Esta semana se conoció que la fiscal Mary Huamán solicitó 16 años de cárcel para Vladimir Cerrón por supuestamente haberse coludido con representantes del consorcio que se adjudicó la construcción y mejoramiento del hospital El Carmen en Junín cuando fue gobernador regional de dicho departamento. Esta semana, también, el Ministerio Público abrió otra investigación contra Cerrón por haber autorizado el pago de S/30 mil al suboficial Carlos Zárate, el mismo que, según reveló Latina, fue captado prestándole un irregular servicio de resguardo cuando el efectivo estaba asignado a la seguridad personal del actual gobernador de Junín. Y esto solo por hablar de los últimos días.
Como se sabe, Cerrón también enfrenta otra investigación por el Caso Los Dinámicos del Centro, una adicional por lavado de activos (que incluye al partido político Perú Libre) y una más por terrorismo (junto con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el congresista Guillermo Bermejo). Además de un caso de malversación de fondos en el proyecto Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro por el que la fiscalía ha solicitado 2 años y 11 meses de pena privativa de la libertad en su contra.
El paso lógico que sigue en todos estos casos es que el Ministerio Público siga adelante (en algunos procesos, creemos, las evidencias son bastante sólidas) sin interferencias ni presiones de ningún tipo. Y es aquí donde vale hacer un llamado de alerta, pues, como hemos visto en el poco más de un mes de estrenado el gobierno de Perú Libre, Cerrón ha demostrado tener bastante poder sobre el presidente Pedro Castillo –quien, recordemos, llegó a calificarlo durante la campaña como un ‘perseguido político’– y el Gabinete Ministerial, por lo que el riesgo de que existan presiones sobre la policía y los fiscales a cargo de las causas que hemos mencionado no es baladí.
Que las autoridades sepan, sin embargo, que si alguien intenta ponerle cortapisas a su trabajo contarán con el respaldo de la ciudadanía.
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