Desde S/90 mil en multas hasta conductores sin licencia: el temible historial de empresa del bus que chocó contra una valla metálica

Fue un choque tan violento que la baranda de seguridad vial terminó por atravesar el bus de punta a punta. Dos pasajeros fallecieron de forma instantánea, mientras que al menos otros 10 resultaron heridos. Una vez más las pistas de Lima se tiñeron de sangre y, aunque las causas del accidente aun están en investigación, la Vía Evitamiento y las unidades que por allí transitan vuelven a ser protagonistas de hechos fatales donde comúnmente coinciden la imprudencia del conductor y el mal estado del vehículo.

El bus que protagonizó el siniestro pertenece a la empresa de transporte Real Star, la cual en aspecto es muy similar a la conocida Etuchisa, popularmente llamada “El Chino”: color celeste, ruta (Puente Piedra - Villa El Salvador), tamaño, paraderos y más. Según comprobó El Comercio, las unidades de Real Star tienen en su haber un historial de “terror”, donde las infracciones y multas parecen ser pan de cada día, lo que explicaría el porqué de este nuevo accidente.

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En las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en la Vía de Evitamiento, en el distrito de Ate, se puede observar cómo la unidad de transporte público choca contra la baranda metálica, provocando que esta atraviese toda la unidad de aproximadamente 12 metros de largo.

La grabación muestra que a bus acercarse por el lado derecho de la autopista y deslizarse hasta impactar contra la baranda. Casi al mismo tiempo, una minivan que circulaba junto al bus logra esquivar a este y evita estrellarse.

Tras el fuerte choque, se ve cómo algunos pasajeros que resultaron ilesos escapan apresuradamente del vehículo para ponerse a buen recaudo.

El hecho ocurrió entre el peaje y el puente Santa Anita, aproximadamente a las 6:30 de la mañana de este jueves, en el sentido sur a norte de la Vía de Evitamiento. El bus, de placa F9Y-894, cubría la ruta Pachacámac - San Martín de Porres.

Este Diario analizó la placa del bus siniestrado (F9Y894) y verificó un significativo número de papeletas y multas a su nombre. Se verificó en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) si registra infracciones por no cumplir las normas de tránsito, a cuánto equivalen las multas y el estado de las licencias de los conductores.

En total, a dicha unidad de la empresa Real Star se le ha impuesto 9 papeletas entre el 2017 y el 2025, no habiéndose pagado ninguna. El monto de las multas es de 5.408 soles. Una de las infracciones más graves que se le impuso fue la N56: al no permitir acciones de control y fiscalización de la autoridad, dándose a la fuga o negándose a entregar la documentación requerida.

Cabe mencionar que las 9 papeletas fueron impuestas a tres conductores diferentes. Tras analizar el estado de sus licencias de conducir, se comprobó que solo uno mantiene su brevete vigente. Los otros dos tienen su licencia vencida y retenida, respectivamente.

Además del bus siniestrado, El Comercio analizó las placas de otras 13 unidades de la empresa Real Star que recorren la misma ruta. El resultado deja la siguiente interrogante: ¿cómo es posible que dichos buses sigan circulando por las pistas de Lima y que sus conductores gocen de absoluta impunidad?

Los 13 vehículos en mención acumulan un total de 110 papeletas por infracciones graves. Teniendo en cuenta que todas las unidades fueron captadas en un promedio de 2 horas, se estima que por cada 40 buses de Real Star, que circulan por la Vía de Evitamiento cada 6 horas, se registra poco cerca de 350 papeletas.

Sin embargo, eso no acaba ahí, pues cabe precisar que todas esas multas aún no han sido pagadas. Tras realizar el cálculo respectivo, se comprobó que a la fecha la deuda asciende a 90 mil 953 soles. Las unidades de placa C4E735 y F2C813 son las que mayores montos registran: 14.443 y 29.209 soles, respectivamente.

Entre las principales faltas cometidas por los conductores de estos 13 buses se encuentran las siguientes:

• (G47) Estacionar en un lugar que afecte la operatividad del servicio de transporte público, la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito.
• (G56) Recoger o dejar pasajeros fuera de los paraderos autorizados.
• (M03) Conducir sin tener licencia o permiso provisional.
• (M21) Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito.
• (L07) Utilizar la bocina para llamar la atención de forma innecesaria.
• (N14) Realizar el servicio de transporte público sin cumplir con la ruta, itinerario, recorrido o frecuencia, o sin llegar al paradero inicial o final.
• (N56) No permitir acciones de control y fiscalización de la autoridad, dándose a la fuga o negándose a entregar la documentación requerida.

Otro dato igual de importante, pues resalta el peligro que representan y el nivel de irresponsabilidad de los conductores de estos vehículos (38 en total), es que casi la mitad de ellos manejan sin brevete habilitado: 8 choferes presentan brevete suspendido, 6 no tienen licencia, 5 lo tienen cancelado, 3 lo tienen inhabilitado, otros 2 vencido y 1 retenido.

Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP, dijo a El Comercio que lograr una sanción firme y efectiva implica atravesar todo un círculo vicioso, el cual se inicia con la imposición de una papeleta por infringir las normas de tránsito, que a su vez origina un proceso administrativo sancionador realmente engorroso.

“Identificar al propietario, verificar que la infracción determine que hay responsabilidad solidaria con el propietario, así como los descargos, todo este procedimiento lleva un tiempo. Tiene que pasar un proceso muy engorroso para que la papeleta finalmente recaiga en una sanción firme, que a la vez se puede apelar en un proceso contencioso administrativo”, señaló.

Barreto indicó que cuando la papeleta llega ya a ser firme se inicia el procedimiento ejecutivo coactivo, un proceso que también es bastante engorroso. “Entonces, el infractor que conoce todo este sistema ya no va a pagar la papeleta, se muestra indiferente”, agregó Barreto.

Por su parte, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe, explicó que las multas impuestas por la policía y las actas de control que son impuestas por los inspectores de transporte resultan siendo, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, sanciones administrativas. Y como tales, están sujetas a la ley del procedimiento administrativo general. Al respecto, opinó que esta norma protege al administrado, pues exige a la autoridad cumplir exhaustivamente en notificar todos los procedimientos administrativos que corresponden, cuidando el debido proceso.

“Lamentablemente, esa “protección” es utilizado por los conductores o empresas para sacarle la vuelta a la ley y favorecerse. Lo que hacen es presentar un descargo dentro de los 5 días siguientes como señala la ley, aun sabiendo que cometieron algo indebido. El objetivo es neutralizar el pago. Luego siguen con el recurso de impugnación, de apelación, y una vez agotada la vía administrativa, dentro de los 3 meses siguientes, presentan el recurso de revisión de los actos administrativos ante el juzgado contencioso administrativo“, detalló.

Quispe aseguró que todos los los conductores terminan haciendo esta demanda judicial y para tal fin también se prestan abogados que ofrecen sus servicios. Ellos se encargan de presentar los recursos para que transcurran cuatro años y prescriban las infracciones. “Al final, todo queda en nada”, señaló.