Competitividad empresarial

El ambiente para hacer negocios en el Perú se enfrenta a múltiples desafíos que influyen directamente en la competitividad y el crecimiento. De acuerdo con las ‘enterprise surveys’ del Banco Mundial, que buscan conocer las experiencias de las organizaciones que funcionan en el país, uno de los principales factores que afectan a las prácticas empresariales es la falta de flexibilidad en ciertos aspectos claves, como la obtención de servicios básicos, la competencia con empresas informales y las restricciones normativas. Estos desafíos son un obstáculo para la eficiencia, la innovación y la creación de empleo, elementos necesarios para impulsar el desarrollo económico y social del país.

Como indica el Banco Mundial en su informe, un ambiente de negocios flexible es aquel que alienta a las organizaciones a operar eficientemente, incentivando la innovación y el aumento de la productividad. Cuando las empresas se desempeñan en un entorno favorable, tienen la capacidad de crecer, generar empleo y contribuir con impuestos, lo que es básico para la inversión pública en áreas como salud, educación y otros servicios esenciales. Sin embargo, en el Perú, el entorno empresarial enfrenta varios obstáculos que limitan estas oportunidades.

Uno de los desafíos más destacados es la demora en la obtención de servicios básicos. Según lo registrado en las encuestas, en el Perú se necesitan 54 días para obtener una conexión eléctrica y 60 días para una conexión de agua, en comparación con los 47 y 36 días que se requieren, respectivamente, en promedio en Latinoamérica y el Caribe. Estos tiempos de espera pueden afectar la capacidad de las compañías para operar de manera eficiente desde sus inicios. Para muchas empresas, este tipo de demoras aumenta los costos y la incertidumbre, lo que desalienta tanto la inversión como el emprendimiento.

La informalidad es otro factor que afecta negativamente el entorno empresarial en el país. El 58% de los encuestados indicó que compite con negocios informales, lo que representa una barrera para las organizaciones que actúan dentro del marco de la ley. Las empresas informales evitan cumplir con las regulaciones y tributos que las reguladas deben asumir, lo que genera una competencia desleal. Los negocios formalmente registrados están obligados a cumplir con una serie de normas y reglamentos que suelen establecer los gobiernos, lo que implica mayores costos operativos.

Por otro lado, mientras el Perú logra una ventaja en los tiempos para obtener una licencia de importación (15 días frente a los 25 del promedio en Latinoamérica), está en desventaja en otros trámites. En el país se necesitan 162 días para obtener un permiso de construcción, mientras que el promedio regional es de 74. De manera similar, obtener una licencia para operar toma 118 días, el doble de lo registrado en el continente.

A estos desafíos se suma la inestabilidad política, que limita la capacidad de las empresas para desarrollarse en un entorno predecible y seguro, como lo indica el 47% de los empresarios consultados. La falta de continuidad en las políticas económicas y la incertidumbre sobre el futuro de la regulación empresarial generan inseguridad en el sector privado, lo que ralentiza el flujo de inversión y limita el crecimiento empresarial a largo plazo.

La burocracia excesiva y normativas ineficaces desalientan no solo a las empresas locales, sino también a la inversión extranjera directa. La falta de agilidad y flexibilidad en la administración pública para facilitar los trámites necesarios para que las organizaciones operen con normalidad también promueve la informalidad. Las compañías, en lugar de centrarse en expandir sus actividades y generar crecimiento, deben dedicar tiempo y recursos significativos a navegar un sistema burocrático complejo. Por lo tanto, atraer inversión y fomentar el crecimiento requiere implementar reformas que simplifiquen los trámites, reduzcan la burocracia y mejoren el entorno empresarial en el Perú, creando un marco más ágil y competitivo para las organizaciones.