Incentivos perversos

Pepe y Pancho son dos empresarios. Microempresarios, para ser más precisos. Ellos empezaron una barbería hace 10 años y les fue tan bien como socios que decidieron hace 10 meses abrir una chicharronería en el local de al lado. Uno de los incentivos que los convenció a crear una nueva empresa y lanzarse al rubro alimentos fue el régimen del 8% de IGV para las microempresas y pequeñas empresas. Con mucho esfuerzo han logrado una clientela estable y aunque aún no están en azul, están confiados de que en unos meses más lograrán el punto de equilibrio. Ya planean incluso abrir un segundo local. Tienen 18 trabajadores en planilla, no tienen préstamos y todo ha sido a puro esfuerzo.

Hasta que el viernes les llegó una citación de la Sunat, que les informaba que ellos, al ser grupo económico, estaban excluidos del beneficio del 8% del IGV. Y tendrían que pagar la diferencia más una multa. El negocio no lo sostiene y ellos no entienden qué significa ser grupo económico. Hicieron todo bien. Quisieron ser formales, generar puestos de trabajo, pagar impuestos y contribuir al desarrollo del país. Pero el sistema atenta contra el formal y, por ello, han decidido cerrar la chicharronería y dejar sin trabajo a las 18 personas que tenían en planilla y perder lo invertido.

Así es como el Estado Peruano atenta contra el desarrollo empresarial. Y no hablamos de grandes empresas, sino de microempresas y pequeñas empresas, aquellas que hacen un esfuerzo enorme en mantenerse formales y que representan el 99% del total de las empresas en el país y generan el 87% del empleo total en el sector privado.

Las normas en el Perú no responden a la realidad de los sectores, no buscan impulsar el crecimiento económico y el desarrollo de las empresas, por el contrario, las condenan al enanismo empresarial a través de incentivos perversos que generan beneficios tributarios o laborales para mantenerse pequeñas. Uno de los grandes retos es que la mypes son menos productivas que las empresas medianas o grandes y así perdemos la oportunidad de lograr un mayor desarrollo económico y social.

Es cierto que muchos empresarios buscan sacarle la vuelta a la ley, para mantener los beneficios creando varias pequeñas empresas en lugar de permitir que una crezca. Es lo que ocurre en el sector minero cuando en un solo grupo se crean varias empresas para para tenerlas a todas en el régimen de Pequeño Productor Minero (PPM).

Pero la norma del 8% del IGV se dio como un beneficio para impulsar la reactivación económica de aquellas mypes del rubro restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. Y entonces, si el mismo grupo de empresarios crea varias empresas en este rubro para obtener el beneficio del 8%, hace sentido que la Sunat los acote, porque como el caso de los pequeños productores mineros, el objetivo es sacarle la vuelta a la ley. Pero qué sentido tiene considerar que dos empresarios que tienen una barbería y una chicharronería son un grupo económico y que por ello no les aplica el beneficio.

Pepe y Pancho saldrán del mercado, porque esta interpretación de la Sunat no les permite competir en igualdad de oportunidades con el resto de chicharronerías y restaurantes de la zona que sí se acogen al 8% del IGV. Así castigamos a los inversionistas que se atreven a poner sus ahorros y pedir préstamos para hacer empresas. Y destruimos inversión y perdemos ingresos para el Estado y puestos de trabajo. Y, lo que es peor, quienes operan en la informalidad son invisibles para la autoridad.