¿Procesar o no a Donald Trump por el asalto al Capitolio? Un dilema cargado de consecuencias

¿Debería ser procesado Donald Trump por sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos?.

La pregunta se cierne sobre Washington tras la serie de audiencias del comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021 que dejó cinco muertos.

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La respuesta, además, tiene carácter de urgencia dado que Trump, de 76 años, ha dado pistas de querer postularse a la Casa Blanca de nuevo en 2024.

La decisión recae esencialmente en el fiscal general Merrick Garland.

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A continuación, un vistazo a los posibles cargos -y consecuencias políticas- que deberá sopesar Garland si decide enjuiciar a Trump:

Los potenciales cargos  

Durante ocho audiencias públicas televisadas, el comité de la Casa de Representantes presentó una hoja de ruta  a ser potencialmentte seguida por el departamento de Justicia:

Trump sabía que había perdido la elección -sus consejeros se lo dijeron y sus jugadas legales no iban a ninguna parte-, pero continuó insistiendo en que el demócrata Joe Biden le “robó” la victoria.

Trump presionó a funcionarios electorales en Georgia para “encontrar” los votos que necesitaba para ganar y trató de forzar al entonces vicepresidente Mike Pence para que no certificara los resultados electorales en la ceremonia del Congreso, el 6 de enero de 2021.

Trump convocó a sus seguidores en Washington y los invitó a “pelear con todo”, en un discurso incendiario cerca de la Casa Blanca.

Luego, se recostó durante tres horas y vio por televisión cómo sus leales partidarios atacaron violentamente el Capitolio en un intento por bloquear la certificación de lo a victorias de Biden.

Analistas legales dicen que Trump podría enfrentar al menos a dos cargos: “conspiración para defraudar a Estados Unidos”, por buscar la anulación de los resultados electorales, y “obstrucción de un procedimiento oficial” por el ataque al Capitolio.

Ese último cargo es el que más se les ha imputado a cientos de seguidores de Trump que fueron arrestados por irrumpir en el recinto del Congreso.

Las consecuencias políticas

Además de los efectos legales, un proceso sin precedentes contra un exmandatario posiblemente causaría un terremoto político en un país que ya está brutalmente polarizado entre demócratas y republicanos.

“Imputar a un pasado y tal vez futuro adversario del actual presidente sería un cataclismo del que la nación no se repondría pronto”, dice Jack Goldsmith, quien fue asistente del fiscal general en la administración de George W. Bush.

“Sería visto por muchos como una retaliación política”, opina Goldsmith en una columna de el diario The New York Times, y añade que amenazaría con “encender aún más la ya ardiente acritud partidista”.

Otros juristas sostienen que no acusar a Trump sería igualmente perjudicial.

“Admito que acusar a un ex presidente generaría mucho calor social, tal vez violencia”, dijo el profesor de derecho de Harvard Laurence Tribe. “Pero no acusarlo invitaría a otra insurrección violenta”.

Rich Lowry, editor de la publicación conservadora National Review, dijo que el enjuiciamiento sería “un traspié catastrófico” y “podría incluso darle un impulso político” a Trump.

El fiscal general

El fiscal Garland, ha sido preguntado frecuentemente sobre sus intenciones pero evitó dar pistas.

Dijo recientemente que la investigación del 6 de enero es la “más importante” que ha tenido el Departamento de Justicia y que debe “hacer lo correcto”.

“Debemos hacer rendir cuentas a cada persona responsable de delitos por tratar de anular una elección legítima”, dijo Garland. “Nadie está por encima de la ley”.

Exfiscal y juez, Garlan, de 69 años, fue designado fiscal general por Biden luego de que se le negara un asiento en la Suprema Corte en 2016, por parte de un Senado entonces controlado por republicanos.

Garland tiene reputación de cauteloso y escrupulosamente justo, lo que incluso hace especular que podría designar a un fiscal especial para el caso de Trump con el fin de evitar cualquier indicio de conflicto de interés.

Tribe, que fue profesor de Garland en Harvard, dijo creer que el fiscal general finalmente imputará a Trump.

“Él dijo que iría hasta lo más alto si las pruebas apuntaran a ello, y es justamente hacia donde apunta ahora”, dijo Tribe a CNN. “Pienso que lo más probable es que sea acusado”.

La defensa de Trump 

Trump, quien fue acusado por la Cámara por la insurrección del 6 de enero y luego absuelto por el Senado, se dedicó durante semanas a despotricar contra la que llama una “Corte Canguro” (tribunal ilegal) partidista.

Trump acusó en junio al comité de “hacer una burla a la justicia”.

“Se han negado a permitir que sus opositores políticos participen en este proceso, y han excluido a todos los testigos exculpatorios, y a cualquiera que fácilmente señale las fallas en su versión”, dijo.

“Los demócratas han creado la narrativa del 6 de enero para distraer de una verdad mucho más grande e importante: que las elecciones fueron amañadas y robadas”, acusó.

William Banks, profesor de derecho de la Universidad de Syracuse, dice que los fiscales deben probar no solo que Trump fue “culpable más allá de toda duda razonable, sino que tuvo una intención de violar la ley”.

“No solo que obstruyó el procedimiento parlamentario haciendo que fuera virtualmente imposible contar los votos y certificar la elección, sino que era justo eso lo que intentaba hacer”, explica Banks.

Los abogados de Trump, dice Banks, podrían rebatir la acusaciones presentando a su defendido como “un patriota que realmente creyó que le habían robado las elecciones y que trataba de salvar al país”.