivos como fiscal supremo y presidente de la Corte de Justicia de Ucayali (2017-2018), a causa de las presuntas influencias de Guido Aguila, expresidente del CNM, y del fallecido excongresista Glider Ushñahua, quien fue decano del Colegio de Abogados de Ucayali.

Asimismo, el caso de enriquecimiento ilícito, según la fiscalía, se debe a un presunto incremento del patrimonio del fiscal a raíz de la adquisición de cinco inmuebles en el 2017 y dos en el 2011 y 2018, además de vehículos a través de familiares.

Sobre el asunto, Arce respondió por entonces a El Comercio que las investigaciones respondían a una “arbitrariedad” y “abuso de autoridad”. Recordó que fue investigado por enriquecimiento ilícito y que, en el 2018, el caso fue archivado por el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Arce presentó una tutela de derecho ante el Poder Judicial buscando se archive la pesquisa por enriquecimiento ilícito, pues adujo que ya había sido investigado al respecto. Sin embargo, la Corte Suprema ratificó en segunda instancia que el fiscal sigua siendo investigado.

Rodríguez Monteza, el primer suplente

La declinación de Arce como miembro del JNE dejaba sin quórum al pleno de dicho tribunal electoral. Por ende, el presidente del mismo, Jorge Salas Arenas, emitió este jueves una resolución señalando que entiende la decisión del fiscal supremo como una “renuncia”.

Pero considerando que el cargo es irrenunciable durante los procesos electorales —según la ley orgánica de la institución— determinó que el ejercicio del cargo de Arce quede en suspenso, que la renuncia se tramite terminado el proceso electoral, que sea suspendido y que la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público convoque provisionalmente al reemplazante.

De acuerdo a la ley orgánica, ante una renuncia es el presidente del JNE el que declara la vacancia. “Él se los ha comunicado antes de emitirla [la resolución] y ellos han dicho que es lo que decida el presidente”, manifestó una fuente de la entidad en referencia a la comunicación de la decisión a los demás integrantes del pleno, Jorge Rodríguez Vélez y Jovián Sanjinez.

Como se señaló líneas arriba, el primer suplente es Víctor Rodríguez Monteza. Desde el JNE se esperaba que se le corra traslado al primer suplente y este acepte, a menos que ocurra algo como lo acaecido en el 2014, cuando Gladys Echaíz fue designada por la Junta de Fiscales Supremos como representante ante el ente electoral, pero renunció al Ministerio Público al no estar de acuerdo con el nombramiento.

Rodríguez Monteza fue designado como reemplazante de Arce Córdova.

Cabe recordar, sin embargo, que la Junta de Fiscales Supremos tiene actualmente a 3 miembros titulares de un total de 6, aunque en la práctica sean 5 por el miembro destacado al JNE.

Víctor Rodríguez Monteza fue nombrado fiscal supremo en agosto del 2016 por el otrora CNM, entrando en reemplazo del exfiscal José Peláez Bardales, cesado por edad límite. Su carrera en la fiscalía empezó en el 2003 cuando fue designado fiscal adjunto supremo titular de la Fiscalía Suprema Nacional.

Como fiscal supremo de la Fiscalía Suprema en lo Civil es uno de los 3 miembros titulares de la Junta de Fiscales Supremos. Tras la revelación de los primeros ‘CNM Audios’ en julio del 2018, como fiscal supremo de Control Interno tenía a su cargo una investigación por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y, como parte de ello, emitió una cuestionada resolución para que el dominical “Panorama” e IDL-Reporteros entreguen todos los audios “íntegros y sin editar” que habían publicado, pero no solo eso, sino que también revelaran sus fuentes.

En medio de ello, la Unidad de Investigación de El Comercio e IDL-Reporteros revelaron un audio del 28 de mayo del 2018 entre Rodríguez Monteza y el empresario Mario Mendoza, sindicado como personaje clave en presuntos actos irregulares relacionados al desactivado CNM, la Corte Suprema y la Corte Superior del Callao. Producto de ello, inicialmente se apartó de la pesquisa y luego renunció, el 8 de agosto de 2018, a la Fiscalía Suprema de Control Interno.

Sin embargo, aparecieron más sombras sobre él a raíz de un informe del 15 de agosto del 2018, de la Fiscalía Anticorrupción del Callao, en el que —junto al destituido exfiscal Pedro Chávarry y otros— fue señalado como “parte de la organización criminal” Los Cuellos Blancos del Puerto.

“[...] El grupo [...] querían evitar que sea reelecto como fiscal de la Nación Pablo Sánchez, ante ello el grupo se desespera y Guido Aguila con César Hinostroza conversan con Víctor Raúl Rodríguez Monteza para asegurar su voto a favor de Gonzalo Chávarry”, dice el testimonio de un colaborador eficaz consignado en dicho informe. Por entonces, en declaraciones a Canal N, Rodríguez Monteza refirió que solo se trataba de dichos sin corroboración: “No hay ninguna prueba, ningún audio que demuestre que nosotros nos hemos reunido para delinquir”.

Además, en una disposición fiscal de octubre del 2019, el fiscal Pablo Sánchez, hoy coordinador del equipo especial del caso, consideró que Chávarry y Rodríguez Monteza “constituirían dos nuevos puntos nodales o, dicho de otro modo, habrían sido hombres claves de dicha organización criminal”.

Según Sánchez, Rodríguez Monteza habría advertido a la red de que sus llamadas estaban siendo interceptadas. Es más, según el colaborador eficaz 0108-2018, el fiscal informó que “había escuchas de Walter Ríos”. El informe de Sánchez fue remitido a la JNJ.

De otro lado, en julio del 2019, como titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, era el encargado de sustentar la posición del equipo especial Lava Jato en torno al recurso de casación que había interpuesto por Keiko Fujimori a fin de anular la orden de prisión preventiva que cumplía por entonces. Y aunque el magistrado solicitó que se declare fundado el requerimiento a favor de la lideresa de Fuerza Popular, no acudió a la audiencia en la que Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluó el caso.

Otra resolución cuestionada de Rodríguez Monteza fue la que emitió en agosto del 2020, y que reveló “Cuarto Poder”. Ahí señaló que la Sala Superior del Poder Judicial no motivó ni fundamentó debidamente el delito de lavado de activos por el que fue condenado el expropietario de la desaparecida empresa Aerocontinente, Fernando Zevallos. Por tanto, solicitó que la sentencia de 27 años de cárcel contra el empresario, emitida en febrero del 2019, sea anulada y se realice un nuevo juicio.

Tras esa controvertida postura, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, reasignó en agosto del 2019 a Rodríguez Monteza de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal a la Fiscalía Suprema en lo Civil.

Actualmente, Rodríguez Monteza tiene un proceso disciplinario en la JNJ por el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por su desempeño como fiscal supremo de Control Interno. Lo ocurrido con Arce Córdova y ante lo requerido por el JNJ hacen prever que sobre él recaiga la responsabilidad de lograr el quórum para que el tribunal electoral continúe con resolver las solicitudes de nulidad planteadas por Fuerza Popular y, así, completar el proceso electoral hasta lograr la proclamación del nuevo presidente o presidenta de la República.

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