Parafraseo a Milan Kundera porque me parece curiosa la expresión “el peso de la ley”. Sabemos que la carga por no cumplir con el “debe ser” es mayor en algunas sociedades que en otras. Pero es algo difícil de medir porque no existe un sistema internacional –como el métrico– que nos permita calibrar cuánto gravita la norma en una sociedad. Si existiera podríamos considerar a los sistemas legales al igual que las categorías del box y clasificarlos como de peso mosca, pluma, wélter, mediano o pesado. Así tendríamos una idea más clara de cuánta carga deberán soportar aquellos que les cae una ley encima. Creo, sin embargo, que la mayoría en el Perú considera que nuestras normas sufren de una insoportable levedad.
¿A qué se debe? A pesar de ser un tema complejo, creo que nuestra difícil relación con las normas se explica sobre la base de factores culturales, estructurales y sociopolíticos.
Empecemos con los que muchos denominan nuestra “cultura de transgresión” (“todo vale”) que normaliza no respetar las normas. Lo hace desde el presidente que contrata subrepticiamente, hasta el fulano que me cruzo todos los días que se mata de risa porque tiene su mascarilla en la mano. Son las grandes empresas coludidas, pero también el puesto de Polvos Azules que vende pirata, bamba y contrabando. Son los intelectuales que saludan este desmadre en nombre de la libertad del mercado o la revolución. Peor aún, admiramos al vivo y denigramos al que respeta las normas (quedado, pavo, zonzo, cojudo). Pululan entre nosotros tantos criollos que debemos cuidar permanentemente nuestras espaldas. ¡Oh, sorpresa! Estamos entre los cuatro países más desconfiados del mundo en la más reciente Encuesta Mundial de Valores.
Sigamos con el problema estructural: la debilidad de nuestras instituciones. Estas son las encargadas de velar, monitorear y sancionar el cumplimiento del ordenamiento legal. Sin embargo, en la historia nacional, los grupos de poder siempre han querido instituciones raquíticas para practicar “hecha la ley, hecha la trampa”. Si añadimos a esto tres décadas de “simplificación administrativa” neoliberal, terminamos con instancias con poco presupuesto, sin mayor cobertura nacional, gestionadas por cuadros con escasa capacitación y alto grado de corrupción.
Finalmente, nos topamos con las razones sociopolíticas y la principal es nuestra débil ciudadanía. Nos cuesta trabajo vernos como sujetos de derechos y deberes. Es por eso que muchos prefieren autoridades que “roban, pero hacen obras”. Estamos dispuestos a recibir migajas y sentirnos agradecidos, razón por la cual el clientelismo y el populismo predominan en nuestra política.
Estos rasgos culturales, estructurales y ciudadanos se retroalimentan y generan la sensación de que no tenemos solución. Y es ahí cuando el fatalismo nos lleva a la más triste y miserable sentencia: “así somos los peruanos”. Pero como he insistido en otras columnas, esto no es cierto. En muchos momentos y lugares respetamos las normas y sabemos bien el peso que tienen. Son los micro-órdenes que dan estabilidad a nuestras vidas: la familia, la universidad, el centro comercial, la empresa, el barrio y los amigos. El gran reto es llevar este peso al macro-nivel.
Para hacerlo debemos modificar cultura, estructura y ampliar/fortalecer a la ciudadanía. Dejemos de admirar a tanto vivo que “sabe hacerla” y rescatemos –como hemos hecho durante la pandemia– a los verdaderos héroes: aquellos que se sacrifican por los demás. No demos marcha atrás en el fortalecimiento de nuestras instituciones, pensemos en cuanto orgullo sentimos cuando vimos a la Sunedu cerrar centros estafadores o a la fiscalía denunciar a tanto sinvergüenza. Impidamos que la crisis sanitaria y política sean utilizadas para los que quieren dar marcha atrás y regresar a la impunidad.
¿Y la ciudadanía? Seamos plenamente conscientes de que tenemos iniciativa ciudadana, sino hubieran sido imposible algunas de las gestas democráticas más importantes en los últimos diez años. Algunas veces en defensa de la institucionalidad, otras contra el autoritarismo y muchas más a favor de los derechos ciudadanos. En cada una de ellas se exigía que se aplicara el peso de la ley porque es lo que garantiza la igualdad prometida por la democracia. Nos falta cuajar esta energía en organizaciones y esfuerzos sostenidos.