Desa II: empresas fachada y millonarias transferencias de la red ligada al Tren de Aragua

Una organización criminal vinculada al Tren de Aragua fue desarticulada en Lima Norte. Se trata de Desa II, banda que durante meses mantuvo bajo amenaza a transportistas, cobrándoles cupos diarios y ejecutando atentados contra quienes se negaban a pagar. El operativo, dirigido por la Dirincri y el Suat, dejó 27 detenidos, incluidos sus principales cabecillas.

De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, la red operaba bajo apariencia empresarial. Exigían pagos que iban desde 2 hasta 700 soles diarios, dependiendo del negocio, y quienes incumplían eran atacados.

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Nueve conductores fueron asesinados por sicarios, crímenes que quedaron registrados en audios y videos obtenidos por la Fiscalía.

El programa reveló además que más de 50 personas prestaban sus cuentas bancarias para mover el dinero ilícito y que al menos diez empresas de fachada eran usadas como “lavadoras”. Con estos mecanismos, lograron blanquear millones de soles antes de transferirlos al extranjero mediante casas de cambio, remesas y criptomonedas.

Uno de los operadores clave fue el venezolano Armando José Córdova Zarzalejo, quien junto con su esposa peruana, Sara Ruth Paredes Oyola, creó compañías ficticias que en pocos meses pasaron de manejar 50 mil soles a más de un millón y medio mensuales.

En total, enviaron más de 17 millones de soles a ciudades fronterizas de Colombia como Bucaramanga, Cúcuta y Los Patios.

El referente visible de la banda era Jhorman Barrios Martínez, coordinador de Desa II en el país. En redes sociales se mostraba con autos de lujo, joyas y fiestas, hasta que fue capturado durante el operativo. También fueron detenidos sicarios que admitieron su participación en asesinatos y atentados con granadas contra transportistas.

Para la fiscal superior Fany Quispe, el golpe más importante ha sido al aparato económico del Tren de Aragua. “Estas empresas viven del dinero que honradamente producen cientos de ciudadanos”, advirtió.

En tanto, la fiscal Nelly Millones señaló que las amenazas eran parte de la mecánica criminal: “El no pago implicaba más amenazas, más multas. Robaban el celular, mandaban el video de la muerte y luego obligaban a pagar más”.