En el Congreso siguen sin enterarse de la mala imagen que les genera el afán de bloquear el acceso de la prensa a los ambientes en los que se tramita asuntos que competen a los ciudadanos, supuestamente en nombre de ellos. Como se sabe, desde el inicio de la pandemia, hace ya más de dos años, la presencia de los reporteros en el Palacio Legislativo fue prohibida, y con justa razón. Como en cualquier otro lugar frecuentado por cientos de personas, existía allí el riesgo permanente del contagio. Y si aun con esas precauciones ha habido integrantes de esta y de la anterior representación nacional que resultaron infectados por el virus, es de imaginar cuál podría haber sido el cuadro si las referidas no hubiesen sido adoptadas.
Los momentos más agudos de la crisis sanitaria, sin embargo, ya pasaron. Aunque todos sabemos que no debemos bajar la guardia ante el COVID-19, la severidad de las medidas de protección se ha podido relajar gracias a la extensión del proceso de vacunación, y así, muchos negocios y hasta lugares de diversión han podido volver a abrir sus puertas al público.
En el Parlamento, no obstante, la política de puertas cerradas o solo semiabiertas ha continuado. Los periodistas tienen hasta ahora que cumplir con sus labores de informar sobre lo que ocurre en las instalaciones del Poder Legislativo a la distancia y solo sobre la base de lo que las cámaras instaladas por el propio Congreso transmiten. A los representantes mismos, por otra parte, solo se los puede entrevistar cuando ellos se avienen a asomarse a la plaza Bolívar o algunas calles aledañas. Una situación que, como es obvio, no contribuye a la transparencia que sería deseable entre quienes llevan adelante una labor tan delicada para el país.
Desde diversas tribunas y a lo largo de ya muchos meses se ha venido reclamando, sin éxito, un cambio de política al respecto de parte de la Mesa Directiva que encabeza la señora María del Carmen Alva. Su áspera reacción ante los cuestionamientos a las medidas restrictivas que su administración ha impuesto ha dado, a decir verdad, que pensar. Es cierto que no ha sido ella la única en mostrarse reacia al retorno de los reporteros al hemiciclo y al hall de los Pasos Perdidos, pero sí la más enfática.
Lo feble de las razones aducidas hasta ahora para sostener este estado de cosas –la falta de un informe del Indeci sobre la seguridad en las galerías desde las que se puede observar lo que sucede en el hemiciclo– se puso en evidencia hace poco con ocasión de una celebración de Acción Popular en el local del Congreso a la que una multitud de invitados pudo asistir sin que nadie planteara objeciones como la mencionada.
Ante la presión para que esa actitud sea dejada de lado, ayer el Legislativo ensayó una solución con cuentagotas: permitir la entrada de los hombres y mujeres de prensa a las sesiones de las distintas comisiones y la celebración de entrevistas en la sala Héroes Defensores de la Democracia, siempre y cuando, además, estos cuenten con las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 (a pesar de que, al día de hoy, existen congresistas que no han completado el esquema de vacunación). Una fórmula que, en el fondo, no soluciona nada, porque lo realmente importante es que la ciudadanía pueda conocer de cerca lo que sucede en el hemiciclo, así como las declaraciones espontáneas de los congresistas que pasan por el hall de los Pasos Perdidos (en un comunicado divulgado por la oficina de comunicaciones, dicho sea de paso, se subraya que ofrecer o no declaraciones “será potestad de cada parlamentario”).
Esas dos opciones, sin embargo, continúan siendo negadas a los reporteros, por lo que no pocos de ellos han preferido no aceptar esta especie de concesión menor y permanecer, más bien, en la plaza Bolívar hasta que la Mesa Directiva les permita realizar su trabajo adecuadamente. Mientras tanto, la demanda de mayor transparencia seguirá en pie.