En las casi 72 horas que han pasado desde el asesinato de tres hinchas del club Alianza Lima en Jesús María, solo se sabe que la policía fue a la casa del sospechoso. César Rodolfo Valle Meza, quien no vivía ahí hace por lo menos un año, y no hay rastro de su paradero pese a que las cámaras de seguridad y los celulares de los testigos registraron su rostro.
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Lo que tampoco se sabe es si se está evaluando responsabilidades por la falta de personal policial en la ruta que tomaban los hinchas, ya que el serenazgo del distrito reportaba enfrentamientos por lo menos desde una hora antes.
El reglamento de la Ley 30037, que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, vigente desde el 2016, establece que la Policía Nacional tiene la obligación de disolver las preconcentraciones violentas o “que amenacen la seguridad pública”. Sin embargo, ese día la policía no estaba vigilando un solo estadio, sino tres.
El domingo 30 de octubre se jugaron tres partidos en simultáneo en Lima. De acuerdo con información previa de la PNP, para resguardar estos eventos se iba a desplegar a unos 2.000 agentes para cubrir los exteriores de los tres estadios, así como las zonas de afluencia. La gresca, que terminó con el triple homicidio, ocurrió a más de dos kilómetros de distancia del estadio Matute (La Victoria), a donde se dirigían los hinchas asesinados.
Para el general PNP (r) César Manuel Vallejos Mori, exdirector de Inteligencia del Ministerio del Interior (Mininter), la inusual programación de tres partidos el mismo día hizo “materialmente imposible” que se pueda garantizar la supervisión de todas las zonas de desplazamiento de barristas. “Es muy poca costumbre que se programen varios partidos de fútbol, más aún si definen una final. Debió existir un plan de operaciones para designar personal en el camino hacia el estadio, pero es muy difícil que se puedan abarcar todas las rutas hacia tres espacios diferentes”, dijo a El Comercio.
Rubén Vargas, exministro del Interior, considera que hubo una “equivocada evaluación operativa” que no tomó en cuenta los múltiples riesgos de autorizar tres partidos simultáneos. La oficina encargada de otorgar las garantías de seguridad para que se realizara es la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter. Este Diario solicitó comunicarse con voceros de esta dirección, pero al cierre de la nota no fue posible.
Ausencia de autoridad
Aunque el triple crimen ha causado conmoción por su crudeza, no es la primera vez que se reportan hechos de violencia antes o después de encuentros de fútbol. Para Vargas, la brutalidad del último es reflejo de un clima de ausencia de autoridad que ha crecido en los últimos meses.
Solo en los 16 meses que lleva el gobierno de Pedro Castillo ha habido siete ministros del Interior y cinco comandantes generales del la PNP. Esta inestabilidad del sector, agrega Vargas, se manifiesta en la desatención de la inseguridad cotidiana y la criminalidad organizada.
“El sector Interior está abandonado, no hay una conducción política ni dirección estratégica hacia la PNP y otros órganos que forman parte del sector. La policía tiene experiencia para enfrentar a barristas. Aquí hubo un descuido porque no hubo una correcta evaluación de inteligencia y operativa previa”, enfatiza.
Con él coincide el exministro del Interior y exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, quien añade que la quinta ampliación de la declaratoria del emergencia en Lima y Callao no sirve para atender los problemas de seguridad. “Este estado de emergencia suprime derechos constitucionales, pero están ocurriendo estos enfrentamientos sin presencia de la policía y de las fuerzas armadas que supuestamente debe apoyar en el orden interno”, dijo.
Pérez Rocha también recuerda que, de acuerdo con la Ley 30037, la programación de todos los eventos deportivos se realiza con la debida anticipación para asegurar que se cumplan todas las medidas de seguridad. “Esos tres partidos han estado programados y aprobados por el IPD. También hay responsabilidad de ellos y de los clubes deportivos organizadores”, precisa.
Para Vallejos Mori el crimen en Jesús María fue suficiente razón para suspender el partido porque así lo establece la ley. “El asesinato era de conocimiento público y de las autoridades. La suspensión del partido era conforme a ley y así se envía un mensaje. La violencia se está descontrolando y no solo se necesitan campañas de sensibilización sino que las autoridades hagan cumplir las normas”, finalizó.