El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla durante una entrevista en Bruselas, el 20 de febrero de 2024. (Foto de Simon Wohlfahrt / AFP)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla durante una entrevista en Bruselas, el 20 de febrero de 2024. (Foto de Simon Wohlfahrt / AFP)
/ SIMON WOHLFAHRT
Agencia EFE
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El gobierno de pidió este jueves investigar por posible mal uso de fondos públicos al número dos de la cuestionada fiscalía, entidad que en 2023 puso en riesgo la transición presidencial.

La denuncia fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas (fiscalizadora del Estado) por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, en contra el secretario general del Ministerio Público (MP, Fiscalía), Ángel Pineda.

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“Por instrucciones del presidente Bernardo Arévalo vengo a denunciar ante la población y la Contraloría el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero”, dijo Guerrero en rueda de prensa.

Detalló que Pineda el 16 de noviembre de 2021 solicitó en un oficio al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) fondos para pagar “un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas guatemaltecas exiliadas en el extranjero”.

Pineda justificó entonces que los abogados serían contratados para “la defensa de los intereses del Estado a pesar que en ese oficio sólo se presentan publicaciones realizadas en redes sociales”, agregó Guerrero.

El ministerio de Finanzas asignó de “forma urgente recursos financieros adicionales por 461.600 quetzales mensuales (unos 60.000 dólares)”, dijo.

“La estrategia propuesta por ese bufete fue sometida a aprobación por la actual fiscal [general] Consuelo Porras”, quien encabezó la cruzada judicial contra Arévalo que puso en riesgo que pudiera asumir el poder en enero pasado.

Según Guerrero, el bufete estuvo contratado los años 2021 y 2022.

Unos 30 periodistas, jueces y fiscales anticorrupción se han exiliado por la persecución emprendida por Porras.

El pasado viernes, el gobierno de Arévalo denunció penalmente por “incumplimiento de deberes” a Porras, quien se aferra a su cargo a pesar de los pedidos del mandatario de que dé un paso al costado.

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El presidente carece de facultades para remover a Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por “corrupta”.

Arévalo ganó ampliamente las elecciones de 2023 con la promesa de combatir la corrupción, uno de los males del país, lo que encendió las alarmas de la élite político-empresarial que controlaba Guatemala.

La comunidad internacional atribuye a este temor los esfuerzos de la fiscal para tratar de sacar del camino a Arévalo con polémicas investigaciones contra él y su partido Semilla.

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