¿Prioridad o promesa?

Han pasado cuatro años desde el inicio de la pandemia y la educación en el país sigue arrastrando brechas profundas. El acceso limitado a la tecnología y la insuficiente formación docente mantienen las desigualdades en las escuelas públicas. ¿Cuánto más deberá esperar el sector para recibir el apoyo que necesita? Si pretendemos que la educación sea una fuerza niveladora en las oportunidades y el logro de potencialidades, es crucial enfocar la asignación educativa presupuestal del 2025 al servicio de la educación.

Cuando hablamos de demandas urgentes, no podemos dejar de lado la importancia del acceso a la tecnología en las escuelas, que ha pasado de ser un complemento a un elemento esencial en la educación, pero que, a su vez, sigue resaltando las enormes desigualdades. En secundaria, tres de cada diez escuelas públicas aún no cuentan con Internet, y en regiones como Ucayali y Loreto, el ratio de estudiantes por computadora es alarmante: 39 y 38, respectivamente, según el Censo Educativo 2023. La falta de infraestructura tecnológica no solo excluye al estudiantado de una educación con más oportunidades de desarrollo, sino que también perpetúa el ciclo de pobreza y marginación.

Igualmente, el rol docente en la era digital enfrenta grandes desafíos, pues, además de formar competencias como el pensamiento crítico y el aprendizaje colaborativo, los docentes son guías esenciales que acompañan a los estudiantes en este proceso. Sin embargo, hasta el 2023, cinco de cada diez docentes carecían de habilidades para el uso de tecnologías de la información, limitando su efectividad en este rol. Por lo tanto, es necesario fortalecer la formación continua docente para integrar la tecnología de manera eficaz y adaptar las experiencias educativas a las necesidades estudiantiles.

Por otro lado, los resultados de la prueba PISA 2022 revelan una crisis de aprendizaje: tres de cada cuatro jóvenes de 15 años en la región carecen de habilidades matemáticas básicas, y uno de cada dos en lectura. Bajo esa óptica, las estrategias deben abordar problemas estructurales con reformas que incluyan competencias digitales avanzadas, metodologías de aprendizaje basadas en proyectos y habilidades claves como empatía y resolución de conflictos en un mundo interconectado.

La educación es la mejor inversión para un desarrollo sostenible, ya que forma ciudadanos capaces de enfrentar los retos de un mundo digitalizado y en cambio constante. Las políticas públicas deben priorizar la equidad y calidad educativa, ampliando el acceso a la tecnología y ofreciendo formación docente alineada con las necesidades estudiantiles en todos los contextos.