Declaración sin capitulación

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, definió recientemente con acierto los peligros más severos que el paro que hasta ayer llevaron adelante sectores minoritarios pero bien organizados de la población de Machu Picchu representan para el país. Hablamos, como ella dijo, del destino turístico más importante que tenemos en el Perú y la situación de los visitantes extranjeros impedidos de llegar al lugar que querían conocer y por el que emprendieron el viaje que los trajo hasta acá nos ocasiona un problema de imagen difícilmente remontable, poniéndonos en riesgo de ser colocados “en la lista negra de la Unesco”. Un problema suscitado por lo que la propia ministra ha definido como una “mafia” que busca impedir el cambio del antiguo sistema de boletaje y el acaparamiento de tickets para entrar al monumento arqueológico. Un sistema que, como se sabe, permitió que se vendieran 80 mil boletos sin registro en el 2023 y que existiera un desbalance de S/8 millones en las cuentas oficiales sobre los ingresos a la ciudadela inca.

En los últimos días, este Diario ha revelado información relevante sobre los sectores que estarían detrás de la asonada que pretendía mantener ese perverso estado de cosas, esparciendo entre la población mentiras, como la que afirmaba que el cambio de sistema de venta de boletos entrañaba una “privatización” de Machu Picchu. Agrupados bajo la etiqueta de “Comité de Lucha por la Defensa del Pueblo de Machu Picchu”, distintos dirigentes y asociaciones han participado en acciones de protesta que han comprendido el bloqueo de las vías férreas, el libre tránsito de los buses que trasladan a los turistas y la paralización del comercio en toda la zona aledaña al santuario. Entre ellos, sin embargo, han llamado particularmente la atención, por sus enfáticas intervenciones, el vacado alcalde de Machu Picchu Pueblo Óscar Valencia Auccabusca, supuestamente en busca de una reelección, y el actual ostentador de ese mismo cargo, Elvis La Torre, preocupado al parecer por la posibilidad de ser también desaforado, dada la inminente puesta en venta de los ‘kits’ de revocación. En ambos casos, pues, se malicia un interés político tras la forma de proceder.

Todo esto viene a cuento por la noticia que conocimos ayer sobre el levantamiento del paro, una circunstancia que la firma por las autoridades y los manifestantes de un acuerdo denominado “Declaración de Machu Picchu” habría hecho posible. En ese documento, las partes convienen aceptar la propuesta de la empresa Joinnus de adelantar la fecha de vencimiento de su contrato para la venta digital de entradas al santuario, se garantiza el servicio de esa venta digital en tanto se desarrolle el proceso de transición para la plataforma de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM y se ratifica la venta presencial de hasta mil tickets de manera diaria y permanente en la boletería de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, con sede en Machu Picchu Pueblo.

Sobre el particular, el alcalde Elvis La Torre ha manifestado que “[en la declaración] se han tomado los puntos de agenda de acuerdo con la plataforma de lucha”, y ha sentenciado además: “Hemos hecho respetar nuestro único patrimonio”. De lo que se sigue que, en la fórmula negociada, hay concesiones que los sectores maximalistas de la protesta consideran importantes. La pregunta central, por supuesto, es si esas concesiones implican el sostenimiento, encubierto o no, del sistema de venta de entradas que la ministra Urteaga describió hace poco como propio de una “mafia”. Porque eso representaría una capitulación inaceptable.

¿Se oculta una figura así bajo el mantenimiento de la venta de mil tickets diarios en la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco (que ayer fue objeto de intervención del Ministerio Público para recabar información, precisamente, sobre esa modalidad de venta)? ¿Hasta cuándo se extenderá el desarrollo del “proceso de transición” para la nueva plataforma digital que dependerá de la PCM? Esas son preguntas que hace falta responder antes de ponernos a celebrar el levantamiento del paro en Cusco.