Estado de emergencia en Cercado de Lima: detalles del anuncio de presidenta Boluarte, posición de la MML y opinión de expertos

Tras dos semanas de haberse oficializado el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, así como en siete distritos de Sullana (Piura), a fin de enfrentar el incremento de la delincuencia y el crimen organizado, la presidenta de la República Dina Boluarte anunció la extensión de esta medida al Cercado de Lima.

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El anuncio lo hizo la tarde del jueves, durante la clausura de la segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en la ciudad de Trujillo (La Libertad). La jefa de Estado explicó que con esta medida se busca proteger los negocios, comercios y turistas que visitan dicha zona de la capital.

“Extenderemos el estado de emergencia para el orden interno en el Cercado de Lima, en apoyo a los vecinos y emprendedores que han invertido en pequeños negocios y para dar seguridad a los miles de turistas que visitan nuestro centro histórico”, indicó la mandataria. Vale precisar que como parte del estado de emergencia se faculta a las Fuerzas Armadas a brindar apoyo a la Policía Nacional para el control del orden interno en materia de seguridad ciudadana.

Boluarte no señaló la fecha de inicio del estado de emergencia en el Cercado de Lima, sin embargo, trascendió que es probable que ocurra en el transcurso de la otra semana.

En otro momento, la presidenta aseguró que el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana viene dando resultados, pues dijo que se ha reducido la tasa de criminalidad en dichas jurisdicciones: 28% en San Juan de Lurigancho, 18% en San Martín de Porres y 12% en Sullana.

“El estado de emergencia sí está dando resultados y vamos a seguir avanzando, siempre mediante el trabajo articulado con los alcaldes y los gobernadores regionales”, agregó.

Tras anunciar la extensión del estado de emergencia al Cercado de Lima, Dina Boluarte hizo un llamado al alcalde Rafael López Aliaga para que pueda actuar de manera más afectiva contra la delincuencia al contar con una “norma habilitante”.

“Cuente siempre con el apoyo de nuestro Gobierno, la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas. A todos los alcaldes del Perú les digo que los servicios de inteligencia de la policía están evaluando e informando permanentemente sus investigaciones en sus jurisdicciones y actuaremos en consecuencia”, expresó.

En tanto, este viernes, el teniente alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, brindó una conferencia a fin de manifestar la posición de la Municipalidad de Lima frente a la reciente medida anunciada por el Ejecutivo. Sostuvo que la comuna acepta que se extienda el estado de emergencia el Cercado de Lima, pero al mismo tiempo considera que debe ir acompañada de algunas otras medidas y ajustes.

Por ejemplo, señaló que la implementación de esta medida traerá consigo el reclamo de comerciantes que se encuentran en esta zona de Lima, ya que se observa con preocupación que muchos negocios de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres se está viendo perjudicados económicamente desde que empezó a regir dicha medida en estos distritos.

“Los locales comerciales y establecimientos del Cercado van a reclamarnos por esta disposición, porque les afectaría en su economía. Por eso, esta medida debe ir acompañada de algunos ajustes. Una propuesta es que el Gobierno derogue una disposición del año 2022 que modifica la norma y establece que los miembros de las Fuerzas Armadas solo deben salir a las calles en situación de estado de emergencia. Si esta norma vuele a su estado anterior, seguramente se tendrá el apoyo de los militares, pero sin afectar los derechos de los ciudadanos y evitar consecuencias en perjuicio de los comerciantes”, comentó.

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Asimismo, tal como mencionó cuando se declaró en emergencia a San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y sietes distritos de Sullana, Reggiardo dijo que dicha medida debería ser implementada en el ámbito de toda Lima Metropolitana. Pese a ello, resaltó algunos beneficios inmediatos de esta, como permitir que la Municipalidad de Lima continúe con los operativos que viene realizando y se acelere la adquisición de material logístico (cámaras, etc.) e implementos necesarios para contrarrestar el avance de la delincuencia.

“Es necesaria esta norma a nivel regional, a nivel de Lima Metropolitana. En Lince estamos en una situación critica, el Gobierno debería pensar en implementar esta medida en este distrito importante. Tenemos también otros distritos golpeados como Villa El Salvador, Los Olivos, Pachacamac, La Victoria, hay muchos que necesitan mayor presencia de Estado. Esta medida (estado de emergencia) es un efecto disuasivo, que tiene que venir acompañado de otras normas y mecanismos”, puntualizó.

Por otro lado, Abdul Miranda, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima, detalló que en el marco del estado de emergencia en Cercado de Lima, se ha coordinado con el Ministerio del Interior sobre la información y el apoyo que brindará la comuna capitalina a través del área de Seguridad Ciudadana. Dijo que se proporcionará la logística y recursos humanos necesarios para ayudar al accionar de la policía.

