Denuncian estafa a afectados por derrame de Repsol: abogados y dirigentes ofrecen gestionar indemnización a cambio de dinero

Han transcurrido ya más de dos años desde que se produjo el derrame de petróleo en el terminal multiboyas N°2 de la Refinería La Pampilla, de Repsol, que ocasionó la muerte de distintas especies de animales, contaminó playas de Lima y Callao, y afectó a personas que dependían de la pesca y el turismo en la zona del desastre.

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A fin de remediar el impacto económico de todos aquellos que se vieron afectados por el derrame, el Estado y la empresa acordaron que esta última otorgue un monto de dinero como indemnización. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) establecieron un Padrón Único de Afectados. Un total de 10.300 personas fueron registradas en esta lista.

Sin embargo, tras dos años del derrame, hay gente que asegura no haber sido incluida en el padrón, pese a sí haber resultado afectada directa o indirectamente. El Comercio conoció que más de 30 mil personas luchan por ser tomadas en cuenta en una segunda lista.

Es en este punto donde surge una red de abogados y dirigentes inescrupulosos, quienes aprovechando la desinformación y falta de respuesta por parte del Estado, han inducido a este grupo de personas a pensar que sí podrán ser incluidos en un nuevo padrón, accederán a un supuesto bono e incluso que recibirán mayores compensaciones. Sin embargo, al final todas terminan engañadas y estafadas.

Como parte de su modo de actuar, primero solicitan un pago inicial en efectivo para los “trámites” correspondientes. En algunos casos, estos cobros no son los únicos, pues se dan en reiteradas ocasiones arguyendo que el proceso sigue en marcha y todo va bien encaminado.

Incluso, se han reportado casos en que gente que de todas maneras iba a cobrar una indemnización por el derrame, realizó un pago a este grupo de abogados “tramitadores” por desconocimiento, pesando que de esa forma podrían asegurar o acelerar la compensación.

Esta red de abogados y dirigentes ha sido denunciada por varias personas y puesta en evidencia a través de redes sociales. De igual manera, medios de comunicación de las zonas afectadas han denunciado que abogados como Teodoro Castro han cobrado miles de soles con falsas promesas.

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Precisamente, en febrero pasado, el periodista Renee Cabezas de Arriba Perú TV Digital (medio digital de Chancay) entrevistó a Castro y le preguntó sobre cobros realizados a la gente de esa ciudad como parte de un supuesto proceso que se ha iniciado en contra de Repsol a fin de que les otorgue una “indemnización” al verse afectados por el derrame de petróleo.

Castro afirmó que ha brindado asesoría de forma constante por más de un año y que en ese tiempo “se han conseguido grandes cosas”. Asimismo, reconoció haber pedido se le pague sus honorarios, aunque dijo que se trató de una módica suma. Aceptó también haber recibido dinero extra por parte de algunas personas, que le dieron de forma voluntaria.

“Yo públicamente les dije a los afectados, a los asociados. Yo no voy a negar que les dije “por favor; necesito que me paguen honorarios y voy a cobrar 15 soles”. Solo han cumplido la tercera parte, no todos. Incluso algunos dijeron que era muy poco y me dieron 20 o 30 soles más. Otros 50 soles. También hubo asociaciones que se retiraron porque consideraban que 15 soles era demasiado”, comentó.

Ante las críticas, el abogado se defendió y sostuvo que el cobro de 15 soles es destinado a cubrir gastos de movilidad. Agregó que su interés no va por lo económico, sino por defender un derecho social.

“Aprendí el derecho para defender el derecho de todos los afectados. Somos parte de una demanda litisconsorcial. Además, estamos peleando para que se avance con un proyecto de ley que hemos presentado donde se va a generar un registro que va a incluir a todos los afectados que puedan acreditar su condición de tal”, detalló.

Otro de los abogados involucrados en esta modalidad de presunta estafa sería el excandidato presidencial Ricardo Noriega Salaverry.

En agosto del año pasado, la empresa Repsol denunció la emisión de publicaciones falsas y advirtió que era un intento por estafar y lucrar con las expectativas de las personas. “Advertimos a la población que no se dejen engañar por sujetos inescrupulosos que están malinformando a las personas”, alertó.

En las publicaciones se mostraban cartas falsas firmadas por supuestos representantes de Refinería La Pampilla para llevar a cabo reuniones o negociar acuerdos. La empresa precisó que los únicos canales oficiales de comunicación para atender a los afectados son el correo electrónico rreeperu@repsol.com y la página web www.compromisorepsol.pe, así como sus redes sociales oficiales.

“En ese sentido, Refinería La Pampilla tomará las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables. Refinería La Pampilla reitera que, desde un inicio, ha mantenido canales de reclamación a través de la página web: www.compromisorepsol.pe. Sobre las solicitudes de personas que no estén incluidas en el padrón y aseguren ser afectadas”, señaló.

Agregó, además, que revisaría caso por caso para considerar en el padrón a aquellas personas que cuenten “con documentos probatorios de afectación, antes del derrame”.

Se conoció que dentro de la estrategia de esta red de estafadores, distintas personas se han inscrito de manera ilegal y con fechas irregulares como supuestos pescadores artesanales en asociaciones de pescadores del Callao, a fin de poder presentarse como supuestos afectados e intentar ingresar al Padrón Único de Afectados. Uno de estos grupos sería la Asociación Regional Unión de Pescadores Artesanales y Conexos del Callao (Arupacc).

