Estocada contra la Sunedu: cómo el último fallo del TC vulnera la reforma universitaria

La noche del último martes, el TC informó que declaró infundada la demanda contra la Ley 31520, denominada “Ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”; y el artículo 32 del Decreto Legislativo 1451. La citada ley, que recompone el consejo directivo de Sunedu para incluir a representantes de universidades en la tarea de fiscalizarse y autorizarse a sí mismos, había sido aprobada en el Congreso en julio pasado y promulgada pese a que un fallo del Poder Judicial disponía su inaplicación al considerarla una amenaza al derecho a la educación universitaria de calidad.

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Lo que siguió es que 33 congresistas, de bancadas como Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, entre otros, recurran en setiembre al TC. Según había advertido Sunedu, con ello pretendían ‘sacarle la vuelta’ a decisión del Poder Judicial que anulaba el proceso de aprobación de la norma.

Doble negación

Hasta el cierre de esta nota Sunedu no era notificada sobre el fallo del Tribunal Constitucional y se desconocía las implicancias exactas de la sentencia.

Sin embargo, expertos consultados por este Diario advierten que en la práctica respalda la posición antirreforma del Congreso y los intentos por vulnerar la Sunedu.

“Los magistrados del TC, en coordinación con los congresistas contrarios a la Sunedu, han encontrado de manera tramposa una forma de declarar la constitucionalidad de una norma”, señala Jorge Mori, especialista en políticas educativas, , exjefe de la Dirección General de Educación Superior, y director de Cappes (Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior).

Para Patricia Andrade, exviceministra de Gestión Pedagógica, aunque esta “no inconstitucionalidad” puede deducirse como constitucionalidad, aún queda esperar los detalles del fallo. “El tema de fondo es que la ley menoscaba la autonomía de Sunedu. La amenaza subsiste y esa es la mala noticia”, añade.

La Sunedu informó a El Comercio que agotarán todos los recursos legales para defender la reforma universitaria. De todas formas, esperan analizar la sentencia para decidir qué acciones tomarán.

Lo que reafirmaron es que existen dos fallos previos en los que el TC había declarado a la ley universitaria como “constitucional en todos sus extremos”.

Sobre este punto, Alberto Cruces, adjunto de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, recordó que, por lo menos desde el 2010, existe jurisprudencia que avala la independencia de Sunedu respecto a las universidades. “La misma existencia de Sunedu proviene de una sentencia del TC que dio cuenta del pésimo estado de la educación superior en el Perú. Creeríamos que el TC reciente no tendría por qué cambiar esa línea jurisprudencial”, dijo a El Comercio.

Queda pendiente que el Tribunal Constitucional admita a trámite la demanda de inconstitucionalidad que el 15 de diciembre presentó la Defensoría contra la misma norma. “La diferencia con la demanda de los congresistas es que planteamos que la ley aprobada es un retroceso en el avance en la búsqueda de mayor calidad universitaria. Nuestra argumentación va desde el derecho fundamental a la educación de calidad”, explica Cruces.

Problema de fondo

Los cuestionamientos a la Ley 31520 es que la práctica convierte a Sunedu en un modelo similar al de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) donde las universidades eran “juez y parte”.

Para entender el problema, Mori sostiene que tener a las universidades dentro del consejo directivo sería simular a que una empresa de telefonía integre el directorio de Osiptel o una petrolera de Osinergmin: “Es a todas luces un conflicto de intereses. Ahora existe un concurso público que se podría mejorar, es cierto, pero la solución no es eliminarlo”.

No es el único cambio. La norma también elimina al Ministerio de Educación como ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria y la facultad de dar normas para la supervisión de universidades. También se ordena la reactivación del Sineace (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa) sin cambios pese a que este organismo entró en reestructuración porque tal como estaba organizado antes de la Ley Universitaria tampoco garantizaba la independencia del organismo acreditador frente a los evaluados. “El Sineace fracasa porque tuvo graves problemas de conflicto de intereses. Se quiere reactivar sin recoger los aportes del propio organismo”, advierte Mori.

Asimismo, retira de las funciones de la Sunedu la facultad para licenciar programas académicos.

Actualmente está en curso el licenciamiento de los programas de medicina humana y se avanza en el reglamento para el licenciamiento de los programas de educación. Solo del primero se han licenciado 10 programas que involucran a más de 9.000 estudiantes, mientras que programas de 17 universidades se encuentran en proceso de adecuación de condiciones básicas de calidad. Si se confirma la nueva ley, todo esto se paraliza.