Editorial: En la contrarreforma, hermanos

Ayer, la Comisión de Educación del Congreso, presidida por el congresista Esdras Medina (Renovación Popular), avanzó peligrosamente en la ofensiva contra la reforma de la educación superior en el país en una sola tarde. En primer lugar, con los votos a favor de ocho legisladores de las bancadas de Perú Libre, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular, se aprobó un predictamen que agrupa cuatro proyectos de ley y que, grosso modo, propone que se les dé un plazo de dos años a las universidades privadas asociativas (es decir, sin fines de lucro) cuya licencia fue denegada por la Sunedu para que puedan cumplir con las condiciones básicas de calidad que no pudieron acreditar en todo este tiempo.

Como es evidente, de aprobarse finalmente esta ley en el pleno, se estaría dando un trato preferente para que estas instituciones educativas que no pudieron adecuar sus servicios a los estándares básicos exigidos por la autoridad (algo que, a la fecha, sí han hecho más de 90 universidades en todo el país) dispongan de una prórroga exclusiva. Pero eso no es todo.

En un segundo momento, con el apoyo de parlamentarios de Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso, el grupo de trabajo aprobó en la misma sesión el predictamen que, bajo el pomposo nombre de “Ley que restablece la autonomía universitaria en el Perú”, busca reconfigurar el consejo directivo de la Sunedu para darles presencia a representantes de las universidades públicas y privadas que cuentan con un rector; en buena cuenta, estamos pues frente a un retroceso hacia el desfasado esquema bajo el que operaba la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR), que quedó enterrado con la reforma universitaria.

Es difícil creer que no existe una asociación entre esta ofensiva contra la reforma y el hecho de que, como informó nuestra Unidad de Periodismo de Datos “ECData” dos meses atrás, al menos 25 representantes del actual Congreso tienen vínculos con universidades cuyo licenciamiento fue denegado por la Sunedu (el caso más llamativo es el del legislador de Podemos Perú José Luna Gálvez, dueño de tres de estas universidades), mientras que, hasta octubre pasado, 15 legisladores habían recibido en sus despachos a rectores y representantes de cuando menos seis de estas casas de estudios.

Es cierto que no es esta la primera vez en los últimos años en la que, desde el Congreso, se busca socavar la reforma universitaria y la labor de la Sunedu en beneficio de intereses nada encomiables. Lo que sí ha cambiado es que hoy el oficialismo parece estar muy lejos de ser ese muro de contención que ha venido siendo en los últimos tiempos frente a los embates de la contrarreforma. Algo insólito, por decir lo menos, toda vez que quien lidera el Gobierno basó su campaña sobre su imagen como profesor.

Esto no solo porque, como mencionamos al inicio, Perú Libre ha sido uno de los partidos políticos que ha votado a favor de las iniciativas aprobadas ayer en la Comisión de Educación, sino principalmente porque la administración del presidente Pedro Castillo ha nombrado ministro de Educación a Carlos Gallardo, cuya posición en contra de las evaluaciones a los maestros (que buscan instaurar un mínimo de meritocracia en la carrera pública magisterial) es ampliamente conocida.

Por lo demás, no es esta la primera vez en la que el oficialismo y la oposición se dan la mano cuando se trata de minar una reforma. El mes pasado, ambos se unieron para frustrar la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, quien ha hecho patente en más de una ocasión sus intenciones de menoscabar los pocos avances que se han logrado con la reforma del transporte en los últimos años, en una decisión que levantó tal revuelo que tuvo que ser enmendada a los pocos días.

Seguramente existen muchísimas cosas en las que el oficialismo, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, y la oposición parlamentaria se hallan en las antípodas. Sin embargo, cuando se trata de menoscabar la calidad educativa del Perú –desde la básica hasta la superior– lucen, tristemente, hermanados.