Los crímenes que conmocionaron Lima y aún no se resuelven

El duelo que agobia a Cromwell Castillo hace 27 años por la desaparición y muerte de su hijo Ernesto, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se aquietará solo cuando los culpables del asesinato le confiesen dónde están sus restos. Ese día, que parece aún lejano, Castillo dice que por fin alcanzará la “paz interna”. “Tengo 80 años, mi último deseo es un lugar donde sepultarlo, llorarlo, recordarlo”, cavila sentado en su casa, mientras sostiene los documentos del juicio a los policías acusados de la desaparición de su hijo.

El 21 de octubre de 1990, Ernesto salió de su casa temprano para ir a Villa El Salvador, donde realizaría encuestas sobre el ‘fujishock’. “Te volveré a llamar para avisarte a qué hora llegaré, papá”, fue lo último que dijo, y cerró la puerta de la calle. Esa mañana hubo una manifestación de Sendero Luminoso, y Ernesto, de 22 años, fue arrestado y desapareció para siempre. Castillo aclara que su hijo no era terrorista. La policía nunca estableció esa versión. “Así hubiera sido lo que sea, tengo derecho a saber dónde está”, resalta.

En el 2006, el Poder Judicial sentenció a 16 años al coronel Juan Mejía –el principal acusado– por el delito contra la humanidad y desaparición forzada en agravio de Ernesto. Pero él nunca confesó ser el asesino. Según las indagaciones, con granadas de guerra volaron en pedazos el cuerpo, afirma. El último golpe que recibió Castillo fue cuando se enteró de que Mejía salió libre sin cumplir ni la mitad de su condena, porque se acogió a beneficios penitenciarios.

A pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio Público ha iniciado nuevas indagaciones en el caso, por lo que se ha solicitado que se revoque la semilibertad para Mejía. El trámite avanza lento. La hermana de Mejía indica a El Comercio que el coronel “no declarará a la prensa”.

–El capítulo que falta–
Ni un familiar de Myriam Fefer ha reclamado en los últimos meses que la justicia persista en descubrir quién ordenó asesinarla en su casa de San Isidro, la madrugada del 15 de agosto del 2006. Este fue uno de los crímenes que mantuvo atraídos a los peruanos como si se tratara de una novela o serie, cuyo capítulo final parece haberse aplazado no se sabe hasta cuándo.

“¿Tienes la esperanza de saber quién mandó matarla?”, le preguntó la revista “Somos” a Eva Bracamonte, hija mayor de Fefer, en una entrevista de enero del 2016. La joven respondió: “Me encantaría decir que sí, pero a estas alturas, y viendo que la fiscalía simplemente ha apelado para que a mí me condenen, no lo creo”.

Desde que los policías investigaron el crimen, sus sospechas apuntaron a que el autor intelectual era alguien del entorno más cercano de la empresaria de origen judío. Esas presunciones aumentaron cuando se descubrió que en una cárcel de Argentina, el sicario colombiano Alejandro Trujillo contó que en el Perú había matado a una empresaria por encargo de un familiar.

En el 2012, el Poder Judicial condenó a Trujillo a 35 años de prisión por homicidio calificado por lucro, y a 30 años a Eva porque lo “contrató” para que asesine a su madre con el propósito de “apropiarse de su dinero”, según la sentencia. Sin embargo, luego de estar tres años presa y afrontar un nuevo juicio en libertad, la Corte Suprema la declaró inocente la semana pasada.

El fallo absolutorio sostiene que la fiscalía “no presentó testigos directos sobre el presunto acuerdo delictivo” entre Eva y Trujillo. “Las declaraciones de los testigos de oídas no tienen la categoría de prueba”, se lee en la sentencia. La corte no tomó en cuenta los audios de comunicaciones entre la joven, de 29 años, y su abogado en el 2011, Iván Torres, que probarían su vínculo con Trujillo. El motivo para descartar esa prueba fue que las escuchas fueron filtradas a la prensa.
“Gasté un millón de dólares en abogados [...] pero sobreviví”, declaró Eva Bracamonte al programa ‘Beto a saber’ el último jueves. Este Diario le solicitó una entrevista, pero no la concedió. Ariel, su hermano menor, radica en Estados Unidos, y al cierre de esta nota no respondía nuestras preguntas realizadas por correo electrónico. La incógnita que sigue sin resolverse es ¿quién mandó matar a su mamá?

–Familia amenazada–
No hay domingo en que María Sandoval no vaya al cementerio a visitar la sepultura de su hijo Luis Choy, el talentoso fotógrafo de este Diario, que la tarde del 23 de febrero del 2013 murió de un balazo en la cabeza y otro en el pecho, cuando estaba en la puerta de su casa, en Pueblo Libre.

“No me voy a olvidar de mi hijo hasta el día de mi muerte. Trato de estar bien, pero cada vez que me acuerdo no dejo de llorar”, expresa Sandoval a través del teléfono.

Lindomar Hernández y Édgar Lucano, asesinos materiales del fotógrafo, fueron abatidos por la policía en junio del 2013. “El caso se ha cerrado. Los acusados o murieron o los absolvieron. No sabemos quién ordenó matarlo. Ya no quise declarar más a la prensa porque me amenazaban con hacer explotar mi casa”, declara llorosa Sandoval.

“A Choy lo mataron por una cuestión pasional. La policía tenía indicios de quién era el autor intelectual, pero no había pruebas suficientes para capturarlo. Nosotros cumplimos con encontrar a los que le dispararon, no pudimos hacer más”, afirma desde el anonimato un oficial que investigó el crimen. El fotógrafo dejó huérfana a su única hija, que tenía 10 años cuando vio morir a su padre.

–Encarpetado–
El caso del asesinato de Ximena Toledo, en mayo del 2014, no se ha resuelto y está encarpetado, asegura su hermana Gabriela. La mataron de un balazo en la cabeza cuando estaba a bordo de un carro, junto a su esposo, en la Panamericana Sur, en Chilca. “La prensa inventó que era una empresaria, que era extorsionada. También dijeron que mi cuñado estuvo involucrado, pero eso fue descartado. La justicia tarda mucho”, se lamenta.

Pedro Jiménez, jefe de la División de Homicidios, afirma que los sicarios no revelan quién les dio la orden de matar porque a modo de extorsión exigen dinero a los autores intelectuales.