Editorial: Irresponsabilidad de alto vuelo

Entre todas las malas ideas de política económica que experimentó el país en los años setenta y ochenta, una de las peores sin duda fue la expansión de las empresas y los monopolios públicos. Solo en 1988, las operaciones de las empresas estatales no financieras perdieron el equivalente al 5% del PBI de dicho año.

La actual Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, sin embargo, tiene poca memoria de largo plazo. Con nueve votos a favor y uno en contra, el grupo de trabajo aprobó la propuesta presentada por su presidente, el congresista Luis Simeón Hurtado (Acción Popular), para declarar de interés nacional la creación de una aerolínea estatal. De acuerdo con el proyecto de ley, se busca que una “línea aérea de bandera de bajo costo designada por el Perú garantice la integración vía aérea de las regiones apoyando el comercio exterior y turismo”.

La iniciativa arrastra varios problemas de diversa índole. El primero, ya referido, es el pésimo historial que tiene el Estado Peruano para administrar empresas. En el caso particular de Aero-Perú, la anterior línea aérea de bandera, esta acumulaba US$100 millones en pérdidas a inicios de los años noventa. Pero no es siquiera necesario remontarse décadas para encontrar ejemplos. Basta con analizar las experiencias recientes de empresas como Sedapal y otras EPS, o Petro-Perú. En no pocas ocasiones, por eso mismo, las compañías públicas peruanas terminan fungiendo de agencia de empleos para personas bien conectadas y de fuente de corrupción. Vale preguntarse aquí en qué medida el Estado Peruano, que no fue capaz de rentar un avión que trajese las vacunas desde China, estará en capacidad de manejar una aerolínea entera.

En segundo lugar, las ineficiencias y pérdidas de las empresas públicas son –directa o indirectamente– asumidas por los contribuyentes. De acuerdo con el texto aprobado por la comisión, el capital inicial sería de US$75 millones. Es inevitable cuestionar si una inversión de esta naturaleza debe ser prioridad en el actual contexto de déficit fiscal elevado, contracción de la economía y gastos adicionales que se deben hacer para enfrentar la pandemia.

En tercer lugar, la propia pandemia hace de esta idea una especialmente inoportuna. Más de 40 aerolíneas se han declarado en quiebra en el último año alrededor del mundo en medio de la crisis más profunda de la industria desde que se tiene registro. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el sector habría perdido alrededor de US$118 mil millones en el 2020, y podría perder US$38 mil millones adicionales en el 2021. ¿Es realmente una buena oportunidad de inversión para los contribuyentes entrar en un negocio de altísimo costo de entrada, gran complejidad y perspectivas futuras pobres? Si se quiere promover mayor conectividad entre las regiones –objetivo importante dentro de la estrategia de desarrollo del país–, existen rutas mucho menos onerosas y arriesgas, como la promoción de más competencia entre aerolíneas o el subsidio público de vuelos a zonas remotas.

En suma, la propuesta de la comisión del Congreso no solo es arriesgada y torpe, sino también profundamente desconectada de las necesidades del país en momentos de crisis. El Legislativo tiene muchos asuntos urgentes por discutir en este contexto; la creación de una aerolínea de bandera definitivamente no es uno de ellos.