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Lo grave no solo es que hayan falsificado sus inscripciones en estas asociaciones para aparentar ser pescadores antes del 15 de enero del 2022, sino que autoridades y funcionares públicos de INDECI y el Ministerio de Energía y Minas los hayan recibido y se hayan reunido con ellos para darles las oportunidades de solicitar un bono.

A raíz del derrame de petróleo de Repsol ocurrido en la costa de Ventanilla en enero del 2022, muchos pescadores y ganaderos se vieron afectados. Por ello, la empresa Repsol empezó a indemnizarlos. Sin embargo, se ha revelado que sicarios, traficantes de armas y reclusos, quienes no tienen relación con el mar ni el turismo, figuran como damnificados del derrame e incluso ya cobraron reparaciones que van desde los 60.000 hasta los 90.000 soles. Mientras tanto, El Comercio conoció más de 30.000 personas luchan por ser incluidas en una segunda lista.

Como se reveló en un informe periodístico de Panorama, hay infiltrados que han recibido indemnizaciones. Traficantes de armas y sicarios figuran como afectados por lo sucedido en el litoral peruano, desplazando a los verdaderos afectados.

Aljemiro Sobrado Meza fue detenido en el operativo de tráfico de armas hacia Ecuador este año. Por si fuera poco, debido a una aparente ineficiencia o malversación de las listas del Estado, ahora se ha descubierto que también está involucrado en el tráfico de indemnizaciones por el derrame de petróleo de Repsol.

“Es lamentable que tantas personas que no tienen nada que ver con el mar ni con la pesca estén recibiendo apoyo, y nosotros que somos los verdaderos damnificados no estamos en la lista (...). Ya no hay nada para pescar, no nos incorporan al padrón y ahora nos damos cuenta de que hay gente que ni siquiera está involucrada en el mar y están cobrando dinero”, dijo Inés Ramírez Arias, presidente de la Asociación Independiente de Chancay, en declaraciones a El Comercio.

El traficante de armas Sobrado Meza fue indemnizado hasta con 10 depósitos bancarios, el último de ellos registrado en noviembre del 2023 por un monto total de 97.500 soles.

“Lamentablemente el Indeci, a través de la PCM, vino solo dos horas y no logró empadronar a toda la gente damnificada. Si ha sucedido algo así, es responsabilidad de las autoridades”, sostuvo Josué Llacuachaqui, presidente de la Asociación de Pescadores de Ventanilla.

Por otra parte, un sicario le quitó el lugar en la lista a un verdadero damnificado. Juan Sulca Atencia, a quien se le atribuyen más de 20 asesinatos, figura en el padrón. Este hombre fue capturado en diciembre del 2022 y desde entonces cumple una condena en el penal de Sarita Colonia. Sin embargo, por encontrarse en la lista, ha sido compensado con 68.000 soles.

El sociólogo Alejandro Chirinos, de la ONG CooperAcción, explicó a El Comercio que tras el desastre ecológico en nuestro mar, una de las condiciones para llevar a cabo el proceso de indemnización a los afectados era que estos acrediten que hasta el momento del derrame pertenecían a alguna organización o asociación. Esa fue la condición que planteó la empresa previo al proceso de empadronamiento.

Las asociaciones podían ser de pescadores, comerciantes, restaurantes, heladeros. La idea era que los afectados demuestren que estaban asociados o pertenecían a una organización, de tal manera que pudieran estar registrados en las municipalidades y dentro del mundo de la formalidad.

“Ocurre que en la zona de afectación, en la zona marina costera, hay un universo grande de informalidad, que se acrecentó en pandemia pues mucha gente perdió el trabajo. Entonces hubo mucha gente que no pudo acreditar que estaba asociada y no fue incluida en el padrón de afectados. Esta gente es la que hoy en día está reclamando porque lo perdieron todo y no han podido recibir ninguna indemnización de Repsol. Se calcula que bordean las 40.000 personas”, detalló Chirinos.

El sociólogo precisó que tanto pescadores como otros afectados que no fueron incluidos en el primer padrón se mantienen a la expectativa de que el Estado peruano abra un segundo padrón en el que se los incluya, ya que no pudieron acreditar su pertenencia a una organización debido a que se mueven en el mundo de la individualidad e informalidad.

“Son muchos. CooperAcción conoce a varios de ellos y tienen sus argumentos para no asociarse, pues en el mundo de la pesca el desprestigio de las organizaciones viene de varias décadas. Entonces, hablamos que hay un problema bastante fuerte que el Estado hasta ahora no sabe resolver. La situación ahorita está complicada y nosotros creemos que esa crisis continúa por la precariedad del Estado en comunicar adecuadamente y resolver el conflicto”, expresó.

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Chirinos indicó que lo que debió haber hecho el Gobierno es abrir ventanas de información, portales, y orientar a las personas. Como no hay canales de comunicación oficiales que orienten a las personas que no fueron empadronadas, entonces aparecen este tipo de casos de abogados que empiezan a pedir una cantidad determinada supuestamente con el objetivo realizar algún trámite.

“Hay un problema con el Estado con los canales de comunicación oficiales. Es el Estado quien tiene que salir a aclarar las cosas, a comunicar adecuadamente, a indicar cuáles van a ser las salidas para tanta gente que está esperando ser indemnizada. En el mundo de la informalidad el oportunismo aparece. Hasta hoy mucha gente malinformada está cayendo en este juego perverso de dar una cantidad determinada con la esperanza de que puedan ser incluidos en el nuevo padrón”, señaló.