Promesas de latón

En unos días se cumplirán seis meses desde que Pedro Castillo dio el golpe que, a la postre, propiciaría su salida del cargo y, sin embargo, hasta el día de hoy los detalles del daño que su breve administración le infligió al país siguen saliendo a la luz.

El lunes de la semana pasada, por ejemplo, el contralor general de la República, Nelson Shack, reveló en entrevista con este Diario que en todo el 2022 “el gobierno nacional [es decir, el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, entre otros] perdió S/10.697 millones por corrupción” y que, de ese monto, el 90% “se concentra en el Poder Ejecutivo durante la administración del expresidente Pedro Castillo”. Las cifras, dijimos en ese momento en esta página, pueden resultar frías, pero no podemos olvidar que detrás de ellas yace el drama de peruanos y sus familias que se han visto privadas de una serie de servicios por culpa de los malos manejos de sus autoridades.

Pues bien, este domingo, el programa “Punto final” reveló la historia del “pueblo fantasma” del exmandatario. Se trata de una zona elegida en el 2021 por la entonces administración castillista para recolocar a 97 familias en extrema pobreza cuyas viviendas habían sido arrasadas por el terremoto de 7,5 grados del 28 de noviembre de ese año que sacudió la región de Amazonas y dejó a la comunidad de Santa Rosa de Pacpa sobre una zona inhabitable.

En aquel entonces, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) anunció con bombos y platillos que las familias afectadas por el sismo serían beneficiadas con unos módulos en los que podrían vivir luego de haberlo perdido todo. Según cálculos realizados por el reportaje, entre los casi 100 módulos, el traslado de estos y los gastos necesarios para instalar los servicios básicos en la nueva comunidad, el Estado habría desembolsado más de S/3 millones. No obstante, no han pasado ni dos años y, de las 97 familias que fueron relocalizadas en la zona, apenas seis continúan allí. Las otras 91 prefirieron volver a la zona del desastre, la misma que ha sido declarada inhabitable y que pone en riesgo sus vidas ante la posibilidad de que ocurra otro movimiento telúrico o desplazamiento de la tierra. ¿Por qué? Pues porque, según sus propias palabras, allí viven menos mal que en el nuevo asentamiento.

El reportaje de “Punto final” comprobó que los módulos instalados por el anterior gobierno no cuentan con agua, luz ni desagüe, pese a que, como mencionamos anteriormente, se gastó una cantidad de dinero para este fin. Además, los techos de calamina agravan el impacto de las altas temperaturas de la zona. Las familias que se quedaron allí tienen que caminar hacia las comunidades vecinas para poder cargar sus aparatos electrónicos y no pueden almacenar perecibles porque no cuentan con energía para mantener operativas sus refrigeradoras. En buena cuenta, se trata de módulos que no cumplieron con su finalidad, de dinero que se tiró al agua, jugando, además, con las expectativas de los supuestos beneficiarios y, de paso, forzando a varios de ellos a volver a asentarse en un terreno peligroso en el que, al menos, cuentan con servicios básicos.

No se puede decir, ciertamente, que este despilfarro de dinero haya sido ocasionado por la corrupción. La contraloría, que tiene el asunto entre manos, podrá darnos un diagnóstico más claro en el futuro. Pero sí podemos decir que estamos ante otro ejemplo de incompetencia, esa que Castillo se encargó de esparcir por todo el Estado con funcionarios que –como es el caso de Geiner Alvarado, titular del MVCS durante los hechos aquí reseñados– no reunían los pergaminos para los cargos en los que fueron designados.

Así, el “pueblo fantasma” de Castillo es, además de otro ejemplo de la incompetencia de su gobierno, una alegoría de lo que este fue: uno que se llenó la boca de promesas con una buena fachada, pero para las que nunca hubo voluntad de cumplir. Enterrando, en el medio, las expectativas de millones de peruanos, principalmente de los más pobres.