No es el Callao, Lima, Trujillo o Madre de Dios. Es Tumbes, ese pedazo de la tierra patria que el ombliguismo limeño solo identifica por su clima soleado y sus playas cuasicaribeñas. Una de sus provincias, la que lleva su nombre, encabezó el ránking de homicidios el año pasado y parece que quiere repetir su ingrata colocación: ya suman 19 los asesinatos ocurridos allí en menos de siete meses.
Así como otros tantos lugares del país donde el Estado tiene tanto valor como un billete de dos soles, Tumbes parece encaminado a convertirse en un poblado del Far West, donde habrá que caminar con armas colgadas en el cinto y la mirada despierta. El sicariato, la extorsión, el contrabando de combustible y el cobro de cupos campean. Si va a viajar hacia allá en los feriados que vienen, hágalo con cuidado.
Tumbes es parte del escenario de miedo que recibirá el nuevo ministro del Interior, Carlos Basombrío, este 28 de julio. Y deberá enfrentarlo con un número de policías insuficiente, mal preparados y carentes de la logística adecuada para enfrentar a delincuentes más avezados y mejor armados. Tendrá que trabajar, asimismo, con una organización que lleva la corrupción en sus entrañas, que ha convertido el lema de la vieja Guardia Civil –“El honor es su divisa”– en uno de esos chistes crueles que se cuentan en los velorios.
En estos días de balance, en que se discute sobre la mediocridad del manejo económico, el vigoroso impulso a los programas sociales y el éxito de la política educativa, el único aspecto que arroja coincidencias es el rotundo fracaso del humalismo en su lucha contra la inseguridad ciudadana.
El temprano abandono que el presidente hiciera de la jefatura del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) fue un aviso de la situación de indefensión que vivimos. Y los siete ministros que han pasado por Interior en estos cinco años, la principal muestra del caótico manejo de esa cartera.
El nuevo partido de gobierno tiene un plan y esto, en principio, es una notable diferencia. Está puesta sobre blanco y negro su intención de acercar al policía a la comunidad, aumentar adecuadamente sus sueldos, mejorar la investigación y la logística, y realizar trabajos de prevención con niños y jóvenes.
Sin embargo, para que el combate a la delincuencia sea efectivo, la policía también necesita cambiar. Hace falta fortalecer su institucionalidad, conseguir no solo que la gente vuelva a confiar en ella, sino también que el propio efectivo vuelva a confiar en su institución.
Por ahora se ha anunciado que habrá una reducción del número de generales, lo cual puede ser efectivo a niveles operativos, pero lo que se requiere es una cirugía mayor. Y tiempo.
El gran problema es que la gente ya no quiere esperar más.