Hambre avisada...

Si los efectos de la pandemia del COVID-19 y los estragos del calentamiento global ya estaban complicando la producción mundial de alimentos, con la invasión de Rusia a Ucrania hace tres meses el planeta parece enrumbado hacia la catástrofe.

La situación la ha analizado a profundidad la revista británica “The Economist”, que hace unos días publicó una edición –cuya portada ha sido muy comentada en nuestro país– en la que describe los estragos que la coyuntura global tendrá en las mesas de todos, principalmente por el papel que las materias primas ucranianas y rusas tienen en las líneas de producción de alimentos. Estos países proveen el 28% del trigo que se comercializa en todo el mundo, así como el 29% de la cebada, el 15% del maíz y el 75% del aceite de girasol. A esto, se añade el hecho de que Rusia es un importante exportador de gas natural, uno de los ingredientes claves en la producción de fertilizantes basados en nitrógeno.

El Perú, como era de esperarse, no está siendo ajeno al impacto de esta crisis. La escasez ya está generando un drástico aumento en el precio de varios de los productos de la canasta básica y es un hecho que esto golpeará con especial severidad a los que menos tienen. De hecho, la Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO) ya ha advertido que los gobiernos tendrán que tomar medidas para ayudar a los más vulnerables.

Pero acá es donde nuestros problemas se agudizan.

Al referirse a este tema, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha lucido impasible. “El Perú no va a sufrir de eso”, ha dicho el mismo funcionario que semanas atrás, ante la subida del precio del pollo, le recomendaba a la población que consumiera pescado. “Vamos a tomar todas las medidas a fin de que eso no ocurra. No nos va a faltar qué comer”, ha sentenciado ahora, antes de anunciar una reunión del equipo ministerial para abordar este problema.

Pero la verdad es que el Perú ya está sufriendo la crisis y que el Gobierno ya ha demostrado lo incompetente que puede ser, sobre todo cuando se trata de lidiar con situaciones críticas –basta recordar cómo un recambio en el Ministerio de Salud fue suficiente para estropear lo único que venía funcionando bien en esta administración: la vacunación contra el COVID-19–. La principal señal de esto es el recién nombrado ministro de Desarrollo Agrario, Javier Arce, quien carece de alguna credencial que sugiera que tiene un mínimo conocimiento sobre la cartera que ocupa. Y su nombramiento es apenas uno más en el mar de inoperancia e inestabilidad en el que se ha convertido la gestión de Pedro Castillo. Arce, además, ha sustituido en el cargo al congresista Óscar Zea, que tampoco exhibía pergaminos para el puesto ni, mucho menos, para enfrentar el desafío hercúleo que nos toca la puerta. Su salida era una oportunidad para que el mandatario y el jefe del Gabinete enviaran un potente mensaje a los ciudadanos de que están tan preocupados por la crisis alimentaria global como los expertos, pero hicieron todo lo contrario.

El Ejecutivo, vale decir, no es el único con vela en este entierro. El Congreso también está cumpliendo un rol en esta crisis (o, mejor dicho, está dejando de cumplir el rol que debería ante la inacción del Gobierno). El episodio revertido posteriormente de la inclusión del faisán y el lomo fino como productos de primera necesidad y, por ende, sujetos a la exoneración del IGV, es un ejemplo de lo irresponsable que puede llegar a ser. Y a actitudes como esta se suman la aprobación de normas populistas y la incapacidad de espolear al Gobierno a tomar un rumbo sensato.

Así las cosas, todo parece indicar que el país tendrá que enfrentar el hambre que se avecina con autoridades que no parecen ni preocupadas ni preparadas para el reto.