Buenos días.
Hay pedidos que pintan de cuerpo entero a quien los solicita. Una cosa es ejercer temporalmente un cargo y otra querer apropiarse de todos los privilegios que este conlleva. La solicitud del presidente interino José María Balcázar para acceder a una pensión vitalicia refleja, una vez más, la escasez de sentido común de quien ocupa interinamente la Presidencia de la República.
Balcázar pertenece a esa clase política que parece entender el poder como una suma de beneficios personales antes que como una responsabilidad temporal frente a los ciudadanos. Su pedido pertenece a esa lógica.
El encargado de la presidencia sostiene que ejerció “de forma efectiva” la Presidencia de la República y que, por ello, merece recibir los mismos beneficios que quienes llegaron al cargo mediante una elección popular. Pero el problema no es si estuvo sentado en el despacho presidencial, si firmó documentos oficiales o si representó al Estado. El problema es qué mensaje transmite un funcionario que, después de apenas cinco meses en el poder, coloca como prioridad asegurarse una renta permanente financiada por todos los peruanos. Y si esa pensión se determinara por la eficiencia con la que ejerció el cargo, Balcazar le debería dinero al tesoro público.
Gobernar no debería ser una vía rápida para acumular privilegios.
El caso de Valentín Paniagua, utilizado por Balcázar como precedente, no sirve para justificar su pedido. Paniagua no fue recordado por haber ocupado Palacio de Gobierno durante unos meses, sino por haber encabezado una transición excepcional después del derrumbe del régimen de Alberto Fujimori. Su gobierno tuvo una misión histórica: recuperar la confianza en las instituciones y devolverle al país un proceso electoral legítimo.
La situación de Balcázar es otra. No recibió un país en una crisis institucional comparable. Asumió la Presidencia como consecuencia de una sucesión política y para completar un período ya iniciado. Comparar ambos escenarios es desconocer el contexto y convertir una excepción histórica en una excusa para obtener un beneficio.
El propio Congreso ya definió en contra del criterio de Balcázar. En el 2022, una opinión consultiva aprobada por la Comisión de Constitución sostuvo que la pensión vitalicia debía otorgarse a presidentes elegidos por voto popular y que completaran el mandato constitucional. Bajo ese razonamiento, ni los presidentes interinos ni quienes llegaron al cargo por sucesión tendrían que acceder al beneficio.
Gobernar también consiste en saber cuándo un derecho solo debería alcanzar a algunos y no convertirse en un privilegio indefendible para otros.
Hasta la próxima semana.
