
Dos recientes sucesos han remecido la actividad privada: la caída del puente Chancay y el desplome de un techo en el ‘mall’ Real Plaza en Trujillo. Ambas tragedias seguirán siendo materia de investigación y debate, y la profunda pena que han provocado tardará en disiparse.
Es que la relación entre la inversión privada con el contexto y la acción política plantea una serie de impactos que pueden marcar los 13 meses que nos separan de las elecciones para renovar el liderazgo presidencial, en abril del año próximo. Visto así, no se trata de temas menores.
Por lo pronto, tanto a nivel regulatorio como legislativo, seguramente nos enfrentaremos a un desborde de alarde de controles, sin que su efectividad o el interés por poner al ciudadano a salvo sean el centro del esfuerzo. Habrá inspecciones por todos lados; no obstante, son acciones que, lamentablemente, en muchas ocasiones, terminan animando aún más la corrupción.
Ciertamente, no debe aspirarse a la eliminación de los controles, nada más alejado de nuestras intenciones, sino a una optimización de la regulación estatal, que permita modificar prácticas que se han normalizado. Algo que ya planteó Santiago Pedraglio cuando sostiene que “el reto es reformar estas instituciones y transformar su cultura de no colaboración y burocratización calculada, en la que suele germinar la corrupción” (El Comercio, 23/2/2025).
Pero aún más delicadas son las coyunturas cuando estas desgracias corresponden a espacios gestionados por privados, lo que inevitablemente pone en cuestión la gestión corporativa en su conjunto y, con ella, el modelo económico en el que se desarrollan. Al hacerlo, solo se consigue dar munición a los críticos del sistema, que periódicamente vuelven al ataque.
Otra consecuencia indeseable es el deterioro de la confianza en la empresa privada. Una encuesta del IEP (julio 2024) reportaba resultados divididos: 54% expresaba su desconfianza (poco: 33%; nada: 21%), mientras que 44% opinaba lo contrario (confiaba mucho: 11%; o algo: 33%). El “nada” tenía picos en el norte (27%), sur (28%) y el NSE D/E (29%).
Con este telón de fondo, la agenda electoral podría experimentar algún cambio, trasladando la mira en la inseguridad a la agenda económica, donde también se halla inserta la actividad privada. Candidatos que quieran aprovechar el río revuelto estarán a la orden del día.
No le falta razón a Juan Carlos Tafur cuando señala que “los candidatos antisistema se presentan como la alternativa que, en su exasperación, halla en el discurso populista y radical una respuesta al clamor de las masas, esas que, hastiadas de promesas incumplidas, ven en ellos el último refugio ante el colapso” (Sudaca, 25/2/2025).
Toda muerte es una tragedia. Pero cuando aterriza en el espacio público genera condiciones que marcan el quehacer político. La tragedia de estos días no será la excepción.

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