Una abogada, trabajadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) falleció y un compañero resultó herido durante un ataque con armas de fuego en los exteriores del Penal de Chincha (EP Chincha). El incidente ocurrió la mañana del miércoles 11 de septiembre, alrededor de las 8:30 a.m.
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Los delincuentes llegaron a bordo de una moto lineal y emboscaron a los trabajadores del penal, abriendo fuego en una feroz balacera. Como resultado, Fanny Flor Hernández Correa perdió la vida, mientras que Manuel Cervantes Cruz resultó herido, pero se encuentra fuera de peligro. La abogada fue trasladada de urgencia al Hospital San José de Chincha, a solo 15 minutos del penal, pero falleció en la ambulancia. También se informó que una tercera persona logró salvarse de milagro.
La Policía Nacional del Perú en Chincha afirmó que el vehículo en el cual escaparon los atacantes ha sido intervenido. “Estamos trabajando para capturarlos. Estos sicarios van a caer presos. Es un compromiso de la división policial de Chincha”, aseguró.
El INPE condena el ataque con armas de fuego efectuado en los exteriores del EP Chincha.
A través de un comunicado, el INPE condenó el ataque con armas de fuego y expresó sus condolencias a la familia de la fallecida. La institución también afirmó que brindará todo el apoyo necesario a los trabajadores afectados. Las autoridades están investigando el incidente. En las últimas semanas, el cobro de cupos se ha convertido en una de las principales problemáticas del centro penitenciario.
“El INPE condena el ataque con armas de fuego efectuado en los exteriores del EP Chincha, que resultó en la muerte de Fanny Flor Hernández Correa y dejó herido a Manuel Ricardo Cervantes Cruz, quien se encuentra fuera de peligro. Nuestra Institución expresa sus condolencias a la familia de la fallecida y ofrecerá todo el apoyo necesario a los trabajadores afectados. El INPE mantendrá firme el principio de autoridad dentro de los penales del país”, dijo el comunicado del INPE.
Familiares de internos, trabajadores del INPE y presos del penal de Chincha habrían sido víctimas de extorsiones por parte de bandas criminales instaladas en el centro penitenciario, según confirmó un agente del INPE.
Actualmente, todo está bajo investigación.
Los ataques y amenazas
Javier Llaque Moya, presidente del INPE, declaró que “antes de las 8:30 a.m., cuando el personal del INPE se disponía a ingresar al establecimiento penitenciario de Chincha, un vehículo se detuvo en la primera valla de seguridad. Una de las personas que estaba en el vehículo se acercó y disparó. Lamentablemente, una de nuestras servidoras fue herida en el cuello y falleció. Esto demuestra la alta exposición a la que está sometido nuestro personal, que enfrenta estos momentos de gran conmoción por cumplir con su labor”.
“Actualmente, todo está bajo investigación. La autoridad se mantendrá firme. La moto utilizada en este hecho ha sido retenida, pero hasta ahora no tenemos información sobre el paradero de los responsables. Esperamos que la policía logre capturarlos pronto. La institución seguirá tomando decisiones con firmeza”, agregó.
El Coronel de la PNP, Daniel Elías Soto, informó que la fallecida se dirigía a su trabajo en el penal cuando fue interceptada por una moto con dos sujetos que le dispararon. “Debido a la gravedad de su herida, ha fallecido. Los atacantes han fugado, y en este momento estamos en su búsqueda. Al parecer, la señora había recibido amenazas de un interno del penal. Por otro lado, uno de los heridos se encuentra estable. Este delito no quedará impune”, mencionó.
Especialistas destacaron la necesidad de identificar y abordar las falencias dentro de los centros penitenciarios.
Antecedentes
En un informe previo de El Comercio, Javier Llaque Moya, Jefe del Instituto Nacional Penitenciario, confirmó que directores de penales y trabajadores carcelarios están siendo amenazados por criminales. “Quienes conocen el funcionamiento de las cárceles saben que, durante mucho tiempo, los privados de libertad han tratado de dominar los pabellones para establecer mecanismos perjudiciales, como el cobro de cupos. Hace muchos años, esto se hacía por barrios: La Victoria, Surquillo, San Juan. Entre ellos se atacaban por el dominio del pabellón y del penal, lo que llevaba a violencia y motines con serias consecuencias, incluyendo fallecidos”, explicó.
