Qué se sabe del pacto de Bukele con la MS-13 para reducir los homicidios a cambio de beneficios, según EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos formuló una acusación contra 13 líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) por delitos de narcotráfico y crimen organizado, a quienes también se les señala de negociar con altos funcionario del gobierno de Nayib Bukele en El Salvador a cambio de beneficios.

Aunque la acusación fue presentada de manera formal ante el tribunal de Distrito de Nueva York el 22 de agosto de 2022, recién fue conocida públicamente el jueves de la semana pasada, luego de la captura de tres líderes de la pandilla MS-13 que se escondían y operaban en México y que se encuentran entre los 13 acusados.

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Esta acusación se divulga en un contexto de lucha sin cuartel en El Salvador contra las maras o pandillas, donde públicamente la mano dura es la principal estrategia del presidente Nayib Bukele para reducir al mínimo los índices de criminalidad.

Así, el viernes unos 2.000 pandilleros fueron trasladados a la nueva megaprisión que ordenó construir Bukele para albergar a 40.000 reos. Las imágenes de ese impresionante traslado dieron la vuelta al mundo.

64.512 personas

señaladas de ser pandilleros han sido detenidas en El Salvador desde el inicio del estado de excepción, el 27 de marzo del 2022.

“Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”, escribió Bukele en un mensaje en su cuenta de Twitter donde incluyó un video donde se ve a los pandilleros, esposados de pies y manos, ingresando a sus celdas.

El Salvador está a un mes de cumplir un año en estado de excepción, lo que ha limitado ciertas garantías ciudadanas y ha facilitado los arrestos masivos y la implementación de estrictas condiciones carcelarias para los integrantes de las maras. También se han denunciado abusos por parte de las fuerzas de seguridad y la detención de miles de personas inocentes.

En estos últimos meses, el presidente Bukele se ha jactado de la efectividad de su política de mano dura e incluso ha destacado la reducción de homicidios al mínimo en El Salvador, país que en años anteriores ha tenido a más de una ciudad en el ránking de las urbes más violentas del mundo debido a sus altas tasas de asesinatos.

Además, con los arrestos masivos del último año El Salvador ha pasado a tener una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo.

Pero lo que reflejan las últimas estadísticas sobre reducción de la criminalidad en El Salvador no sería solo producto de la política de mano dura de Bukele.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, desde el en 2019, año en el que se inicio el Gobierno de Nayib Bukele, el gabinete de seguridad pactó con los jefes de la MS-13 para darles un trato preferencial en las cárceles a cambio de reducir los homicidios en las calles de El Salvador. Ya antes, en el año 2020, el portal El Faro había revelado dicho pacto.

De acuerdo con el documento hecho público el jueves por el Departamento de Justicia, el Ejecutivo del presidente Bukele optó primero por una negociación durante al menos dos años para lograr una reducción de homicidios que beneficiara su popularidad y luego impulsó una guerra total contra las maras.

Lo revelado en Estados Unidos forma parte de un expediente judicial que está en el Distrito Este de Nueva York.

El documento de 42 páginas del Departamento de Justicia señala que después de las elecciones presidenciales en las que Bukele ganó, los líderes de la MS-13, entre los que figuran Borromeo Enrique Henríquez, alias ‘Diablito de Hollywood’; Elmer Canales Rivera, alias ‘Ladrón de Hollywood’; y Carlos Tiberino Ramírez Valladares, alias ‘Snyder de Pasadena’, se reunieron en secreto con funcionarios del Gobierno.

El Gobierno y los pandilleros se reunieron por largo tiempo en el penal de Zacatecoluca y en el de Izalco, así como en otros lugares.

Entre los funcionarios de gobierno que participaron en las reuniones se menciona al Director de Centros Penales, Osiris Luna; y al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín.

“Estas reuniones fueron organizadas por el Gobierno de El Salvador y funcionarios penitenciarios”, dice el documento.

En las reuniones también participaron pandilleros que estaban en libertad.

Según el expediente judicial, estos entraban a los penales con el rostro y brazos cubiertos para no mostrar su identidad y tatuajes. También se les dio credenciales que los identificaba como oficiales de inteligencia y eran escoltados por custodios de la Dirección de Centros Penales.

Henríquez y otros cabecillas de la banda fueron también llevados a hospitales civiles para recibir falsos tratamientos médicos, “lo cual permitió a esos líderes comunicarse con miembros de la ‘Ranfla de las Calles’”, que es el liderazgo de la MS-13 fuera de las prisiones.

De acuerdo con la acusación criminal, los funcionarios de Bukele lograron una drástica reducción de homicidios en el país para fortalecer su popularidad a cambio de beneficios carcelarios para los pandilleros, modificaciones de leyes y reducciones en las condenas.

“Como parte de estas negociaciones secretas, la Ranfla Nacional, la Ranfla en las Calles y la Ranfla en los Penales negociaron con oficiales de gobierno de alto nivel para beneficios financieros, control de territorios y condiciones menos restrictivas en las prisiones que les garantizaran a los líderes de la MS-13 mejor comunicación”, se lee en el documento.

La mara también prometió reducir el número de homicidios en El Salvador, pero lo único que hicieron fue desaparecer los cadáveres de sus víctimas, según la acusación.

La pandilla MS-13 también habría ofrecido ejercer su influencia entre sus miembros, sus familiares y habitantes de las comunidades que controlan para garantizar el triunfo del partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones de alcaldes y diputados realizadas en febrero del 2021.

Además, la pandilla MS-13 pidió la garantía de que sus líderes no serían extraditados a Estados Unidos.

Como señala el diario español “El País”, entre el 2021 y 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la extradición de 12 miembros de la MS-13 que forman parte de la cúpula de la pandilla. Sin embargo, hasta hoy, el Gobierno de Bukele no ha accedido a la petición.

Uno de los líderes solicitados en extradición es Elmer Canales Rivera, alias ‘El Crook’. Este pandillero fue capturado en El Salvador en febrero del 2021. Cuatro meses después, Estados Unidos pidió su extradición. Sin embargo, “el Gobierno de El Salvador liberó a Canales Rivera de la custodia, a pesar de la Notificación Roja de INTERPOL y la solicitud de extradición pendiente de los Estados Unidos”, señala el documento de la justicia de EE.UU.

El País indica que en mayo del 2022, El Faro publicó una serie de audios en los que se escucha a Carlos Marroquín, director de la unidad de Reconstrucción de Tejido Social, diciendo que él mismo había sacado a Crook de la cárcel y posteriormente lo fue a dejar a Guatemala para demostrar “lealtad y confianza” a la pandilla. Un año antes, El Faro también publicó que el Gobierno de Bukele negoció con las pandillas e intentó ocultar las pruebas.

Bukele no ha comentado sobre la revelación de la justicia de Estados Unidos. Pero en el pasado, tras la publicación de El Faro, Bukele dijo que era una de las notas “más ridículas que he visto” y subrayó que se trata de “información falsa”.