Así está bien Reactiva Perú, por Iván Alonso

Dos son las críticas que se le han hecho a Reactiva Perú, el programa de préstamos garantizados con el que el Gobierno trata de evitar que las empresas interrumpan los pagos a sus empleados y proveedores mientras dura el estado de emergencia. Se ha criticado el límite por empresa, fijado inicialmente en lo que sea menor entre un mes de ventas y más o menos tres meses de planilla. Esto perjudicaba a las empresas más intensivas en mano de obra, y ha sido corregido. Ahora el límite es la mayor de esas dos cantidades. Se ha criticado también que la garantía del Gobierno, que es la esencia del programa, no cubra el 100% de los préstamos que otorguen los bancos y demás entidades financieras. En esto el Gobierno no ha dado marcha atrás (por ahora).

Hay argumentos a favor y en contra de una garantía por el 100%. A favor está que cualquier garantía por menos del 100% obliga a los bancos a hacer una evaluación crediticia de los prestatarios. Eso puede demorar y, en la medida en que demore, restarle efectividad al programa. Peor aún, dicen los críticos, hay empresas que podrían quebrar mientras se evalúan sus solicitudes.

Esa, nos parece, es una posición tremendista. Si alguna empresa quiebra, no será por la demora en acceder al programa. No hay nadie en este momento que vaya a jalarle la alfombra, como se dice. Nadie que quiera hacerse de sus bienes para cobrarse una deuda porque en este momento no tiene a quién vendérselos. Lo peor que puede pasar es una cesación de pagos hasta que se reciba el préstamo de Reactiva Perú o hasta que termine la cuarentena y la empresa reinicie sus actividades. Es verdad que entretanto la empresa se descapitaliza y pierde plata. Pero los préstamos no reducen las pérdidas; solamente evitan que se trasladen a los empleados y proveedores.

Más peso tienen los argumentos en contra de una garantía total, que son dos. El primero es que no tiene sentido, pensando en la salud de la economía del país y su eventual recuperación, sostener a empresas que van a quebrar porque no va a haber una demanda que las justifique. La ayuda debe ser para empresas ilíquidas, no inviables. Quienes mejor pueden juzgar la viabilidad de sus negocios son los bancos que las conocen. Si se quiere proteger a los trabajadores, se les puede dar una ayuda directa; no es necesario prestarles plata a empleadores que no van a poder repagar.

El segundo argumento en contra de una garantía total es el llamado riesgo moral. Lo de moral no tiene que ver, en este caso, con principios y valores, sino con incentivos. Los bancos tienen que tener algo en juego para hacer bien su tarea. Su tarea no es solamente evaluar a las empresas que buscan acceder al programa, sino verificar el cumplimiento de las condiciones del mismo y realizar las gestiones de cobranza. Si una empresa finalmente no paga, el Gobierno devuelve la parte garantizada del préstamo al Banco Central de Reserva, que es el que provee los fondos. Pero la otra parte, que no está garantizada y que va del 2% al 20%, sale del capital del banco intermediario; es una pérdida para el banco intermediario. Eso concentra su atención en hacer un buen análisis y un buen seguimiento. De otra manera, Reactiva Perú podría llenarse de malas deudas y dejaría de ser un programa de garantías para convertirse en un simple programa de subsidios empresariales.