Desde que se instaló, hace aproximadamente 14 meses, el Poder Ejecutivo liderado por Pedro Castillo ha hecho costumbre aprovechar sus presentaciones en el extranjero para dibujar una imagen imprecisa, por decir lo menos, del estado de la política peruana. En concreto, se han esforzado por retratar los problemas del Gobierno y la crisis institucional que nos aqueja como el resultado de los vicios de otros y no como la consecuencia de sus propias acciones.
Como se recuerda, por ejemplo, en mayo de este año, en Davos y con ocasión del Foro Económico Mundial, la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, aprovechó los micrófonos para culpar a la derecha por no dejarlos “gobernar en paz”.
Como no podía ser de otra manera, el presidente Pedro Castillo, a propósito de su viaje a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha continuado con esta tradición. Por ejemplo, el lunes, un día antes de su presentación ante el organismo internacional, en una reunión con un grupo de empresarios e inversionistas, el jefe del Estado se refirió a cómo la corrupción “se ha institucionalizado en todos los estamentos del Gobierno y en el Estado Peruano”. Asimismo, aseguró que “el tema de censuras e interpelaciones” llevadas a cabo por el Parlamento “retraen o retrasan el trabajo” que su gestión trata de llevar a cabo.
En general, el mensaje del Gobierno más allá de nuestras fronteras, y con respecto a nuestro perpetuo estado de crisis, es uno que bien podría resumirse en un ‘con nosotros no es’. Una versión que cualquier extranjero medianamente informado sobre lo que ocurre en nuestro país difícilmente podría creer, pero que para los peruanos no es más que una engañifa.
Con respecto al flagelo de la corrupción, por ejemplo, es claro que este alcanza al Gobierno debido principalmente a, como vienen demostrando los avances de las investigaciones en la fiscalía, las acciones del presidente y su entorno. A poco más de un año de iniciada esta gestión, hay por lo menos cinco personas cercanas al mandatario y su familia que han admitido haber participado en actividades reñidas con las normas y que ahora colaboran con el Ministerio Público, que ya ha abierto seis pesquisas contra Pedro Castillo. Uno de los delatores, Bruno Pacheco, ha sido incluso secretario general de Palacio de Gobierno.
Sobre el papel de la oposición en el Parlamento, dar a entender que esta supone una fuerza fiscalizadora tenaz es simplemente una mentira. Hasta ahora, la atomización e incompetencia que han demostrado las bancadas que la componen ha permitido que un gobierno hundido en sombras pueda salir bastante bien librado. Más bien, la falta de calidad y exceso de prontuario entre los miembros del Gabinete ha debido demandar más severidad que la exhibida. Sin embargo, ministros como Geiner Alvarado (a quien recién se le censuró la semana pasada), Juan Silva (hoy prófugo de la justicia) y hasta Hernán Condori (el ministro de Salud que promovía seudomedicamentos y tratamientos oncológicos de manera irresponsable) permanecieron en el puesto más tiempo del que merecían.
En todo caso, si la interrupción del trabajo de los miembros del Gabinete está complicando el trabajo del Ejecutivo, la responsabilidad recae más en este último que acumula más de 70 de ellos en poco más de un año. El Legislativo solo se ha animado a censurar a cinco.
El gobierno de Castillo, más que preocuparse por elaborar coartadas a su favor en el extranjero, debería preocuparse por mejorar la imagen que se tiene del país más allá de nuestras fronteras. Eso pasa por reconocerse como parte importante del problema y, por supuesto, por manejar con seriedad la política exterior. El desprestigio de Torre Tagle bajo esta administración, la dilapidación de la predictibilidad y el uso del poder para beneficiar a amigos, familiares y hasta criminales, no contribuye a este fin. Más bien, abona a todo lo contrario.