Actuar de inmediato

La salida del ahora extitular del Interior Mariano González tras solo dos semanas en el cargo constituye prácticamente una autoinculpación del presidente Pedro Castillo en varios de los casos por los que el Ministerio Público lo investiga.

El renunciado ministro, como dijimos ayer, había dado señas de estarse tomando en serio la tarea de ubicar a los prófugos Juan Silva (exministro de Transportes y Comunicaciones), Bruno Pacheco (exsecretario de Palacio) y Fray Vásquez Castillo (sobrino del mandatario). Los tres están directamente vinculados con la presunta corrupción existente en las licitaciones del MTC y Petro-Perú, o con el presunto tráfico de influencias que habría existido en los procesos de ascenso de la PNP y las Fuerzas Armadas, por lo que la remoción de González no admite otra lectura que la de ser un intento por bloquear el esfuerzo de capturarlos.

Como es evidente, lo sucedido traerá cola. Por lo pronto, ya motivó la renuncia del flamante jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), general PNP César Vallejos Mori. Y si no supone la desactivación del grupo especial de la policía que acababa de ser creado para apoyar las investigaciones que atañen al entorno del mandatario a cargo de la fiscal Marita Barreto, es seguro que por lo menos sí su neutralización.

Así las cosas, es imprescindible que tanto el propio Ministerio Público como el Congreso reaccionen de inmediato. El primero, recogiendo los datos que este nuevo escenario aporta a sus indagaciones; y el segundo, tomando las medidas políticas que la circunstancia exige. Felizmente, ayer hemos conocido acciones en ese sentido: la fiscalía citó al exministro González “para tomar su declaración por los hechos relatados que configurarían presuntos actos delictivos” y la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, anunció el adelanto de su regreso al país desde Panamá y coordinó con la vicepresidenta del Legislativo, Lady Camones, la convocación de Junta de Portavoces con el claro propósito de abordar la materia. Asimismo, la Comisión de Fiscalización adelantó para hoy la sesión en la que escuchará la versión del exministro González sobre la forma y las razones de su separación del cargo.

La representación nacional, sin embargo, no puede quedarse solamente en eso y esperar impávida a que el mandatario se presente el 28 de julio en el hemiciclo para pronunciar su mensaje con “sorpresas”; máxime, después de las embozadas amenazas del titular de Justicia sobre un eventual cierre del Congreso y las alusiones del propio presidente Castillo sobre los “zánganos de la política tradicional” a los que quiere “quitarles la mamadera”. Si los motivos para sostener que existe en él una incapacidad moral permanente estaban antes a la vista, ahora resultan ya ineludibles.

No hay que olvidar, además, que esta no es la primera vez en la que Castillo intenta socavar los esfuerzos para que la acción de la justicia se mantenga lejos de él. Recordemos, solo para hacer un repaso rápido, la arbitraria destitución del entonces procurador general Daniel Soria en febrero luego de que este lo denunciara ante el Ministerio Público precisamente por el Caso Puente Tarata III, la denuncia de que impidió una diligencia fiscal en Palacio a finales del año pasado o los constantes recursos planteados por su defensa para frustrar las dos investigaciones por corrupción –las que, de por sí, constituyen una vergüenza sin atenuantes– que vienen realizándose en el Ministerio Público.

Tampoco olvidemos su tendencia a conducirse de manera opaca, sin pronunciarse sobre los prófugos del Gobierno, sin dar entrevistas a la prensa, impulsando una ‘ley mordaza’ para condenar los detalles de sus investigaciones al silencio y –ahora– sin haber dicho una sola palabra sobre la salida de González y las graves denuncias que este formuló luego de ser defenestrado del cargo.

Desde este Diario, señalamos en febrero que su renuncia era lo mejor para el país. Seguimos pensando lo mismo. Y si él, sin embargo, decidiese seguir aferrado al poder para continuar obstaculizando los avances de la justicia en su contra y en la de sus allegados, entonces le corresponde al Congreso estar a la altura de las circunstancias. Porque esta situación de envilecimiento de los valores y la institucionalidad en el país ya no da para más.