Editorial: Unidos contra la reforma

Ayer, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, se salvó de ser interpelado por el Congreso. Lo hizo gracias a los votos en contra de Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú, y beneficiándose de las abstenciones mayoritarias de Fuerza Popular y Acción Popular. Lo que han hecho estos grupos, hermanados en una insólita coincidencia de intereses, no es otra cosa que abdicar de su responsabilidad de demandarle explicaciones a un funcionario que, en los últimos días, ha transparentado sus intenciones de desmantelar los pocos avances que se habían logrado en la reforma de transporte en los últimos años.

Pero para entender la vergonzosa decisión del Legislativo hay que recordar por qué era necesario llevar al titular del MTC, cuyo sector maneja este año un presupuesto de S/13 mil millones, al pleno.

Como informamos la semana pasada, el ministro Silva celebró días atrás una reunión con representantes de gremios de transporte público con el objetivo de que no se plegasen al paro de transportistas que finalmente se llevó a cabo el último lunes. Entre los interlocutores del ministro se encontraba un chofer que carga con 70 papeletas y que se encuentra procesado por homicidio y exposición de personas al peligro, uno más que gerencia una firma que adeuda S/5 millones en papeletas, entre otros. Una fauna bastante representativa del ecosistema caótico y criminal –según la policía, en el Perú mueren en promedio ocho personas cada día por accidentes de tránsito– que pulula por nuestras pistas.

En la cita, el ministro Silva les anunció que se iban a cambiar a las titulares de la Sutrán y de la ATU, en el marco de la “reorganización” de ambos organismos. “De la ATU ya está en poder de nuestro presidente la resolución suprema para que la inviten a dejar el cargo”, se le escucha decir al funcionario en un audio de la conversación que se filtró a la prensa.

Como ha informado este Diario, el ministro Silva ha propuesto a Fabián Susaníbar, jefe de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes del MTC, como reemplazo de María Jara, la actual cabeza de la ATU. Jara, sin embargo, ha adelantado que no renunciará e instituciones como la Defensoría del Pueblo han advertido de que su remoción sería “ilegal”. Al parecer, esto no ha amilanado al MTC, cuya oficina general de asesoría jurídica ha elaborado un informe para tratar de darle un sustento legal al atropello, en un evidente ejercicio de esgrima jurídica que abogados consultados por este Diario han condenado.

La entonces jefa de la Sutrán, Patricia Cama, no tuvo tanta suerte: la sacaron dos días después del cónclave entre el ministro y los transportistas, sin siquiera avisarle de la decisión. En su reemplazo, ingresó Doris Alzamora, que duró apenas cuatro días en el puesto y dimitió luego de que los medios informaran que registraba antecedentes por robos en supermercados.

A pesar del poco tiempo que duró en el cargo, sin embargo, Alzamora avanzó en la descomposición de la reforma. El fin de semana participó en una reunión subrepticia con representantes del MTC y de organizaciones de transportistas entre los que se encontraban los tres grupos más importantes de taxi colectivo (modalidad hoy proscrita por ley), en la que se pactó, entre otras cosas, trabajar en una amnistía de multas, prorrogar las licencias de conducir vencidas hasta junio del 2022 y eliminar el examen de conocimientos para la segunda revalidación de algunos tipos de licencias para conductores mayores de 55 años.

Hablando de amnistías, en la cita del pasado miércoles, el ministro Silva también acordó, entre otros, presentar un proyecto de ley para condonar las multas de los conductores de combis y coasters y ampliar el permiso a estos vehículos por diez años. La reforma perforada por distintos lados, mientras el principal responsable de esto se mantiene a la cabeza del sector, con la venia de un gobierno que lo ha mantenido en el puesto y con un Congreso que ha preferido taparse los ojos frente a esta situación. Todos unidos por la informalidad.