Venezuela acusa a Trinidad y Tobago de ayudar a Estados Unidos en “robo” de buque petrolero

Venezuela acusó el lunes a Trinidad y Tobago de ayudar en el “robo” de un buque cargado con petróleo venezolano que Estados Unidos incautó la semana pasada, en medio de las maniobras militares de Washington en el Caribe, según un comunicado de la vicepresidencia.

Estados Unidos implementó en agosto un operativo antinarcóticos en el Caribe que ha contado con el apoyo de la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, aliada del gobierno de Donald Trump.

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Caracas informó que tuvo “conocimiento pleno sobre la participación del gobierno de Trinidad y Tobago en el robo del petróleo venezolano” con “el asalto de un buque que transportaba este producto estratégico de Venezuela” el 10 de diciembre.

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“Este acto de piratería constituye una grave violación del derecho internacional y una franca transgresión a los principios de libre navegación y de comercio”, agregó el texto publicado en la plataforma de mensajería Telegram de la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

En un mensaje enviado a la AFP, Persad-Bissessar dijo que no está “perturbada por el comunicado” de Caracas, al tiempo que pidió al gobierno venezolano “dirigir sus quejas al presidente Trump”.

El mandatario republicano anunció la semana pasada que su país había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela, en una medida sin precedentes en la crisis entre Washington y Caracas.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro lo consideró un “acto de piratería internacional”.

Maduro había suspendido en octubre los acuerdos energéticos con Trinidad y Tobago, después de que el archipiélago acogiera un buque de guerra estadounidense para ejercicios militares conjuntos.

Ahora, en el comunicado difundido el lunes, ratificó la decisión y ordena “extinguir” todo trato con el gobierno trinitense.

“El Gobierno venezolano ha decidido extinguir de manera inmediata cualquier contrato, acuerdo o negociación para el suministro de gas natural a ese país”, indicó la misiva.

“Ni una gota”

Trinidad y Tobago anunció este lunes que permitirá a aeronaves militares estadounidenses utilizar sus aeropuertos en las próximas semanas para “movimientos de carácter logístico”.

En noviembre también instalaron un radar en el archipiélago con apoyo estadounidense.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, advirtió en una rueda de prensa el lunes que las acciones del gobierno trinitense ponen “en peligro las buenas relaciones, pero también pone en peligro a su propio pueblo”.

El principal recurso de Venezuela es el crudo, que ha estado sometido a un embargo estadounidense desde 2019.

Esto obliga al país a colocar su producción en el mercado negro a precios sensiblemente más bajos, destinada en particular a países asiáticos.

“No se podrán llevar ni una gota de petróleo. Aquí hay petróleo, pero tienen que pagarlo”, recalcó Cabello.

La petrolera estatal Pdvsa denunció en la mañana un “ataque cibernético dirigido a detener su operatividad”, aunque la acción solo perjudicó los sistemas administrativos, según un comunicado publicado por la empresa.

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Sin señalar autores concretos, responsabilizó a “intereses extranjeros” y acusó nuevamente a Estados Unidos de querer “hacerse con el petróleo venezolano”.

Sanciones prorrogadas

Horas antes, la Unión Europea (UE) decidió prorrogar hasta enero de 2027 sanciones contra integrantes del gobierno venezolano que han estado vigentes desde 2017. La medida incluye un embargo de “armas y equipos destinados a la represión interna”.

El bloque sustentó su decisión en las “persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de derecho, así como de las continuas violaciones de los derechos humanos y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática”.

Venezuela ha registrado recientemente un incremento de lo que defensores de derechos humanos califican como “detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas”. Hay al menos 889 “presos políticos”, según la oenegé Foro Penal, defensora de la mayoría de los casos.

En las últimas dos semanas, el servicio de inteligencia venezolano (Sebin) detuvo a José Elías Torres, secretario general del mayor sindicato del país; a Nicmer Evans, director del medio digital Punto de Corte; y a Melquiades Pulido, dirigente del partido liderado por la opositora María Corina Machado.

Caracas rechazó la renovación de las sanciones europeas, a las que tacha de “medidas coercitivas unilaterales”.

“Tras años de aplicación, esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorando de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas” con la UE, indica un comunicado emitido por la cancillería.