Mucho gasto, poco cuidado

En el Perú, solemos discutir el presupuesto de salud como si el problema fuera únicamente de monto. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto más hay que asignar? Pero esa discusión hace rato que no alcanza. La pregunta es si estamos logrando que cada sol invertido en salud se traduzca en mejores resultados para los pacientes. Y la respuesta es negativa.

Este debate cobra especial relevancia en la antesala de las elecciones del 2026, cuando volverán a multiplicarse las promesas de mayor gasto social. Sin embargo, un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo, presentado durante el XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025 y elaborado con la colaboración de Videnza Consultores, confirma lo que millones de peruanos viven en carne propia: el gasto público en salud ha crecido de manera sostenida, pero los resultados sanitarios no han mejorado en la misma proporción. El problema no es solo financiero; es estructural.

Además, el Perú atraviesa una profunda transformación epidemiológica. Hemos dejado de ser un país dominado por enfermedades infecciosas para convertirnos en uno donde predominan enfermedades crónicas como cáncer, diabetes e hipertensión, que requieren atención continua, controles periódicos y medicamentos de por vida. A ello se suma un envejecimiento poblacional acelerado y una población asegurada que crece de manera sostenida. Sin embargo, el sistema sigue diseñado para un país que ya no existe.

El presupuesto en salud ha aumentado a una tasa cercana al 8% anual entre el 2018 y 2024, pero los indicadores sanitarios clave no acompañan ese esfuerzo. La anemia infantil permanece estancada. Y casi seis de cada 10 cánceres se detectan cuando ya están avanzados, momento en el que el tratamiento es más costoso y las probabilidades de supervivencia son menores. En términos de avances en políticas, los resultados no son tampoco alentadores. Por ejemplo, el avance de la historia clínica electrónica en el primer nivel de atención apenas alcanza el 14% de los establecimientos.

Uno de los nudos críticos está en la forma como se asignan los recursos. En un sistema de salud eficiente, el primer nivel de atención debería atender entre el 80% y el 85% de la demanda. El nuestro apenas resuelve el 40%, y el resto termina colapsando hospitales de segundo y tercer nivel (especializados) con consultas ambulatorias que podrían resolverse fuera de ellos. Mientras esta distorsión persista, ningún incremento presupuestal será suficiente.

Otro inconveniente es que cerca del 98% del presupuesto del subsector salud es rígido o semirrígido, lo que deja a los gestores con un margen mínimo para reasignar recursos hacia donde más se necesitan. Quien gobierna hoy la toma de decisiones no son los resultados, sino la inercia.

La evaluación tampoco cumple su rol. Las últimas evaluaciones integrales del gasto en salud se realizaron en el 2015. Estamos administrando miles de millones de soles sin retroalimentación sistemática sobre su impacto real en la salud de las personas. En política pública, decidir sin evaluar es decidir a ciegas.

El problema se agrava por la fragmentación del sistema y una descentralización mal resuelta. El Ministerio de Salud, Essalud, las sanidades, el sector privado y los gobiernos regionales operan sin una rectoría efectiva. El Minsa emite normas, pero no controla su ejecución ni sanciona la ineficiencia. La descentralización, que buscaba eficiencia y equidad, terminó por reproducir y ampliar desigualdades territoriales. Y cuando el sistema no responde, quien paga es el ciudadano: siete de cada diez personas que necesitaron atención no la obtuvieron oportunamente y terminaron recurriendo a farmacias o boticas. El gasto de bolsillo se ha convertido en un verdadero impuesto a la enfermedad.

En el camino hacia el 2026, el debate fiscal no puede reducirse a quién promete más gasto. La pregunta que deben responder quienes aspiran a gobernar es otra: ¿cómo van a hacer que cada sol en salud valga más? Eso exige una gobernanza fuerte del Ejecutivo, una rectoría efectiva del Minsa, presupuestos basados en necesidades reales, sistemas de información interoperables, una profunda corrección de la descentralización y evaluaciones periódicas con consecuencias. Prometer más recursos sin corregir estas fallas no es justicia social, sino irresponsabilidad política. Tengámoslo en cuenta cuando emitamos nuestro voto.