Polémica por peajes: contratos no tuvieron el visto bueno del MEF pese a ley

Durante siete años, entre el 2009 y el 2016, la Municipalidad de Lima firmó dos contratos y cuatro adendas con OAS y Odebrecht para las concesiones Línea Amarilla y Rutas de Lima, que incluyen 18 peajes en la capital. Según Enzo Defilippi, ex viceministro de Economía durante el gobierno de Ollanta Humala (2015-2016), dichos documentos no contaron con el visto bueno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pese a que la ley lo solicitaba desde el 2008.

► Lima tiene 18 peajes: las alternativas de la comuna si quiere anular contratos
► George Forsyth: “La Victoria se proyecta a convertirse en una ciudad moderna”

Durante ese período no solo hubo una norma que exigía el requisito, sino cuatro. La primera era el Decreto Legislativo 1012, cuya base legal sirvió para firmar los contratos de Línea Amarilla en el 2009 (en la gestión del ex alcalde Luis Castañeda) y Vías Nuevas de Lima –hoy Rutas de Lima– en el 2013 (con la ex alcaldesa Susana Villarán).

En el numeral 9.3 de ese decreto se señalaba que el diseño final de los contratos requería la “opinión favorable” del MEF. Según Defilippi, también docente de Pacífico Business School, el problema con dicha norma era que la potestad de declarar nulo el contrato por la falta del visto bueno “era del Poder Judicial o la autoridad superior de quien lo había firmado; en este caso, el concejo municipal”.

Por ello, en el 2014 se publicaron dos modificatorias: la Ley 30167, que señalaba que la opinión favorable del MEF era requerida “sin excepción y bajo sanción de nulidad”, y la Ley 30264, la cual especificaba que no contar con este requisito hacía los contratos “nulos de pleno derecho” y quedaban sin efecto.

Castañeda asiste hoy al Congreso

El ex alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio se presentará hoy en la Comisión de Defensa del Consumidor del Parlamento para responder sobre contratos que se ejecutaron durante su segunda y tercera gestión. Había sido citado para el pasado viernes 10 de mayo, pero no acudió.
Castañeda afronta dos investigaciones fiscales preliminares: por el presunto favorecimiento a Lamsac, cuando se firmó la concesión Línea Amarilla, en el 2009, y el presunto favorecimiento a OAS, en el 2015.

A este marco legal se sumó el Decreto de Urgencia 006-2015, que dio un plazo especial para que todos los contratos que carecían de este requerimiento fueran evaluados excepcionalmente.

“Pero ninguno de los contratos de la Municipalidad de Lima [de concesión de peajes] ni la adenda que ampliaba el plazo de concesión de OAS de 30 a 40 años [firmada en el 2013] fueron enviados al MEF”, dijo Defilippi.

Al respecto, Rutas de Lima (adquirida en el 2016 por la canadiense Brookfield) indicó que el marco legal vigente al momento de la adjudicación del proyecto “no exigía que el contrato pase por opinión” del MEF. “El proyecto no involucraba recursos públicos ni el otorgamiento de garantías financieras por parte del Estado”, precisó.

—Puntos de vista—
Para Julio César Castiglioni, abogado especialista en temas municipales, la ausencia de dicho requisito en los contratos es un factor que puede ser utilizado por la comuna para evaluar la nulidad. Según explicó, el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley no es opcional, pese a que la norma no especifica textualmente su obligatoriedad. “La falta de opinión del MEF es un elemento para, por lo menos, pedir en arbitraje una medida cautelar para que se suspendan los contratos”, enfatizó.

Johnny Zas Friz, doctor en Derecho Público, considera que es debatible que este requisito haya sido vinculante, pues los contratos siguen vigentes a la fecha.

—A favor de revisión—
El presidente de la República, Martín Vizcarra, consideró que es válido revisar los contratos de concesión y su base legal. “Los peajes son una competencia estrictamente municipal. [...] Es absolutamente válido y responsable hacer una evaluación de la historia de esos peajes y se tome la mejor decisión”, manifestó.

El miércoles, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, dijo que evaluarán la nulidad de los contratos con OAS y Odebrecht, a raíz de sus vinculaciones con casos de corrupción. Según la fiscalía, Villarán –con prisión preventiva– recibió US$10 millones a cambio de suscribir acuerdos con las constructoras. Castañeda también es investigado por la fiscalía.