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ROSA AQUINO ROJAS
Redactora de Sociedad
Los vecinos del edificio Los Sauces, ubicado en la primera cuadra de la calle del mismo nombre en la urbanización Golf Los Incas, están decididos a denunciar al alcalde de Surco, Roberto Gómez Baca. Esto debido a que el burgomaestre se resiste a demoler una pared de ladrillos que fue construida en medio de la pista y que les impide dirigirse a las cuadras siguientes.
El 17 de octubre pasado la Defensoría del Pueblo exhortó a la Municipalidad de Surco a derribar el muro pues atenta contra el libre tránsito de las personas. Sin embargo, a la fecha la comuna sigue de brazos cruzados
Según la defensoría, la estructura pone en riesgo la vida de las 80 familias que habitan el edificio ya que en caso de incendios los bomberos no pueden acceder al hidrante que ha quedado detrás de la pared.
Así sucedió hace dos meses cuando se reportó un amago de incendio en ese inmueble, recordó Carlos Bobbio, presidente de la junta de propietarios.
“Al estar cerrada la calle los camiones de basura evitan ingresar porque luego no pueden dar la vuelta y salir. Tuvimos un problema con Sedapal y el camión tampoco pudo ingresar”, contó Bobbio. Lo mismo ocurre con los vehículos a cargo de dar mantenimiento a los jardines.
VECINOS ACUDIRÁN AL PODER JUDICIAL
El representante de los vecinos afectados aseguró que acudirán al Poder Judicial. “Ya hemos esperado demasiado. El martes cursaremos la última carta al alcalde y si persiste en su actitud procederemos con la denuncia”, sentenció Bobbio.
Recordó además que en enero del 2013 la propia comuna distrital había dispuesto a través de una resolución demoler la pared. Incluso se habían pegado los carteles anunciando la medida. Sin embargo, en junio del mismo año el concejo emitió otra resolución anulando lo actuado. “El argumento fue que no se sabía con exactitud quien había construido el muro”, dijo.
No obstante, Bobbio señaló que ese muro habría sido construido por la propia municipalidad a pedido de los vecinos de la urbanización contigua. "El muro se construyó hace dos años cuando empezaron los trabajos del edificio. El pretexto fue que los obreros podrían ingresar a las casas vecinas a robar", contó.
Por segundo día consecutivo, El Comercio solicitó ayer entrevistar el alcalde Gómez Baca, pero ni la encargada de prensa, Melissa Agüero, ni la asesora de alcaldía, Mari Pajuelo, atendieron nuestra solicitud.
HAY RESPONSABILIDAD PENAL
El abogado en temas municipales Julio César Castiglioni precisó que la Defensoría del Pueblo, como ente protector de los derechos fundamentales de las personas, puede formular denuncias penales.
“El alcalde Roberto Gómez Baca puede ser denunciado por violencia y resistencia a la autoridad y abuso de autoridad”, refirió. Agregó que los vecinos afectados pueden interponer un hábeas corpus contra el alcalde y los vecinos responsables.
“Las pistas son de uso público y nadie puede colocar rejas ni tranqueras. El Tribunal Constitucional dice que el derecho a la seguridad no faculta a impedir el libre tránsito del ciudadano”, dijo.