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El dilema de la manzana podrida, por Roberto de Michele

“La nulidad de las Asociaciones Público-Privadas abre complejas negociaciones legales con muchos actores”.

Roberto de Michele Especialista principal de la División de Innovación y Servicios Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo

manzana podrida

(Ilustración: Giovanni Tazza)

¿Qué hacemos cuando encontramos una manzana podrida en una cesta? Según el viejo dilema, algunos deciden tirar la cesta, otros solo la manzana podrida.

Algo así parece estar ocurriendo en nuestra región con los contratos de asociación público-privada (APP). Frente a las situaciones de corrupción relacionadas con estos contratos, se ha puesto sobre el tapete declarar la nulidad de los contratos y cancelar los proyectos de APP vinculados a los hechos ilícitos. Este tipo de decisiones se basa en el principio de tolerancia cero, que tiene tanto bases legales como éticas.

Cuando la única opción que se nos presenta frente a un hecho de corrupción es declarar la nulidad de una APP, es el equivalente a arrojar a la basura la manzana podrida junto con las manzanas sanas. Esta opción, además, nos está mostrando una serie de consecuencias sociales y económicas negativas que conviene analizar con cuidado. Las APP suelen usarse para financiar los grandes proyectos de infraestructura y por su naturaleza generalmente requieren un gran número de subcontratistas, proveedores y trabajadores. La nulidad del contrato viciado por corrupción, en términos legales y prácticos, arrastra a todos. No solo a la manzana podrida.

Que quede claro: aquí todos estamos de acuerdo en que la corrupción tiene que ser sancionada. La responsabilidad de las personas –y en algunos países, también de las empresas– por estos actos ilícitos no está en cuestión. Lo que discutimos aquí son las consecuencias del enfoque de tolerancia cero. ¿Cuáles son?

Para las empresas que no son responsables y habían comprometido sus recursos con otras firmas, proyectado sus inversiones y contratado personal, implica la pérdida del negocio. Muchas de estas empresas, vale la pena decirlo, tomaron financiamiento con entidades bancarias, por lo que la nulidad del contrato las deja no solo sin dinero, sino también con una larga lista de obligaciones y deudas.

Para los ciudadanos aparecen múltiples frustraciones. A la baja confianza en el gobierno, se suma el descontento de no contar con importantes obras de infraestructura en tiempo y forma. Al final del día, las APP son carreteras, tendidos eléctricos, dragados de ríos, y otras obras que los ciudadanos y el sector privado necesitan y que se ven postergadas, a veces, por tiempo indefinido.

También a los gobiernos se les presentan serios desafíos. La nulidad de las APP abre complejas negociaciones legales con muchos actores, no solo aquellos que fueron hallados responsables de pagos ilegales. Además, el gobierno debe buscar cómo reemplazar al contratista corrupto. Eso lleva tiempo, ocasiona demoras y, en muchos casos, incrementa los costos.

Según algunas fuentes, en Perú el escándalo de Odebrecht ha desencadenado la paralización de varias obras y la destrucción de más de 15.000 empleos. La agencia de calificación Moody’s anticipa que –aun sin el cálculo definitivo– el impacto económico y social del caso será negativo. Algunas fuentes de Brasil están calculando que, como resultado de los hallazgos del caso Lava Jato, se ha generado una paralización de obras por un monto de US$27.000 millones. Y la lista continúa.

¿Qué se puede hacer para evitar estos efectos negativos? Desde el Banco Interamericano de Desarrollo acabamos de publicar un estudio, “Efectos de la corrupción en los contratos de APP: Consecuencias del enfoque de tolerancia cero”, que plantea medidas alternativas para sancionar y apartar a las empresas constructoras que no juegan limpio sin tener que paralizar los proyectos de inversión completos.

Se propone combinar un enfoque proporcional que, además de la nulidad del contrato, incluya la posibilidad de imponer multas, sancionar empresas y proveedores, remover personal directivo, nombrar veedores, inhabilitaciones futuras, involucrar a terceros independientes y a la sociedad civil, entre otras.

Estas medidas deberían ir acompañadas de marcos regulatorios con disposiciones sobre integridad y corrupción que incluyan esta gama de remedios y la identificación de una agencia pública con capacidad de implementar las soluciones.

Es importante entender que el valor de una APP trasciende al uso específico que se le va a dar a la obra en cuestión (sea una carretera, un aeropuerto o un hospital). Cuando una APP finaliza con éxito, el sector privado confirma que puede continuar invirtiendo en infraestructura, los bancos tienen la certeza de que no hay problema en seguir suministrando créditos y los trabajadores duermen con la seguridad de que no van a perder sus empleos.

La inversión en infraestructura es un eje fundamental en la economía de cualquier país. Por eso, cuando se trata de corrupción en grandes obras de infraestructura, vale la pena tener recursos para separar a la manzana podrida y salvar el resto de la cesta con las manzanas sanas.

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