Además, se ha coordinado la ubicación de las cámaras de video vigilancia, la interconexión con la policía a través del Centro Integrado de Comunicaciones (CIC), entre otras acciones.

Para Ricardo Valdes, exviceministro del Interior, lo única intención de la presidenta de la República es enviar un mensaje de que el Gobierno se está haciendo cargo de combatir efectivamente la delincuencia, pero que en la práctica no viene ocurriendo tal cosa. Indicó que hasta el momento el estado de emergencia no ha originado “resultados espectaculares” en San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho.

“Lo que hemos visto ha sido un trabajo de la policía muy bueno, pero no necesariamente se ha reducido significativamente la delincuencia. Entonces, podremos tener una idea más certera de cuál ha sido el impacto verdadero del estado de emergencia a nivel global en dos o tres meses. A mi no me parece realmente coherente, práctico ni honesto declarar estados de emergencia como alternativas políticas para calmar a los ciudadanos. Me parece que lo serio es hacer investigación criminal, dotar de recursos a quienes tienen que hacer investigación y persecución del delito”, dijo.

Sobre la posible afectación del estado de emergencia en contra de los negocios y comerciantes del Cercado de Lima, Valdes recordó que ya de por sí el sector turismo ha sido uno de los más golpeados con la pandemia y pese al tiempo trascurrido no se ha logrado recuperar del todo. Siendo el Cercado de Lima uno de los focos que concentra mayor turismo en la capital, así como variedad de establecimientos, añadirle a este escenario una marcada presencia policial y militar en cada esquina y una serie de restricciones estancaría este afán de los comerciantes por

Valdes consideró muy posible un escenario en que los negocios y comerciantes del Cercado de Lima se vean afectados por el estado de emergencia. Explicó que llenar cada esquina de una marcada presencia policial y militar, así como desplegar una serie de restricciones, impactaría negativamente en la imagen atractiva de esta zona de la capital y ahuyentaría al flujo turístico.

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“Ya de por sí el sector turismo ha sido uno de los más golpeados con la pandemia y pese al tiempo trascurrido no se ha logrado recuperar del todo. El país tiene una muy mala imagen a nivel internacional, los diversos consulados y embajadas alertan a sus connacionales de que el Perú tiene zonas muy inseguras y les recomiendan no venir. Si a eso le sumamos un estado de emergencia, un Centro de Lima plagado de tanquetas y de policías armados hasta los dientes, cualquier turista tendría una percepción de inseguridad y mucha preocupación”, detalló.

Por su parte, Frank Casas, experto en seguridad ciudadana y crimen organizado, comentó que ya es reiterativo que el Gobierno se empecine en lanzar medidas aisladas, poco originales y sin fundamentos. Dijo que no hay una claridad y coherencia respecto a los criterios que toma en cuenta para establecer, por ejemplo, en qué distritos sí se debe declarar el estado de emergencia y en cuáles no.

“Parece ser más bien que en vez de que estas declaratorias de emergencia respondan a criterios técnicos de un incremento en el índice de víctimas de algún hecho delictivo, se deben más bien a presiones políticas que hacen algunos alcaldes que tienen llegada al Gobierno. Está claro entonces que no existe necesariamente una estrategia y que el plan Boluarte sigue sin existir”, indicó.

Casas agregó que uno esperaría que esta medida del estado de emergencia se acompañe con un paquete de medidas directas, como el apoyo a la policía en materia de investigación criminal, entre otras, pero que esto no se ha hecho.

“Al principio de año el primer ministro mencionó que se iba a hacer una reforma total o una reestructuración de la Policía Nacional. ¿Qué hay sobre eso? Nada. Luego se nos prometió el plan Con Punche Perú. ¿Qué hay sobre eso? Nada. Se nos dijo que se iba a retomar el plan elaborado por la propia Policía Nacional para poder cerrar las brechas de infraestructuras, equipamiento y tecnología, pero hasta ahora no se ha vuelto a mencionar”, señaló.

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Por el contrario, el experto recordó que el Gobierno ha planteado una serie de medidas de carácter normativo, entre ellas las facultades legislativas. Sin embargo, sostuvo que estas son medidas orientadas principalmente a la sanción del delito, no poco importante por supuesto, pero que no buscan evitar que se produzca el delito.

“Es decir, lo que nos está diciendo el Gobierno es que no va a poder defendernos de que nos roben, extorsionen o maten, pero que va a tratar más bien de que haya una sanción efectiva. Se está concentrando en lanzar una serie de medidas bastante arbitrarias, aisladas, populistas, pero que reflejan incapacidad e ignorancia sobre lo que en realidad se debe trabajar”, expresó Casas.