El rol de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ha sido parte de la discusión electoral debido a la reforma universitaria emprendida desde el 2015, y a los intereses económicos y políticos que están detrás de un proceso que es exclusivamente técnico. En el centro están los estudiantes que continúan sus clases a pesar de la pandemia y a las complicaciones generadas por la crisis sanitaria. Al respecto, El Comercio conversó con el superintendente Oswaldo Zegarra.
—¿En qué etapa se encuentra hoy la Sunedu?
Considerando que hemos concluido con la primera fase de la reforma universitaria, a través del proceso de licenciamiento, corresponde asegurar la calidad de los programas priorizados como Medicina, Educación y otros de interés público. También toca supervisar los programas dictados en modalidad semipresencial y a distancia; que reúnan criterios de calidad. Del mismo modo, en este momento es importante [verificar] las condiciones básicas (CBC) exigidas en el primer modelo de licenciamiento y la renovación de la licencia para que esas CBC tengan una mejora continua.
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—En una entrevista que concedió a El Comercio en enero de este año, señaló que en mayo se tendría listo el nuevo modelo para que las universidades licenciadas puedan renovar su licenciamiento. ¿Cómo va ese proceso?
Actualmente se está socializando el nuevo modelo, o modelo dos. Se ha prepublicado y enviado a las universidades licenciadas para recoger sus comentarios. En febrero hubo una primera socialización y se recibieron opiniones del Minedu, expertos en educación y del Banco Mundial. Hoy estamos en una segunda etapa de socialización para darle el punto final.
—¿Cuándo culminará esta socialización?
Seguramente hasta fin de mes recibiremos opiniones y consolidaremos el modelo dos. Pero además estamos viendo que las universidades tienen problemas debido a la emergencia sanitaria. Es muy difícil haber ascendido en la calidad educativa bajo estas condiciones, por lo que hace una semana el consejo directivo extendió la licencia institucional por dos años a todas las universidades licenciadas. Como el 2020 y el 2021 han sido realmente complicados para estas casas de estudios, nacionales y privadas, la Sunedu ha tenido que comprender la situación.
Prórroga de licenciamiento
—¿Qué criterios consideraron para ampliar el licenciamiento otorgado por dos años más?
No le damos la espalda a las universidades en el país. Conforme elaboramos el modelo dos, vimos que se daban todas las justificaciones para realizar esta prórroga por dos años. Por ejemplo, las universidades nacionales no han podido cumplir con todos los objetivos propuestos porque sus ingresos no han sido invertidos, y el Gobierno no ha tenido la capacidad económica para adecuarlas al nuevo modelo debido a las circunstancias.
—¿Y en el caso de las privadas?
Han tenido moras importantes en el cobro de pensiones. Además, han reportado una deserción de casi 20% de su alumnado y se vieron obligadas a invertir para adecuarse al modelo de educación a distancia; sin contar que también capacitaron a docentes, estudiantes y personal administrativo para esta nueva modalidad. Son demasiadas situaciones, y habríamos sido inconsecuentes si no realizábamos la prórroga.
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—Si no ampliaban la vigencia del licenciamiento ya otorgado por dos años, ¿cuántas universidades licenciadas no habrían podido renovar su licencia? ¿Hablamos de muchas universidades que pasaron la primera etapa, pero no habrían superado la segunda?
Lo que debo aclarar es que el modelo dos no tiene como objetivo el denegar a más universidades, sino evaluar cómo han avanzados sus CBC. Si las instituciones tienen algún proyecto, maestría o doctorado que no funciona, se excluye dicho programa pero no pierden el licenciamiento institucional. La segunda etapa de la reforma no está orientada a denegar licencias, sino a ajustar.
—La mayoría de universidades debían renovar su licenciamiento recién al 2024 y 2025. ¿No es muy apresurado darles esta prórroga en el 2021?
No necesariamente. No se trata de prorrogar por prorrogar, hay una justificación. No sabemos cómo será el 2021, ya que probablemente se mantenga igual que el 2020. Y quizás esto se repita en el 2022. Cuando hicimos el estudio de justificación de esta prórroga, las universidades ya estaban pidiéndola.
—¿La reforma no se debilita con esta decisión?
De ninguna manera, porque la Sunedu se mantiene allí para verificar que las CBC sigan mejorando.
—Pareciera que la pandemia son años perdidos para la reforma universitaria.
No creo que podamos hablar de años perdidos. Son años que han paralizado un poco la reforma, porque esta requiere dedicación, nuevos recursos, programas de investigación.
La reforma y el nuevo gobierno
—El Comercio reveló que al menos 13 virtuales congresistas tenían vínculos con universidades denegadas o que debían renovar el licenciamiento al 2026. ¿Esta situación le preocupa como titular de la Sunedu?
Que el nuevo Congreso pueda tener fuerza política para presionar sobre la Sunedu no nos preocupa mucho, porque la Sunedu ha tenido presiones siempre. En el Congreso anterior ya hubo personas ligadas a estas instituciones y se registraron conatos para cambiar la Ley Universitaria y crear una instancia superior, modificar artículos y todo eso; pero nosotros lo hemos enfrentado en defensa de la institucionalidad. Somos un organismo técnico, no político.
—¿Tampoco le preocupa que haya sido elegido el señor José Luna Gálvez, dueño del consorcio Telesup?
Si el Congreso aprueba cualquier proyecto que atente contra la Ley Universitaria, será responsabilidad del Congreso por ser un instrumento que distorsione la reforma. A pesar de que hemos tenido congresistas, incluido Luna Gálvez, no se ha dado la posibilidad de cambiar las condiciones para que la Sunedu siga adelante.
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–Usted manifestó en enero que la Universidad Privada Telesup, con licencia denegada, se había declarado “en rebeldía”.
Telesup no cumplió con entregar su plan de cese progresivo y se encuentra al margen [de la norma]. Más que en rebeldía, continúa en inamovilidad para seguir funcionando.
–La Sunedu ha sido un tema dentro de la campaña electoral presidencial. Pedro Castillo ya señaló que revisará “su accionar”; y si bien Keiko Fujimori ha prometido que respetará su autonomía, las iniciativas de su bancada en el Congreso durante los últimos años han sido contrarias a la reforma. ¿Cómo toma estas posturas?
No voy a poder dar una opinión al respecto porque no es mi rol como superintendente de un organismo técnico. Opinar sería contaminar la autonomía e independencia de la Sunedu.
–Aunque su continuidad en el cargo dependerá del próximo Gobierno.
Estoy designado por tres años desde agosto del 2020. Sí, esto está sujeto al cambio de Gobierno y que desconozcan mi designación.
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