“Ningún matón le va a dictar al INPE qué hacer. El INPE se mantendrá firme en sus decisiones porque el principio de autoridad ha sido una constante durante muchos años y no lo vamos a perder. Actuamos de acuerdo con nuestras decisiones y hemos demostrado nuestra capacidad de actuar. Ese es nuestro mensaje. No nos obliguen a actuar de manera drástica porque quienes más van a perder serán ellos”, añadió.
Análisis
El reciente ataque armado en los exteriores del Penal de Chincha ha puesto de manifiesto las deficiencias en la seguridad tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios, según el criminólogo Sebastián Flores Martín. En una entrevista con El Comercio, el especialista destacó que el incidente subraya la naturaleza reactiva de las medidas de seguridad en el país, en lugar de ser proactivas. “Si la abogada que fue víctima del ataque hubiera presentado una denuncia sobre amenazas previas, las investigaciones deberían haber comenzado de inmediato”, explicó el criminólogo. Esta falta de actuación temprana contribuye a una creciente desconfianza en el sistema de justicia, que se percibe como ineficaz.
Flores Martín también hizo hincapié en la impunidad que impera en el país, señalando que “los mecanismos de control se están debilitando, facilitando la comisión de actos delictivos. La falta de respuesta rápida y medidas preventivas no solo agrava la situación, sino que también permite que las bandas criminales operen con mayor libertad”. Según el criminólogo, el ataque debería ser un punto de partida para desarrollar una red de investigación sólida que permita desarticular bandas y abordar las debilidades en la seguridad de los centros penitenciarios.
Una de las amenazas que dejaron en el EP Lurigancho.
Para mejorar la seguridad y proteger a los empleados y familiares afectados, Flores Martín recomendó una serie de medidas. En primer lugar, destacó la necesidad de “identificar y abordar las falencias dentro de los centros penitenciarios”, incluyendo una regulación más estricta de las comunicaciones con el exterior y las visitas. Además, sugirió que se preste atención a patrones delictivos, como el uso de motocicletas en actividades criminales, y que se utilice la videovigilancia para predecir y prevenir delitos. “La articulación de un plan de acción que involucre a las municipalidades y la policía es crucial para una respuesta más efectiva y preventiva”, añadió.
Percy Castillo, experto en derechos humanos y seguridad ciudadana, abordó a El Comercio cómo las autoridades deberían enfrentar el creciente problema del cobro de cupos y las extorsiones en los penales. Castillo señaló que es crucial un enfoque basado en inteligencia para desarticular las bandas criminales que operan incluso desde dentro del INPE. “Si no se desarticulan, estas bandas seguirán actuando con total impunidad. Parece que buscan atemorizar al personal penitenciario”, advirtió.
En cuanto a las investigaciones y protocolos para capturar a los responsables de ataques como el ocurrido en Chincha, Castillo subrayó la importancia de una coordinación efectiva con el ámbito penitenciario. “Es necesario contar con más recursos, logística y personal capacitado”, indicó.
Otros asesinatos en penales
En mayo de este año, se produjo un violento incidente dentro del Penal Mixto de Puerto Pizarro, en la región Tumbes, que resultó en la muerte de un hombre durante una confrontación entre internos. El suceso, que involucró a ciudadanos peruanos y venezolanos, llevó a la muerte de Jhony Campos Uriol, de 54 años, quien cumplía una condena por tráfico ilícito de drogas.
Expertos recomiendan que debería haber una regulación más estricta de las comunicaciones con el exterior.
Campos Uriol fue atendido de inmediato por personal médico del penal, pero, a pesar de los esfuerzos, falleció dentro de las instalaciones. El conflicto habría involucrado al menos a siete individuos, tanto venezolanos como peruanos, que ahora están identificados como los presuntos responsables del fatal desenlace.
Los investigados han sido recluidos en una sala de meditación del penal, medida adoptada tras considerarse que cometieron una falta disciplinaria grave. “En ese momento se escuchó bullicio proveniente del segundo piso, por lo que de inmediato nos apersonamos para constatar lo que ocurría y observamos una pugna entre internos peruanos y venezolanos que se estaban agrediendo físicamente”, señaló el INPE.
El personal del INPE logró identificar a siete reos involucrados en el incidente: Pedro Guaiculba Guaiculba, Maykel García Castillo, Kelver Domínguez Matos, Richard Gonzales Calle, Miler Díaz Acevedo, Raúl Rodríguez Oropeza y López Mondragón.
