#EstamosHartas: ¿Funcionan bien los hogares de refugio para mujeres en riesgo?

Entre enero y la primera semana de agosto de este año, 100 mujeres fueron asesinadas por su parejas o ex parejas, mientras que a 204 intentaron matarlas, según las estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Lamentablemente, se calcula que para fin de año ambas cifras aumenten.

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¿Qué sucede con esas mujeres que se salvan de ser víctimas de feminicidio o con las que están en alto riesgo de ser violentadas? La ley 30364, del 2015, indica que deben recibir “la protección del Estado para salvaguardar sus derechos y afrontar las investigaciones bajo dicha tutela”. En algunos casos, el Poder Judicial ordena que los agresores no se les vuelvan a acercar y dispone que la policía esté vigilante. Esto, como se ha visto con muchas mujeres no se cumple y terminan, finalmente, asesinadas.
Cuando las mujeres en peligro no cuentan con ningún tipo de red de apoyo, ya sea familiar o amical, que las puedan proteger, el Poder Judicial dispone que permanezcan en los hogares de refugio temporal junto a sus hijos, en caso los tuviese.

En el Perú hay 49 refugios temporales, en todas las regiones, excepto la región del Callao. El Estado ha puesto en funcionamiento 24 de ellos, entre el MIMP (14) y gobiernos locales (10). El resto de estos hogares (25) son administrados por la sociedad civil, la iglesia y la Sociedad de Beneficencia Pública.

El MIMP es el responsable de la implementación y administración del registro de los hogares refugios y, también, que estos cumplan con los estándares de calidad. Según las normas, los refugios deben brindar protección, albergue, alimentación y atención especializada a las mujeres, propiciando su recuperación integral, pero esto no se estaría cumpliendo.

Del total de 49 refugios, la Defensoría del Pueblo supervisó, por primera vez, 21 de ellos, 15 implementados por el Estado y 6 gestionados por privados. La información fue recogida el año pasado. Este Diario obtuvo los resultados. 

-Hallazgos-
​El informe de la Defensoría resalta que ocho refugios no cuentan con planes de intervención para las mujeres, en los que se deberían detallar las terapias a brindar, y las actividades enfocadas a desarrollar sus habilidades y capacidades para que consigan autonomía cuando egresen.

Cinco lugares supervisados no tienen planes anuales para lograr objetivos por lo que las actividades que se ejecutan, advierte la Defensoría del Pueblo, se reducen a acciones aisladas que obstaculizan el desarrollo y fortalecimiento del servicio. Esto estaría ocasionando que el egreso de las mujeres se dilate más.

Otro hallazgo es que hay once refugios (9 implementados por el Estado) que no cuentan con ningún protocolo sobre cómo atender a las usuarias “desde la pertinencia intercultural”. Algunos de esos albergues están en zonas andinas quechuahablantes.
Algo que es preocupante es que nueve de los refugios no remite informes de su gestión al MIMP. “Esta falencia impide que el ministerio cuente con un diagnóstico actualizado e impulse una labor sostenida de monitoreo y supervisión del servicio que brindan”, dice el informe. 

La mayoría de los hogares de refugio no cuenta con programas de evaluación del desempeño del personal, y el 53 % de los recintos gestionados por el Estado carecen de una infraestructura que facilite la movilidad de personas con discapacidad.

El 69 % de los hogares supervisados no cuenta con un buzón de sugerencias, mientras que el 85 % tampoco cuenta con un libro de reclamaciones, "herramientas sumamente valiosas para establecer canales de comunicación con las usuarias del servicio". 

-¿Qué dicen las mujeres refugiadas?-
El 92 % de las encuestadas señaló que el trato que recibió por parte de psicólogos había sido "bueno".  Con relación al trato de la trabajadora social, el 80 % indicó que el trato era “bueno”, dos usuarias, de Junín y Lima, indicaron que dicho trato había sido “regular”. Los dos únicos casos donde se mencionó un trato "malo", fueron en hogares en Lima.

Eliana Revollar, adjunta para los derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, aseguró que uno de las deficiencias encontradas es que no hay un seguimiento a las víctimas una vez que egresan de estos lugares. “Sería grave que una vez que salgan vuelvan al mismo círculo de violencia”, dice.
La estadía de las mujeres en estos recintos es temporal. Ellas deben egresar una vez que ellas se recuperen y estén las condiciones dadas para ello. Se espera que salgan cuando estén encaminadas hacia su empoderamiento. Eso se logrará si dentro de los refugios, los encargados cumplen con los planes y objetivos trazados, pero no se estaría cumpliendo. 

La abogada recalcó que los 49 refugios no son suficientes.
“El problema es que hay gobiernos regionales que no están invirtiendo en estas iniciativas. En el Callao no hay ningún refugio. La alcaldesa de San Juan de Miraflores sí tiene interés por implementar uno y el Ministerio de la Mujer debe darle todos los lineamientos para ello. También hay que hacer un llamado a la empresa privada", resalta.

La Defensoría del Pueblo también realizó diversas entrevistas al personal directivo de los hogares refugio de Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Madre De Dios y Piura, para conocer cuáles eran sus percepciones.
Sus testimonios reflejan algunas deficiencias: 

“Se mejoraría incrementando personal. (…) Se requiere personal para hacer la rotación. Y cubrir las 24 horas. Nos
piden internar a usuarias de provincias pero es difícil acogerlas pues no hay personal para atenderlas” (Ayacucho).

“Falta más espacio para albergar a más usuarios. Tenemos solo 3 cuartos grandes” (Piura).

“Estereotipos machistas. Cada vez que hacemos requerimientos de toallas higiénicas, pañales, papel higiénico. Cuestionan y dicen tanto piden, tanto les dan. (…) También buscar una casa adecuada. Y también el presupuesto impide tener una asistente social y una
psicóloga permanente[s]” (Junín).

“No hacen un buen tamizaje respecto de la derivación de usuarias. Una usuaria fue traída por intento de feminicidio pero
ella dice que no fue así (….) Ella no sabía que la iban a traer. Y hace aquí dentro actos de violencia y sus hijos también” (Cusco).

-Recomendaciones al MIMP-
​Iniciar el proceso de registro de todos los hogares de refugios que existen a nivel nacional, que vienen funcionando independientemente de su rectoría, para garantizar que los mismos cumplan con los estándares de calidad en la prestación del servicio, de acuerdo
a lo establecido en la Ley n°. 30364.

Diseñar y ejecutar un programa de capacitación, perfeccionamiento
y monitoreo permanente para los profesionales que laboran en los
refugios. 

​Promover la creación de nuevos hogares refugio por parte de los gobiernos regionales y locales, brindándoles la asistencia técnica requerida.

La abogada especializada en temas de género Jeannette Llaja dijo que los refugios no son la única solución a la violencia. “Esta política tiene que estar insertada en un sistema de diferentes servicios como seguros de salud o programas sociales”, apuntó. 

Se espera que hoy el MIMP se pronuncie sobre los resultados del informe de la Defensoría del Pueblo.