La confianza en el sistema judicial peruano está por los suelos, según una reciente encuesta de Ipsos, apenas el 14% de la población confía en el Poder Judicial. Esta crisis de confianza, alimentada por la inseguridad, la impunidad, la corrupción y la ineficiencia, ha abierto una puerta peligrosa: la “Justicia Pirata”. Este fenómeno, lejos de ser una solución rápida, es un sistema privado de resolución de disputas que, distorsionando el concepto de arbitraje, amenaza los cimientos de nuestro sistema de resolución de conflictos legales.
El arbitraje es una alternativa legítima y eficiente a los tribunales judiciales, diseñado para resolver disputas comerciales y de derechos de libre disposición. Permite a las partes establecer las reglas y elegir a los árbitros, y el proceso es mucho más rápido. Generalmente, se recurre a centros de arbitraje especializados que proporcionan reglas, listas de árbitros y tarifas preestablecidas.
Sin embargo, la flexibilidad del arbitraje, sumada a la desesperación de la gente por resolver sus problemas, ha sido aprovechada por “centros de arbitraje piratas” y abogados inescrupulosos que se presentan como árbitros. Estas entidades no respetan las normas básicas del debido proceso y su objetivo principal es “hacer caja” y dar resultados a quien los contrata, rompiendo principios fundamentales como la imparcialidad e independencia.
Estos centros de arbitraje “piratas” realizan actividades como resolver controversias, embargar y rematar bienes, desalojar propiedades, ejecutar laudos, entre otras muchas, a menudo contra personas que ni siquiera se han sometido a su competencia mediante un convenio arbitral, valiéndose de engaños para someter a los ciudadanos a sus procedimientos. Las víctimas quedan en una situación de gran vulnerabilidad económica y jurídica.
La proliferación de árbitros y centros de arbitraje es llamativa, y para el ciudadano común, es muy difícil distinguir los serios y profesionales, de los oportunistas y corruptos. Al respecto cabe precisar que el Registro Nacional de Árbitros y de Centros de Arbitraje (RENACE), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, es un registro de carácter meramente informativo y publicitario, su función es solo hacer pública la información sobre árbitros y centros de arbitraje a nivel nacional, sin fiscalizar ni realizar una debida diligencia para otorgar el registro, no instituye mecanismos de transparencia que permitan distinguir entre centros fraudulentos o ineficientes y los que operan correctamente. A pesar de sus limitaciones, el RENACE nos da un dato revelador: actualmente tiene inscritos a 4988 árbitros y 321 centros de arbitraje. En comparación, el Poder Judicial cuenta con aproximadamente 3534 jueces (sin incluir jueces de paz), esto significa que, hoy por hoy, ¡ya tenemos más árbitros que jueces en el país!
Una de las medidas para atacar este problema es proporcionar herramientas accesibles que ofrezcan información detallada sobre la trayectoria y reputación de los árbitros y centros de arbitraje, así como la verificación de su legitimidad. La creación de opciones eficientes para que las víctimas puedan reclamar por los daños ocasionados, estableciendo vías rápidas para la reparación, sin perjuicio de las acciones penales que correspondan contra quienes actúen al margen de la ley, es otro camino para contribuir a combatirlo.
La “Justicia Pirata” es una preocupación creciente, y no podemos darnos el lujo de esperar que nuestras autoridades sean las que propongan el remedio, y con su conocida perspicacia para las soluciones simplistas, terminen desmantelando el arbitraje legítimo. Con nuestras autoridades, nunca se sabe; y muchas veces lo que mal empieza, con ellos termina peor: esa es una paradoja constante.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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