Guardián dormido

Una de las claves del relativo éxito de la economía peruana durante las primeras dos décadas del siglo XXI fue el celo del principal guardián de la caja fiscal: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Desde las reformas de los años 90, el MEF ha sido tradicionalmente un buen defensor de la responsabilidad en el equilibrio entre ingresos tributarios y gastos fiscales. Como resultado, el Perú tiene uno de los niveles de deuda pública más bajos de la región como proporción de su producto, y es buen sujeto de crédito en el exterior. O esa era por lo menos la historia hasta hace poco. De un tiempo a esta parte, la capacidad e interés del MEF para cumplir con sus responsabilidades fiscales se han diluido.

Una narrativa conveniente para el MEF es que es en realidad el Congreso, y no el Ejecutivo, el ente que amenaza la estabilidad de las finanzas nacionales. Razón no le faltaría en este argumento. Desde la irrupción del COVID-19, los sucesivos Congresos han demostrado poco o ningún interés por mantener las cuentas balanceadas. Con incrementos en remuneraciones públicas para sus grupos de presión favoritos, exoneraciones tributarias a mansalva y otras iniciativas por el estilo, el Congreso opera ya bajo una lógica de recursos fiscales sin límite o de horizontes financieros de no más de un par de años.

Pero esta displicencia de los legisladores no excusa la inacción del MEF. De acuerdo con un informe de Apoyo Consultoría, publicado en la presente edición de este Diario, en los últimos tres años el Congreso ha aprobado normas que implican un gasto fiscal de más de S/100 mil millones. De este monto, cerca de la mitad, unos S/50 mil millones, se pasaron sin oposición de parte del Ejecutivo.

Es precisamente esta actitud la que motivó el llamado de atención del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, la semana pasada, y que recibió una respuesta poco adecuada de parte del titular del MEF, José Arista. En vez de atender el problema frente a un Congreso que insiste en mayores gastos –ayudado aquí por interpretaciones controversiales del Tribunal Constitucional (TC) sobre su capacidad de generar egresos–, exoneraciones, y reducciones de impuestos (el mes pasado se aprobó un dictamen que baja el IGV a las peluquerías y centros de belleza, por ejemplo), el MEF se cruza de brazos. Aun si, como reconoció en su momento Arista, el Ejecutivo no tiene la fuerza para bloquear aprobaciones legislativas por insistencia en el hemiciclo, a la institucionalidad fiscal le haría muy bien que por lo menos lo intentase.

Si el Congreso encuentra que del otro lado del poder político no existe mayor resistencia, su apetito por una mayor erosión fiscal solo crecerá. Sin contrapesos efectivos en el MEF ni en el TC, congresistas de distinto signo político pero hermanados en la irresponsabilidad se preguntarán: ¿por qué parar ahora?

Hacia adelante, el MEF debe intentar que cuanto menos sea políticamente costoso y desgastante para el Congreso aprobar el tipo de normas que arriesgan la caja fiscal y la posición macroeconómica del Perú. Eso pasa por observar todas las iniciativas antitécnicas (aun si hay suficientes parlamentarios para la insistencia), recurrir al TC siempre que sea posible y sobre todo aprovechar su posición para intentar generar corriente de opinión pública a favor de la responsabilidad financiera. Un guardián cruzado de brazos mientras se perfora el Tesoro Público no le sirve a nadie.